El pacto innominado

Carlos Mazón ha demostrado que conoce al electorado del PP valenciano mucho mejor que todos los analistas de la política patria —si hay alguna excepción, que me disculpe—, que hasta el pasado martes habíamos pronosticado que el líder del PPCV iba a alargar las negociaciones con Vox para acabar pactando después de las elecciones del 23J. Todo para evitar que la izquierda lo utilizara contra Núñez Feijóo.

A toro pasado, que es cuando se atan cabos, lo cierto es que uno había intuido, por conversaciones con votantes del Partido Popular, que a unos les daba igual que Mazón llegara a un acuerdo con Vox y otros lo estaba deseando. Pero siendo mi muestra poco representativa, quedaba la duda de cuánto podía perjudicar a Feijóo esa foto, que no iba a ser la única pero sí la más significativa porque hace meses que los ojos de la España oficial están puestos en esta tierra tan ignota para los periodistas de la capital.

Dos horas embutido con los representantes de Vox en el camarote que le habilitó Enric Morera para negociar con el resto de partidos —a diferencia del salon noble que prestó hace cuatro años a Puig, Oltra y Dalmau para podar su Botànic II— le bastaron a Mazón para salir como presidente in pectore de un gobierno PP-Vox. 

Acuerdo exprés que dejó a los analistas políticos a la altura de los sesudos economistas de los servicios de estudios de organismos públicos y privados, que un día pronostican un crecimiento para España en 2023 del 1,6% y solo tres meses después dicen que serán hasta ocho décimas más. Siempre nos quedará la excusa con la que se defiende el profesor Tezanos cada vez que el CIS yerra el tiro: "No somos adivinos".

Al acuerdo no le quisieron poner nombre ni escenografía, con lo bien que nos viene a los periodistas un nombre para los titulares de nuestros artículos y con lo útil que es la escenografía para disponer de variedad de fotos, que ahora mismo solo tenemos las de Carlos Flores Juberías sirviendo agua a Mazón en el zulo.

A falta de nombre, me tuve que inventar uno para esta columna, así que elegí "el pacto innominado" sin ánimo de bautizar nada porque la palabra es fea y difícil de pronunciar. Innominado porque no le han puesto nombre y ese es el significado de la palabra, y porque, trasladado al mundo del derecho, un "contrato innominado" es aquel que no tiene una forma previamente establecida por las leyes, sino que las partes, en uso de su plena autonomía, fijan los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre, claro está, que no sean contrarios a la ley. Un poco lo que han hecho PP y Vox.

Desde el punto de vista de los intereses de Feijóo, que ahora mismo son ganar las elecciones, el movimiento de Mazón ha sido un acierto a pesar de los desajustes, es decir, si no entramos en detalles, que luego entraremos. Ha zanjado la duda cuando falta más de un mes para el 23J, por lo que me atrevo a pronosticar —y volveré a fustigarme si me equivoco— que el pacto, ya asumido por los simpatizantes del PP, no le restará votos. Pueden, eso sí, movilizar a la izquierda, de ahí que PSOE y Sumar estén centrando la precampaña en los pactos de la derecha.

Lo de Flores Juberías, fuera improvisado o no, le salió redondo porque Mazón se ha quitado de encima un problema que le iba a perseguir toda la legislatura y, además, lanza un mensaje a los votantes: con Vox sí, pero sin traspasar líneas rojas. Como esas líneas no están definidas, el PP va a tener que hilar fino antes del 23J para evitar que sus socios asusten a los votantes más moderados. El viernes ya tuvimos un ejemplo con lo de la violencia de género.

Dicen los de Vox que el acuerdo fue rápido porque Mazón les dio todo lo que pidieron. Y ahí entramos en los detalles que deslucen la jugada del próximo presidente de la Generalitat. Con 13 de los 53 diputados que suman los dos partidos —el 24,5%— pidieron la presidencia de Les Corts, una vicepresidencia del Gobierno y tres de las nueve consellerias, y se lo dieron en menos de dos horas. Debieron quedarse Flores, Gil Lázaro y Vicente Barrera con la duda de si podían haber pedido más, porque en una negociación lo suyo es regatear, llamar, levantarse, volverse a sentar, irse a dormir y firmar, como pronto, dos días después. No hace falta llegar a los culebrones del Botànic I y II, pero un cierto tira y afloja habría transmitido la importancia de lo que había en juego.

Puede que sea un indicio de que Mazón es un tipo resolutivo, partidario de actuar rápido antes que de alargar los procesos en busca de una perfección imposible en política. O puede que considere que el precio pagado por Vox, la no entrada de Flores en el Consell, merecía todo lo que cedió. También es cierto que, bien mirado, les dio el 33% de las consellerias pero entre las tres apenas suponen el 7% del total del presupuesto no financiero de la Generalitat. Y que impidió que se hicieran cargo de áreas tan sensibles desde el punto de vista político como Educación o la conselleria que incluye igualdad e inmigración, se llame como se llame.

Otro detalle que ensombrece el acuerdo son los textos que hicieron públicos tras las reuniones: los cinco puntos mal redactados del primer día y, especialmente, los 50 puntos del acuerdo programático del segundo texto, trufados de frases y expresiones en las que se reconocen propuestas de Vox que chocan con el programa del PP. Especialmente en lo tocante a la violencia de género, contra la que los populares siempre han estado comprometidos.

Evitar ese patinazo era tan fácil como cruzar los programas electorales de los dos partidos y elegir 50 propuestas en las que ambos estuvieran de acuerdo. ChatGPT lo habría sacado en menos de diez segundos. Un detalle no menor es que ninguno de los 50 puntos programáticos se refería a la única cartera ya identificada y adjudicada a una persona concreta, la de Cultura.

Y luego está lo del extorero que será vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura. Un pasado que muchos han utilizado para mofarse como otros se burlaron y se siguen burlando de Irene Montero por haber trabajado de cajera de un supermercado o en su día quisieron desmerecer a José Luis Corcuera por ser electricista. La aristocracia platoniana —gobierno de los 'mejores'— no casa bien con la democracia.

El hecho de que Barrera vaya a encargarse de la Conselleria de Cultura —por segunda vez en la historia irá separada de Educación; la anterior fue entre 1993 y 1995 con Pilar Pedraza en el último Consell de Lerma— ha provocado el habitual estupor en ámbitos culturales cuando no se elige a una persona conocida en las industrias de la literatura, la música, el teatro, la danza o el cine. Lo mismo le ocurrió al que será su homólogo en el Gobierno, Miquel Iceta, cuando lo nombraron ministro. 

Por si acaso, cabe recordar que Barrera, además de extorero, es licenciado en Derecho —formación superior a la de Iceta, quien tiene el Bachillerato y el COU— y es administrador de algunas empresas de gestión de patrimonio, así como consejero de la bodega Marqués de Cáceres.

Lo prudente es no prejuzgar, entre otras cosas porque solo conocemos dos nombres, Mazón y Barrera, de las decenas de altos cargos que conformarán los tres primeros escalones del Consell. Tiempo habrá de juzgarlos cuando empiecen a gestionar el dinero de los valencianos —30.000 millones de euros al año— y lo que importe sea lo bien o mal que los gastan y no el pasado laboral de cada uno.