Foto: PPCVVALÈNCIA (EP). El presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha preguntado "quién es el jefe" al que se hace referencia en los documentos que se han publicado sobre el caso Azud y ha anunciado que su grupo pedirá una comisión de investigación en Corts sobre este tema para que se "depuren responsabilidades políticas". Así lo ha anunciadoen una rueda de prensa en la que, sin atribuirle explícitamente este apelativo al president de la Generalitat y secretario general de los socialistas, Ximo Puig, se ha preguntado: "¿Qué otro 'jefe' puede haber por encima del secretario general?".
Mazón ha lanzado una batería de cuestiones, entre las que se ha preguntado qué tipo de relación tenía el exsíndic socialista y abogado de Jaime Febrer, Manolo Mata, con la "trama"; si el PSPV se presentó a las elecciones de 2007 y 2008 con "dopaje" electoral; si es cierto que hay mordidas de 10 millones de euros a través de Acuamed o si la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tiene algo que ver en el caso.
Con todo ello, el líder de los 'populares' valencianos ha considerado que el inicio "inmediato" de esta comisión "no es una solicitud, es una exigencia moral de transparencia y de dar las explicaciones que no se nos están dando desde hace mucho tiempo". "Esto es lo gravísimo de la situación que hoy empezamos a conocer", ha aseverado.
El también presidente de la Diputación de Alicante ha manifestado que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tienen "derecho a saber la verdad con transparencia y con todo lujo de detalles", por lo que ha exigido a Puig "una explicación inmediata esta misma mañana".
Asimismo, ha aseverado que el caso Azud "ya puede considerarse como el 'caso PSOE' y lleva camino de acabar convirtiéndose definitivamente en el 'caso Puig'". Por ello, considera que por parte del president "no cabe el silencio" ni tampoco "decir que no a la puesta en marcha inmediata de la comisión".
La síndica del PP en Les Corts y portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de València, Mª José Catalá, ha urgido al PSPV de València a "dar la cara" tras el último informe de la Guardia Civil sobre el caso Azud, además de advertir que se verán obligados a "analizar al destalle la gestión del urbanismo" en la ciudad por parte de este partido.
"Van a tener que dar muchas explicaciones que antaño pedían a otros (...). En la sede del PSPV municipal hoy tienen un gabinete de crisis porque van a a tener que dar la cara", ha declarado en los pasillos del parlamento autonómico.
Así ha valorado el informe, incluido en la pieza separada 7 del caso Azud, que concluye que empresarios pagaron gastos de 'merchandising' de la campaña de Carmen Alborch para las elecciones municipales de València de 2007 y de la que fuera vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega cuando fue la candidata al Congreso en 2008. En la pieza principal, con más de medio centenar de investigados, se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública por parte de empresas adjudicatarias durante la etapa de Rita Barberá.
Catalá ha afirmado que le sorprenden las conclusiones del informe, sobre todo en lo referente a la campaña electoral del PSPV de 2007, y ha augurado que "la gestión de algunos dirigentes socialistas como Rafael Rubio -exconcejal y exdelegado del Gobierno- y sus responsables directos va a ser muy cuestionada": "Está afectado por supuestas 'mordidas' y eso condiciona que confiemos en la gestión de (la Concejalía de) Urbanismo en los últimos años".
También de la oposición, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha declarado que le llama la atención "la hipocresía de los partidos del bipartidismo echándose piedras una contra otro", además de recordar que "el PSPV fue muy crítico con acudir dopados a las elecciones cuando presuntamente hacían lo mismo".
En cualquier caso, ha lamentado que ya no sorprenden este tipo de noticias porque "la corrupción ha formado parte del día a día de esta comunidad y este país". "Al final se ha conseguido instaurar la sensación de que la instituciones y los políticos son corruptos y que aquí sobramos todos porque lo que hacemos es lucrarnos", ha manifestado, por lo que ha llamado a fortalecer la labor política "que es muy bonita".
El alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, ha considerado por su parte que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es "un indicador de que las cosas no se hacían bien". Preguntado por si le preocupa la situación de cara a un futuro nuevo gobierno progresista tras las elecciones de mayo, el primer edil ha comentado: "Me preocupan concretamente todos los informes que hablan de que se ha utilizado dinero de manera extraña para doparse de en las elecciones".
"Es un mecanismo perverso", ha incido Ribó, que ha apostillado que le recuerda "mucho al bipartidismo del pasado". "Y, de alguna manera, pasado es, pero creo que son practicas que maltratan a la democracia porque no dejan a los partidos en igualdad de condiciones. Es inválido para el partido que sea; sea el partido que sea son posiciones lamentables y, evidentemente, esto ha de seguir su proceso jurídicamente".
Joan Ribó ha expresado su deseo de que "estas prácticas desaparezcan de una vez de los sistemas políticos valencianos" y se ha "congratulado" de que los hechos a los que se aluden en el informe de la UCO sean anteriores a que él llegara "a esta casa".
No obstante, ha admitido que no dejan de "alarmarlo" en el caso del PP "fue una práctica que llegó al menos hasta 2011, por las indicaciones que tenemos, evidentemente aún no juzgadas".
"Pero en este caso aparecen también en el otro partido y es un indicador de que las cosas no se hacían bien. No hay derecho a que algunos partidos usen fondos espurios para doparse en las en las elecciones porque, en definitiva, lo que hace es deformar unos resultados y eso es algo totalmente intolerable", ha concluido.
