Foto: SOCIEDAD PARQUE CENTRALVALÈNCIA (X.A/EP). El Pleno del Parlamento Europeo aprobó este miércoles de forma definitiva el acuerdo alcanzado por el Consejo el pasado mes de diciembre sobre la revisión de la Red transeuropea de transporte (RTE-T) que pone el foco en la finalización de las secciones transfronterizas de los Corredores Europeos de Transportes, como el Atlántico y el Mediterráneo.
El Corredor Mediterráneo viene siendo una reivindicación ya histórica por parte del Gobierno valenciano y también de los empresarios de la Comunitat, que incluso vienen organizando de forma cíclica para exigir la aceleración de las obras, unas exigencias que han encontrado siempre el apoyo de los presidentes de la Generalitat; antes el socialista Ximo Puig y, ahora, el popular Carlos Mazón.
En este sentido, en el plan aprobado este miércoles se incluye que esta infraestructura recupere su longitud máxima, llegando hasta la frontera de Ucrania, además de establecer medidas obligatorias para ejecutar a tiempo las conexiones con Francia y evitar precisamente los cuellos de botella en ese país. Respecto a cuestiones autonómicas más concretas, este reglamento también sirve para agilizar los fondos europeos para los tramos del aeropuerto de Alicante y el puerto de Castelló, además de impedir en líneas generales que se frenen las inversiones.
Así, y pese a que en este proyecto siempre ha existido un consenso entre las fuerzas políticas valencianas, este miércoles los representantes del PP español en Bruselas votaron en contra, si bien esto no impidió que el acuerdo saliera aprobado por aplastante mayoría (565 a favor, 37 en contra y 29 abstenciones).
Los motivos para que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo votara en contra se centran en el rechazo a varias enmiendas relacionadas con retrasos en la ejecución de proyectos específicos en Galicia y Andalucía como por ejemplo el retraso en el tramo Vigo-Ourense de transporte ferroviario de mercancías; el mantenimiento del tramo El Ferrol-A Coruña y el tramo El Ferrol-Lugo-Monforte, ambos de mercancías en la Red Global (fecha para 2050); el tramo Vigo-Oporto para pasajeros que se prevé para 2040 (se pedía para 2030); el tramo transfronterizo Sevilla-Huelva-Faro de pasajeros, que no se construirá antes del 2050, y el tramo Granada-Motril, que no se ha incluido en el acuerdo final.
Unas razones que el PP español -a diferencia del resto de su partido en en toda Europa- ha considerado suficientes para decidir rechazar el acuerdo alcanzado por la práctica totalidad del Europarlamento. Una posición justificada, según las fuentes populares consultadas por este diario, por el retraso de infraestructuras que consideran básicas en otros territorios. Un voto que, recalcan, no iba en contra del Corredor Mediterráneo ni lo ponía en peligro: o lo que es lo mismo, el rechazo está fundamentado en una posición política en clave de determinadas autonomías.
"La Presidencia española (de la UE) tenía otras prioridades y no ha logrado alcanzar el objetivo de mantener la posición alcanzada por el Parlamento Europeo tan importante y necesaria para España", afeó el eurodiputado del PP, Pablo Arias, que justificó la negativa al plan de los populares alegando que "perjudica" a España al no introducir las mencionadas enmiendas para "para vertebrar las necesidades de infraestructuras" del país.
Ahora bien, los populares no fueron los únicos que se votaron en contra: también lo hicieron los diputados de Unidas Podemos, entre los que se encuentra la valenciana Esther Sanz; Vox y María Eugenia Rodríguez Palop, ahora en Sumar. En este sentido, Desde las filas de IU explicaron que a su juicio el plan, pese a fomentar el transporte ferroviario, supone "reforzar la liberalización en el sector y priorizar desde las instituciones europeas grandes infraestructuras utilizando fondos que deberían ir destinados a objetivos de cohesión más necesarios". Así señalaron además la falta de conexiones de regiones como Extremadura o la falta de inversión en trenes de cercanía o de media distancia.
En la Comunitat Valenciana, la portavoz socialista de Infraestructuras en Les Corts, María José Salvador, criticó que el Partido Popular volviera "a votar en contra del Corredor Mediterráneo" en Bruselas: "El PP ha votado en contra de los intereses de los valencianos y valencianas como ya lo hicieron en 2012 con la ministra Ana Pastor, un momento en el que no se priorizó el Corredor Mediterráneo para incorporarlo en la red transeuropea de transportes".
En ese sentido, María José Salvador se preguntó "dónde está el PP de la Comunitat Valenciana cuando toca defender los intereses de nuestra tierra" y recordó a Mazón que hoy sus compañeros de partido habían votado también "contra de la conexión con el aeropuerto de Alicante antes del 2030": "¿Qué tiene que decir de todo esto?", sentenció.
También se pronunció la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, quien lamentó que el PP hubiera votado "en contra de los intereses valencianos" por "puro servilismo con Alberto Núñez Feijóo". "Yo hoy solo tengo en mi cabeza solo a todo el empresariado valenciano que durante años ha estado luchando por conseguir que el Corredor Mediterráneo fuese una realidad", subrayó Bernabé, para considerar que el presidente de la Generalitat ha "defraudado" y tendrá que dar explicaciones.
Este plan se pone como objetivo completar los principales proyectos transfronterizos como la línea de alta velocidad Lisboa-Madrid para 2030, el corredor por la fachada Atlántica o el corredor Mediterráneo desde Algeciras a Budapest.
Así, la actualización del poryecto plantea una red de ferrocarriles, carreteras, vías navegables interiores y rutas de transporte marítimo de corta distancia conectadas a través de puertos y terminales en toda la UE. Entre los principales proyectos figura la línea ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Madrid que una ambas capitales en menos de 4 horas. Los principales proyectos deben estar finalizados antes de 2030, según el plan aprobado por la Eurocámara, a fin de contar con un despliegue de infraestructura amplio para finales de 2050.
Asimismo establece que los ferrocarriles de la red básica de la RTE-T estén electrificados, circulen a 100 km/h en el caso del transporte de mercancías y atraviesen las fronteras interiores de la UE en menos de 25 minutos de media a finales de 2030. Una velocidad mínima de 160 km/h debería convertirse en la norma en los trenes de pasajeros a partir de finales de 2040.
