VALÈNCIA. El Gobierno valenciano, y en especial el representante mayoritario del mismo, el PPCV, se ha puesto manos a la obra para proclamar todas las reivindicaciones que considera oportunas al Gobierno de España -actualmente en funciones- del socialista Pedro Sánchez. Tal y como ha ido informando este diario, esta es una estrategia lógica y previsible que puede redundar en jugosos beneficios a los populares valencianos liderados por el también presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Cabe recordar que el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio arrojó un escenario contrario a los pronósticos iniciales: el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, no reunía los escaños suficientes -ni siquiera aliándose con Vox- para alcanzar la mayoría absoluta. De esta manera, todo apunta a que Sánchez, que selló este viernes sus últimos acuerdos -PNV y Coalición Canaria-, logrará ser investido como inquilino de La Moncloa la próxima semana.
Con este escenario, el Gobierno valenciano conformado por PP y Vox, tiene un objetivo claro al que dirigir sus andanadas: el actual Ejecutivo central en funciones, que será renovado en breve pero que seguirá teniendo como principal protagonista al PSOE, aunque con Sumar como socio principal en vez de Unidas Podemos.
Y en esta estrategia el PPCV parece tener ya una dirigente a la que poner en el centro de su diana: la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Una persona de confianza de Sánchez que ya en la pasada legislatura tuvo ciertos rifirrafes con sus compañeros socialistas del Govern del Botànic y que gestiona unas áreas donde los populares de Mazón han puesto el foco en los últimos años.
Así, este viernes la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, anunció que el Gobierno valenciano elaborará una ley valenciana de Costas para compatibilizar el desarrollo económico y social y la protección del litoral mediante el despliegue máximo de las competencias autonómicas y que incluirá la reformulación del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral). Un proyecto que espera tener aprobado y en marcha en 2024.
El conflicto está servido. La exconsellera y portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, María José Salvador, recordaba ante este anuncio que el Consell "no tiene competencias sobre el litoral de la Comunitat", dado que estas corresponden al Gobierno de España, por lo que auguró que esta iniciativa estaba abocada al "fracaso". "Todos sabemos como acabó la última Ley de Costas que impulsó el PPCV: declarada inconstitucional", subrayó, para acusar a Pradas de "utilizar las instituciones valencianas como ariete contra el Gobierno de España" e intentar regresar "a su modelo de urbanismo salvaje".
La consellera, que fue preguntada por estos posibles conflictos con el Ejecutivo central, defendió que existen "sentencias recientes" del Tribunal Constitucional que señalan que las Comunidades Autónomas son competentes para la ordenación "de todo el territorio, incluido el litoral", una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía.
En este sentido, Pradas aseguró respetar la competencia estatal y la Ley de Costas, además de puntualizar que la legislación valenciana no la sustituirá sino que la "complementará" para que el conjunto de normas que afectan a la costa valenciana "sea más acorde a las necesidades y con la norma autonómica poder decidir los usos permitidos y prohibidos". "Elaboraremos la ley junto a los municipios y no de espaldas a la sociedad", apostilló.
Más allá del intercambio de declaraciones entre PPCV y PSPV, lo que parece quedar claro de las últimas actuaciones del Consell es que el área de Medio Ambiente y, en general, las competencias que dependen de Ribera, van a ser puestas en la lupa desde el Gobierno valenciano. En la mencionada comparecencia, Pradas aprovechó para mostrar su malestar con el nivel de ejecución de este ministerio en la Comunitat: "Queremos decirles que si tanto se preocupan por la costa valenciana, lo que tienen que hacer para salvaguardarlo es ejecutar el 97% de las obras de regeneración que están pendientes a día de hoy, ya que de las 61 obras de protección y regeneración del litoral valenciano sólo dos están ejecutadas desde 2011".
No son los únicos reproches del Consell a Ribera. En los últimos días, desde el ministerio se dio uno de los pasos para ejecutar uno de los deslindes que tiene previstos en Dénia, en la playa de Les Deveses, con el apeo en los terrenos, lo que significa marcar en superficie el retranqueo que hará que la línea marítimo terrestre se adentre y ocupe parte de parcelas y viviendas privadas. Una medida, que causó fuerte malestar vecinal, que supone la pérdida de miles de metros cuadrados de propiedades privadas de los residentes de este sector, cuyas superficies pasarán a manos del Estado. De hecho, se trata de más de 10.000 metros cuadrados, sumando las superficies afectadas. 4.100 metros en el sector de El Palmar y el Primer Regacho, y 6.200 entre Les Deveses y El Palmar, donde también hay un tramo de costa de Els Poblets.
Un asunto que también mencionó la consellera Pradas en su comparecencia: "Son desmanes injustos y arbitrarios. Los vecinos y propietarios no tienen la culpa de la regresión de nuestro litoral, la culpa es de la inacción del ministerio", criticó, para señalar que desde el Gobierno valenciano se presentarán presentarán "las alegaciones y recursos judiciales que sean necesarios". De la misma manera, la responsable de Medio Ambiente destacó la intención de "proteger" y "poner en valor" poblados como Torre La Sal en Cabanes o Les Casetes en Nules, amenazados de derribo por el Gobierno, e incluirlos en "la catalogación histórico-cultural y salvaguardarlos por su valor etnológico", explicó.
Por otro lado, la propia consellera ya advirtió semanas atrás de que esta sería "la legislatura del agua". El mantenimiento del trasvase Tajo-Segura fue uno de los caballos de batalla del ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando todavía estaba en la oposición. Un asunto con el que el anterior jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, también tuvo conflicto con el ministerio de Ribera.
Los populares, especialmente al tener enfrente un gobierno de signo contrario, no van a ser tener miramiento alguno en las exigencias sobre esta cuestión. De hecho, días atrás desde el Gobierno valenciano -así lo anunciaba la propia Pradas- presentaba cuatro recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional frente a "los últimos cuatro recortes mensuales de agua del trasvase Tajo-Segura" hacia la Comunitat Valenciana. A esto se unen otras cuestiones que apuntan a la ministra y que el Consell no dudará en desenfundar, como las ayudas para el sector cerámico por el coste del gas o el compromiso no cumplido del desmantelamiento de las instalaciones de Castor, una prueba más de que el Ejecutivo de Mazón está poniendo el punto de mira político en la vicepresidenta tercera de Pedro Sánchez.