María Jesús Montero, este miércoles, en el Congreso. Foto: EDUARDO PARRA (EP)VALÈNCIA. Por primera vez desde se abrió el debate para la reforma del modelo de financiación autonómica, el Gobierno se muestra dispuesto a incluir dentro de la negociación del nuevo sistema una solución para la deuda acumulada por la Comunitat Valenciana después de años y año de financiación por debajo de la media de CCAA. Así lo anunció la ministra María Jesús Montero este miércoles en el Congreso, donde también reiteró que no existe justificación posible al hecho de que la valenciana, que es la región peor financiada, reciba cada año 800 euros menos por habitante que la mejor financiada.
El anuncio de Montero, que compareció a petición propia tras reunirse el pasado junio la Plataforma valenciana Per un Finançament Just, sorprendió por inesperado y porque va más lejos de lo que este mismo martes le reclamaron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su homólogo andaluz, Juanma Moreno. Ni el actual gobierno socialista ni el anterior de Mariano Rajoy se habían mostrado dispuestos a debatir sobre la deuda acumulada por las CCAA infrafinanciadas por el frontal rechazo que suscita en algunas regiones.
El anuncio de Montero, que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, consideró histórico porque supone que el Gobierno reconozca por primera vez en sede parlamentaria la existencia de una deuda histórica directamente vinculada a la insuficiente financiación, sí recoge la aspiración de la plataforma Per un Finançament Just, que el pasado 15 de junio se concentró ante el Congreso de los Diputados para exigir la reforma del modelo de financiación y la condonación de la deuda "impagable" de la Comunitat Valenciana.
La condonación de parte de la deuda valenciana, que supera los 51.000 millones de euros y es la más alta de todas las CCAA en función del PIB, es una vieja aspiración de la Generalitat que en los últimos tiempos ha sido relegada a un plano secundario a medida que la reforma del actual modelo se ha hecho más perentoria por el tiempo que lleva caducado. Además, el Consell de Ximo Puig ha centrado más el debate en los últimos meses en la urgencia de abordar también la reforma fiscal para evitar que comunidades como Madrid utilicen la política fiscal para atraer grandes patrimonios en perjuicio para otras regiones.
Sin embargo, la condonación de la deuda ya aparecía en la propuesta que la Generalitat presentó en 2017 al Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano del que debía salir la propuesta final para una reforma que, a día de hoy, sigue sin aprobarse. En ese trabajo técnico, a partir de la cual el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía que presentar en el Congreso su propuesta para la reforma, los expertos ya abogaron por buscar una solución a la deuda provocada por la infrafinanciación.
La cantidad condonable por ese motivo se cifró en unos 16.000 millones de euros, algo mas de un tercio de la deuda total de la Generalitat la mayoría de la cual es con el Estado. Sin embargo, la mayoría de CCAA y el propio ministro popular la rechazaron por considerar que supondría enviar un mensaje erróneo sobre las consecuencias de no comprometerse con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Esto es, con el cumplimento de los objetivos de déficit y deuda.
Ese "riesgo moral" parece haber desaparecido ahora del discurso del Gobierno a la vista de la contundencia con la que se expresó al respecto la titular de Hacienda. Tras una primera intervención centrada en defender la gestión el Gobierno para paliar el impacto de la crisis en las CCAA y defender que nunca antes han estado tan bien financiadas como desde que gobierna Pedro Sánchez, Montero subió de nuevo a la tribuna tras escuchar al resto de partidos armada de mensajes mucho más directos y contundentes para todos ellos.
Y fue en la réplica al diputado de Compromís Joan Baldoví, donde Montero se afanó por dejar claro que ella nunca había dicho que considerase "imposible" llegar a un acuerdo político para la reforma del modelo actual; que, hecho, la considera urgente; y que, además, el Ministerio de Hacienda dobla la apuesta con la inclusión de la deuda histórica como tercera pata de la reforma fiscal y de la financiación.
"Comparto con usted –en alusión a Baldoví– que esa insuficiente financiación ha generado al menos una parte muy importante de la deuda de la Comunitat y cuando abordemos el modelo de financiación autonómica tenemos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con la deuda. Habrá territorios que digan que la deuda es por ineficiencia, pero obviemos el ruido y centrémonos en lo importante; es obvio que en la Comunitat Valenciana o Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda. Probablemente no toda, pero una gran parte sin duda es achacable a la infrafinanciación", aseguró la ministra.
La propuesta de Montero, que en Compromís se considera "un avance" sobre sus posiciones anteriores, también incluye la revisión de los criterios de ponderación de la población para corregir las diferencias entre comunidades. Por ello, reiteró su compromiso de presentar en noviembre su propuesta para la redefinición del concepto de población ajustada, tal y como este martes le insistieron Ximo Puig y Juanma Moreno.
"No hay justificación posible para explicar las diferencias de financiación entre la comunidad peor financiada y la mejor financiada", aseguró Montero en el Congreso. "800 euros de financiación per cápita de diferencia, desde mi punto de vista no hay variable que la explique. Por lo tanto, hay que corregir deficiencias intrínsecas que aporta el modelo", destacó la ministra.
El tercer mensaje de Montero en su réplica a la intervención previa diputado valenciano versó sobre el fondo transitorio de nivelación que reclama la Comunitat Valenciana junto al resto de regiones financiadas por debajo de la media con el objetivo de ser compensadas mientras se consigue la reforma definitiva del sistema. Pues bien, poca novedad aportó Montero en este asunto más allá de reiterar que ella estuvo dispuesta a someterlo a votación en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pero que no se hizo porque el consejero de la Comunitat de Madrid se opuso.
Montero, de hecho, aludió directamente al PP en muchos de sus mensajes al recordar que, al margen de que cada región defienda sus intereses por separado, para la "urgente" reforma del sistema tendrán que ser los partidos de ámbito nacional los que tendrán que buscar el acuerdo, reconociendo las contradicciones internas que se dan en ambos por gobernar en regiones con intereses contrapuestos. "Quiero pactarlo con ustedes, con el PP, los dos principales partidos de esta Cámara deberían estar de acuerdo con el futuro modelo de financiación", insistió.
En relación a esos intereses encontrados, Montero detalló las diferentes posturas que defienden las distintas CCAA y las clasificó en tres grupos en función de los intereses que defienden con vistas a la redefinición de los criterios en los que se asentará la reforma del modelo.
En el caso de la Comunitat Valenciana o Andalucía, Montero explicó que su aspiración es que el cálculo de la población ajustada se aproxime más a la población real en la asignación de los recursos. Al respecto, avanzó que la redefinición del concepto de población ajustada tendrá en cuenta elementos como el porcentaje de población en edad escolar o el envejecimiento de la población.
"Seguro que no van a ser lo que quieren de forma plena cada uno de los territorios porque hay diferentes posiciones y , por tanto, tenemos que ser capaces siempre de tener una mirada amplia que permita llegar al acuerdo y llevar a ese consenso que siempre implica que uno tiene que ceder para que otros también puedan ganar", concluyó la Ministra.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
