Congreso del PPCV celebrado en València en septiembre de 2002. Foto: EFE/JUAN CARLOS CÁRDENASVALÈNCIA. El X Congreso autonómico del PPCV celebrado en septiembre de 2002 en el Palacio de Congresos de València fue, según estableció en su día la UCO, el primer gran acto que los populares valencianos habrían pagado a través de la trama Gürtel pero, al parecer, fue también su primer gran 'simpa' y en este caso sigue abierto. De hecho, el Tribunal de Cuentas ha instado en su último informe al Ayuntamiento de València a reclamar cuarenta y cinco mil euros que el PPCV dio "de baja" en 2017 de su lista de pagos pendientes sin haber abonado.
En el informe de fiscalización aprobado este mes de febrero por el Tribunal de Cuentas y que hace referencia a ese año 2017, en el análisis de las cuentas del PP explica un cambio en el epígrafe 'Acreedores y otras cuentas a pagar'. Apunta que "con relación al saldo acreedor que la sede regional de Valencia mantenía al cierre de 2016 como pendiente de pago por un importe de 45.041,56 euros "procedente de un alquiler para la celebración de un Congreso Regional en el año 2002, la formación ha dado de baja la deuda como ingresos excepcionales en el ejercicio 2017, no habiéndose pagado su importe al Ayuntamiento de Valencia".
Según la nota a pie de página de ese informe, en sus alegaciones, el PP defiende que no mantenía "deuda alguna con el proveedor Palacio de Congresos de Valencia y que, por tanto, ha regularizado dicho saldo en 2017". Fuentes populares explican que desde el Palacio se les respondió en 2018 que el partido "no tiene deudas pendientes" con el ente municipal. Pero el Tribunal de Cuentas le recuerda en el informe que no podía tenerla porque el Palacio de Congresos no existía como entidad propia y por tanto, es una deuda con el consistorio, al que 'empuja' a que reclame esa cantidad.
Concretamente, dice el documento, "la factura impagada desde el año 2002 fue emitida por el Ayuntamiento de Valencia, no por la citada entidad pública empresarial que no existía como tal a dicha fecha, por lo que debería ser dicho Ayuntamiento el que deba pronunciarse sobre la existencia de dicho saldo por importe de 45.041,56 euros", explica el mencionado organismo.
La deuda ya aparecía en el anterior informe del Tribunal de Cuentas del año 2020, en el que se especificaba ya el importe de la deuda y se detallaba que los populares sólo había abonado, según había informado el propio consitorio, un adelanto de 2.636,04 euros de una factura total de 47.677,60.
"La sede regional de Valencia mantenía al cierre de 2016 como pendiente de pago un saldo acreedor por importe de 45.041,56 euros, que proviene de un Congreso regional celebrado en el año 2002, sin que hasta la fecha se haya procedido al pago del mismo excepto un ingreso a cuenta de por el alquiler del Palacio de Congresos, según ha informado el Ayuntamiento de Valencia", recogía es informe anterior.
Por su parte, fuentes de la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento confirmaron a este diario la factura que no se reclamó en su momento y se continúa pagar. Por el momento, la delegación de Hacienda ha preguntado al Palacio de Congresos para actualizar la información relativa a este impago.
Aquel congreso de 2002 lo cerró el entonces ya expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y al mismo asistió Francisco Camps cuya candidatura al frente de los populares en las elecciones autonómicas de unos meses después estaba ya encarrilada.
Según un informe de la UCO, aquel congreso costó 240.582 euros y el PP abonó una factura de 90.151 a Special Events, la empresa de Francisco Correa que organizó el acto. El resto del dinero se habría pagado en efectivo con dinero negro que el PPCV hizo llegar a la trama en los siguientes meses.
Además, el informe hecho público recientemente por el Tribunal de Cuentas referente a 2017 explica que el PP regularizó también ese año el más famoso de sus 'simpas', el de la factura de más de medio millón de euros que no había abonado a Feria Valencia y que tuvo que pagar obligado por los tribunales.
El partido, refleja el informe, "en ejecución de una sentencia judicial" abonó 568.511,94 euros "junto con los intereses de demora correspondientes" por el alquiler de las instalaciones que acogieron el Congreso Nacional del partido en 2008.
