La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en Les Corts. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del conocido como caso Azud, continúa a la espera de una solución informática para dar acceso a las partes a la voluminosa documentación con la que cuenta la macrocausa y que dificulta la agilidad de la instrucción. El problema, como publicó Valencia Plaza, lleva cuatro meses coleando desde que se levantara parcialmente el secreto de sumario.
Fue el pasado mayo cuando el juzgado dio acceso a 55 tomos tras casi cinco años de indagaciones. Su contenido revolucionó la vida política valenciana al tratarse de una causa transversal que afecta tanto al PP como al PSPV y que se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones valencianas durante 15 años. Empresarios y políticos populares y socialistas habrían participado en ella.
En ese momento, las defensas de los casi 60 imputados fueron citadas para que les fueran entregados los 55 tomos, pero todavía no han tenido acceso a toda la documental asociada a ellos. Es decir, la obtenida en los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las operaciones realizadas estos años –la última en 2021–. Una de las principales son los volcados de dispositivos, especialmente ordenadores.
La dificultad a la que se enfrenta el juzgado es la tardanza para realizar el trasvase de varios terabytes a los discos duro pertenecientes a las defensas al no contar con ningún recurso tecnológico. Mientras llegó a habilitar una sala multiusos en la que jornada tras jornada se realizaba de manera tradicional –es decir, esperar a que se traspase todo entre los dispositivos–, pidió a su vez auxilio a la Conselleria de Justicia con el objetivo de que, en el ámbito de sus competencias, le proporcionara una plataforma.
Inicialmente, la respuesta del departamento que dirige Gabriela Bravo, fiscal de profesión, fue negativa porque no tenía ninguna herramienta informática que pudiera ofrecer. Aun así, contactó con el juzgado para comunicarle que se encontraba a la búsqueda de una solución.
Fuentes de la Conselleria explican que antes de las vacaciones de verano varios técnicos de Justicia se trasladaron al juzgado para estudiar la situación. Allí comprobaron que el problema principal es la descarga de los archivos desde una nube por el peso. Debido a que Lexnet, el sistema informático habitual de notificaciones, no lo soportaba, trataron de recurrir a Acceda, dependiente del Ministerio de Justicia y compatible con el anterior. El volumen de documentación, sin embargo, tampoco lo aguantaba.
Justicia propuso entonces una vía alternativa: contratar una empresa externa para descargarla toda y trasladarla a las partes. La propuesta, sin embargo, parece no haber agradado demasiado al juzgado al suponer que una empresa ajena trabaje con el sumario de una macrocausa que no habría de ser manipulado por nadie y al cual únicamente deberían tener acceso directo las partes. A la vuelta de las vacaciones, deberá analizar cómo articular ese trasvase.
Azud es una causa sin apenas precedentes en la Comunitat Valenciana en lo que a volumen de documentación se refiere y los abogados de los acusados ya han presentado diversos escritos en los que alegan indefensión. Sin tener acceso al contenido completo, no pueden realizar impugnaciones o aportaciones en el ejercicio de la defensa de sus clientes.
Uno de los cruces de acusaciones más destacados a este respecto fue entre el exportavoz del PSPV en Les Corts Manolo Mata, abogado del empresario Jaime Febrer, y la Fiscalía. Anticorrupción le contestó en un escrito –en el que evidenciaba su enfado– que quien tiene competencias para facilitar el traslado de los documentos es la Conselleria, lugar al que debería dirigirse. El exsíndic le respondió que reflejaba una animadversión "persistente, contumaz y expansiva" hacia los políticos.
