VALÈNCIA. "Reivindicaremos la historia de España y de la Comunitat Valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos". Este fue el punto 2 del acuerdo de Gobierno suscrito el pasado junio por el PP y Vox para conformar un Ejecutivo de coalición en la Comunitat Valenciana. Un pacto que ya anticipaba la supresión de la ley de Memoria Democrática impulsada por el Botànic y que es muy probable que en breve se cumpla.
Según ha podido saber Valencia Plaza, ambos partidos ultiman un texto que sustituirá al del anterior Consell en esta materia. Probablemente, lleve la denominación de ley de Concordia y se enmarca en el impulso normativo que los populares –y el propio Carlos Mazón– tutelan desde la Generalitat y del que ha venido informando este periódico.
La actual ley de Memoria Democrática fue aprobada en 2017 por el PSPV, Compromís y Podem con los votos en contra del PP. Los populares denunciaron que la norma solo reparaba a las víctimas del franquismo y se olvidaba del resto, promovía "una visión sesgada" de la historia y sus promotores hacían "apostasía de la Transición".
La norma establecía, entre otras cuestiones, que la Generalitat asumiría el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo y creaba el Instituto Valenciano de Memoria Democrática, cuyo desarrollo quedó sin embargo pendiente por parte de la exconsellera de Transparencia Rosa Pérez, encargada de las competencias en esta materia la pasada legislatura.
En 2019, Vox –que entraba por primera vez en Les Corts– registró una proposición de ley para derogarla. La consideraba inconstitucional por vulnerar la igualdad de todos los españoles al "discriminar según su opinión", vulnerar el derecho a la libertad ideológica al "no permitir más que el relato oficial" y "promover el rencor". Así, la calificaron de "colección normativa cuya finalidad es reabrir heridas, llamar al odio y crear división entre los españoles", convirtiéndolos en "esclavos de 1936".
Ya en aquel momento, el diputado David García defendió la posición de su grupo apelando a la necesidad de una nueva "ley de Concordia". Denominación que ahora parece ser que llevará el texto que impulsen populares y voxistas en Les Corts salvo cambios de última hora.
La postura de Vox responde a una estrategia nacional. Este miércoles ya avisó en el Congreso de su intención de derogar las normas de este tipo impulsadas por la izquierda en las autonomías que comparten con el PP. Por ejemplo, y además de la Comunitat, Baleares o Extremadura, como también hicieron en Aragón.
En el caso de la Generalitat, el nuevo Consell formado por la derecha suprimió, nada más llegar, la Conselleria de Transparencia, en la que se ubicaban las competencias de Memoria Democrática. Todas ellas pasaban a estar bajo el paraguas de Presidencia y, concretamente, del secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras.
Presidencia había de decidir, por tanto, sobre los proyectos pendientes que dejó el anterior Ejecutivo autonómico del tripartito, algunos de los cuales se encontraban ya bastante encarrillados. Se trataba, por ejemplo, de cientos de exhumaciones en Castelló, Alicante y Paterna (Valencia). Horas antes de dejar el Consell, Rosa Pérez firmó la adjudicación de 421 excavaciones de fosas como una manera de blindarlas.
Mazón aseguró el pasado verano que las respetaría porque no había venido "a luchar contra la ley ni la seguridad jurídica". Sin embargo, ya anticipó lo que se consumará en breve: "En el futuro, si tenemos que reformar o tenemos que provocar algún tipo de reflexión al respecto, lo abordaremos buscando el máximo consenso para dar una nueva orientación al área de Memoria Democrática y marcando distancias con el modelo desarrollado por el Botànic. Otros han querido hacer memoria de parte e ideológica".
La nueva ley de Concordia ha sido consensuada entre el PP y Vox en unas discretas negociaciones que también han llevado –y siguen llevando– en otras normas. Todas ellas serán previsiblemente presentadas como proposiciones de ley al no partir directamente del Consell sino de los grupos. Mazón ha preferido dejarlas en manos de sus diputados aunque estén supervisadas por Presidencia.
Esta tramitación, además, es más rápida y cuenta habitualmente con menos controles, ya que no son necesarios los informes, por ejemplo, del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Únicamente tendrán que pasar por la Mesa de Les Corts para posteriormente ser remitidas al Consell, que manifestará su criterio respecto a la toma en consideración y su conformidad o no a la tramitación.
Otros de los textos que registrarán los socios próximamente serán los de la nueva ley de Libertad Educativa, la ley de À Punt y, seguramente, una reforma sobre Transparencia que podría tocar asuntos como las incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno autonómico.