Foto: EP/Rober SolsonaLas reformas de mancomunidades y despoblamiento entrarán previsiblemente en la ley de Medidas Fiscales, necesaria para que salgan adelante cada año a los Presupuestos de la Generalitat
VALÈNCIA. El Consell ya ha iniciado la elaboración de la ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat de 2025. Se trata de la conocida como ley de Acompañamiento, aquella necesaria para que salgan adelante cada año los Presupuestos y que sirve como cajón de sastre para la modificación de multitud de normativa autonómica.
El expediente de inicio de la tramitación de la ley se firmó el pasado 27 de marzo, según confirman desde la Conselleria de Hacienda. Un adelanto considerable en comparación con años anteriores. En 2023 la resolución se rubricó a mediados de abril, mientras que en 2022 fue a mediados de mayo. Cabe recordar que, precisamente en este último caso, la aprobación de la ley de Acompañamiento se retrasó por primera vez y el Ejecutivo del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) no la aprobó junto a los Presupuestos.
El motivo del avance de este año es que el Gobierno no quiere encontrarse con sorpresas en los tiempos. El periplo administrativo de la ley, con los consiguientes plazos, es más largo esta vez y dejaba abierta la posibilidad de que no se llegara a aprobar a tiempo. Un riesgo, el de que no saliera adelante a la vez que las cuentas, que el departamento de Hacienda que dirige Ruth Merino no quiere correr.
Para entender lo que sucede es necesario acudir a la ley de Participación Ciudadana que entró en vigor en abril de 2023, poco antes de las elecciones autonómicas y el posterior cambio de Gobierno. En ella se establecen unas fases que han de pasar todas las leyes con carácter general. Y cada una lleva sus plazos.
De un lado, se encuentra la consulta pública previa. Es un paso anterior a la elaboración de cualquier proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento por parte del Consell. Consiste en un trámite por el que se ofrece a la ciudadanía información sobre los antecedentes de la nueva norma, los problemas que se pretenden solucionar con ella, la necesidad y la oportunidad de su aprobación, los objetivos, las posibles soluciones alternativas y toda la información que pueda ayudar a la formación de una opinión al respecto.
El Consell ha de publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y habilitar un espacio en el portal de participación para recoger las aportaciones de las personas y de las organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma. El plazo mínimo para todo este proceso es de un mes, de acuerdo con la ley de Participación.
Después sigue la tramitación habitual de cualquier norma: elaboración de un borrador del texto, con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, que sale a información pública por Conselleria; elaboración del anteproyecto de ley, del que la Abogacía informa ya en su conjunto y es aprobado por el Consell; publicación en el DOGV para información pública (otra nueva fase de un mes mínimo de plazo en la que se da audiencia ciudadana para recoger, de nuevo, aportaciones); remisión al Comité Económico y Social (CES), al Consell Jurídic Consultiu (CJC) y a la Abogacía para que realicen sus respectivos informes; e introducción de los cambios que se consideren.
Una vez pasado todo este proceso, el pleno del Consell aprueba el texto definitivo, ya como proyecto de ley, que ha de pasar a Les Corts para obtener la luz verde final.
Contando con todos estos plazos (y el verano de por medio), el temor en el Consell es que la ley de Acompañamiento de 2025 no fuera aprobada a tiempo. Razón por la que ya se ha iniciado la elaboración y, a su vez, se ha adoptado otra medida: acortar los plazos que marca la ley de Participación Ciudadana aplicando las excepciones que permite.
De esta manera, el Consell acordó el pasado 16 de abril declarar la urgencia en la tramitación de Acompañamiento. Ésta afecta a los trámites preceptivos de consulta pública previa y audiencia ciudadana para que en lugar de en un mes cada uno se haga en diez días naturales. Se trata de la primera vez que ocurre y no hay precedentes debido a que la ley de Participación Ciudadana se aprobó hace un año.
La medida adoptada, además, tiene otro alcance. El Consell no sólo ha optado por agilizar los plazos de Acompañamiento sino por acelerar todas las leyes que se pretenden modificar a través de ella. De hecho, es probable que ya vayan saliendo a consulta pública. Así lo explica el subsecretario de la conselleria de Hacienda, Carlos Gracia, en una comunicación enviada a los subsecretarios del resto de departamentos: "En las propuestas que se tramiten para su incorporación en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para 2025 por los distintos departamentos del Consell, deberán tenerse en cuenta los plazos establecidos en materia de participación ciudadana para la tramitación urgente".
Así figura, por ejemplo, en relación a las normas de Mancomunidades y Despoblamiento, que parten de Presidencia de la Generalitat, liderada por Carlos Mazón. Ambas se encuentran en este momento en fase de consulta pública previa y la previsión es que se cambien a través de Acompañamiento.
Respecto a la primera, el Consell quiere suprimir las figuras de las mancomunidades comarcales, creadas por el anterior Gobierno del Botànic. La ley actual señala que los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes pueden constituirse en mancomunidades de ámbito comarcal, que gozan de la condición de entidades locales y tienen a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal.
Sin embargo, desde el PP comentan que, de las 32 mancomunidades comarcales que se iban a crear, a día de hoy solo se han creado 7. Estas seguirán, puesto que no se suprimirán aunque desaparezca la figura. Los populares entienden que la creación de un 20% de lo que pretendía impulsar la ley es un balance "bastante pobre" y que las mancomunidades comarcales no aportan nada respecto a las ordinarias.
En cuanto a despoblamiento, el Ejecutivo autonómico sostiene que con la norma actual se produce "un reparto no justificado de los recursos públicos que los diferentes departamentos de la Generalitat destinan a los municipios". Ello se debe, señala, a la posibilidad de considerar municipios en riesgo de despoblamiento a aquellos que cumplen con una serie de requisitos que, en la práctica, no se están aplicando correctamente. Desde el PP indican que pese a la normativa en vigor las zonas rurales continúan perdiendo habitantes y quieren adaptar la legislación "a la realidad" y armonizarla porque se ha comprobado "ineficaz".
