Foto: Matias Chiofalo/EPVALÈNCIA. Fumata blanca para la nueva Ley de Vivienda. Tras cerca de ocho meses encallada desde que comenzara oficialmente su negociación, finalmente los socios de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- han alcanzado un acuerdo sobre una norma que finalmente incluirá la regulación del precio del alquiler, aunque, a priori, solo a grandes propietarios de viviendas, es decir, aquellos que cuenten con 10 o más viviendas. Precisamente, este era el punto que más fricción causaba en el ejecutivo de coalición por el impacto que causará en el mercado.
Una medida que, de hecho, ha sido recibida con cierto malestar en el sector inmobilario, que ha tildado la futura normativa de "nociva", "intervencionista" o incluso de "grave error". De hecho, la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) ha expresado su preocupación por el "intervencionismo en el libre mercado" y el posible impacto a la baja en la oferta.
Pero, además, el texto también establecerá otra serie de medidas que supondrán una verdadera agitación en el alquiler en España, un mercado que en los últimos años no ha dejado de crecer como consecuencia del difícil acceso a la vivienda que tienen muchos colectivos, especialmente los jóvenes. Así, la norma que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez incluirá incentivos fiscales para los pequeños propietarios que mantengan los precios, así como prevé un recargo en el IBI a las viviendas vacías y un bono joven de 250 euros al mes para jóvenes, entre otras propuestas.
Por el momento, no hay una fecha concreta para la aprobación de esta norma, si bien el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguraba que la intención es llevarla próximamente al Consejo de Ministro para que inicie su tramitación parlamentara. "No tenemos todavía fecha para aprobar la Ley de Vivienda. Será en Consejos de Ministros posteriores", señalaba en rueda de prensa.
Bolaños se ha referido a la futura normativa como "una ley muy ambiciosa" que será "esencial" para garantizar el derecho a la vivienda entre "la gente que tiene mas dificultades". Por el momento solo han trascendido algunas pinceladas de lo que será la futura norma, cuyo acuerdo entre los socios de Gobierno ha sido trascendental en la negociación para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
Una de las medidas 'estrella' del texto será la regulación del precio del alquiler, en base a unos índices de referencia en las zonas que se consideren "tensionadas". Eso sí, este control solo se aplicará a grandes propietarios de diez inmuebles o más. Por tanto, a priori, y según lo que ha trascendido, solo se aplicará a personas jurídicas, no así a personas físicas, aunque tengan más de 10 inmuebles arrendados.
El objetivo del Gobierno es bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios, aunque desde el sector inmobiliario recuerdan que la intervención en el mercado del alquiler en otros países como Alemania únicamente ha provocado una disminución de la oferta y no ha conseguido el efecto pretendido.
En cualquier caso, Bolaños recalcó que la nueva norma tendrá en cuenta "las distintas competencias existentes en la materia", tanto autonómicas como municipales, por lo que serán las comunidades las que decidirán si quieren aplicar o no el control de precios. En el caso de la Comunitat Valenciana, el decreto que recientemente ha aprobado el pleno del Consell para movilizar viviendas vacías recogía la posibilidad de fijar unos precios máximos al alquiler en base a unos índices de referencia, por lo que es previsible que la Conselleria de Vivienda sí sea partidaria de intervenir el alquiler.
Además, en una entrevista con este diario, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, se mostró partidario de hacerlo para conseguir bajar los precios del mercado. "Hemos dicho por activa y por pasiva que estamos a favor de la regulación de los precios del alquiler, porque están subiendo exponencialmente y hay un problema de tensión en el mercado. Lo que estamos haciendo es trabajar con el Ministerio para que en esa nueva Ley Estatal de Vivienda sí que haya mecanismos para regular los precios de alquiler. Y, a partir de ahí, nosotros lo desarrollaremos", señaló.
Por otro lado, según detallaron fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, la ley también contemplará una retirada a grandes tenedores de "privilegios fiscales".
En cambio, sí recogerá "un paquete muy potente de bonificaciones fiscales" para los pequeños propietarios, según avanzó Bolaños. En concreto, se tratará de una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los dueños de pisos en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior.
Pero, además, con el objetivo de sacar más viviendas al mercado, la ley también incluirá un impuesto para gravar la vivienda vacía durante un tiempo prolongado, a través del recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Aunque Bolaños no concretó de cuánto será el gravamen, este podría suponer un recargo de hasta el 150%.
Se trata de un castigo en el IBI que ya se plantea en territorio valenciano y concretamente en el Ayuntamiento de València, con Compromís y PSPV al frente. El consistorio aprobó hace dos años en sus ordenanzas fiscales un recargo del 30% a las viviendas vacías de grandes propietarios al objeto de empujarlos a sacar los pisos al mercado.
Por ahora, dicho plus impositivo no podía aplicarse porque faltaba un decreto autonómico que esclareciera qué es una vivienda vacía y quién es un gran tenedor. El decreto se aprobó el pasado viernes por lo que abre la puerta a que el recargo de IBI de València pueda empezar a cobrarse, y en el consistorio esperan poder empezar a recaudarlo el próximo ejercicio.
Además, Sánchez anunció la creación de un 'bono joven' de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años que también recogerá la ley. Una medida dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. En los casos de las familias más vulnerables este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.
Esta iniciativa es similar al "cheque vivienda" que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2007 y que suponía una ayuda de 210 euros mensuales para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes de los 22 a los 30 años e incluía un préstamo de 600 euros para pagar la fianza y un aval de seis meses.
Por otro lado, la nueva ley de vivienda también contempla destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda. De ese porcentaje, un 15% será para alquiler social. No obstante, estas medidas son solo algunas de las líneas de la norma que el Gobierno ultima para en las próximas semanas llevar al Consejo de Ministros.
