El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau. Foto: I. CABALLER (CORTS)VALÈNCIA (EP). El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado este lunes el primer concurso de ayudas a la promoción de viviendas en alquiler, dotado con 7,7 millones de euros, con el que se inicia "un nuevo periodo de construcción de vivienda de protección oficial en alquiler asequible" en la Comunitat Valenciana.
Este concurso se enmarca en el Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. El objetivo es financiar la promoción de viviendas de nueva construcción, aquellas procedentes de la rehabilitación de edificios, así como viviendas que fueron paralizadas y que ahora se reanuden las obras para completar su finalización. Todas ellas deben ceder su uso o destinar al arrendamiento a precio limitado, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Martínez Dalmau ha destacado la importancia de este día puesto que hace más de nueve años "el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) firmó la paralización de toda actividad de construcción de vivienda de protección oficial", un tiempo en el que la Generalitat "no contaba con una política social definida", lo que ha provocado "la carencia de casas que puedan dar respuesta a las personas más vulnerables".
Según ha recordado el vicepresidente, en los años sesenta en España "se gestó el 'virus de la especulación inmobiliaria', una enfermedad crónica que dijo 'suficiente' en aquel fatídico 2008" y que hizo que "mientras en Europa se construyeran casas destinadas mayoritariamente al alquiler, aquí nos dedicamos a venderlas, perdiendo el dinero público invertido" .
Para hacer frente a este "déficit" de vivienda en alquiler asequible, el Gobierno del Botànic "ha vencido a este virus" y su prioridad ahora es conseguir 32.000 viviendas destinadas a alquiler asequible en los próximos 10 años, tal y como se estima el Plan Hábitat 20-30. Para ello, "queremos revertir este modelo privatizador del derecho a la vivienda que ha ahogado a miles de familias", ha recalcado Martínez Dalmau.
La convocatoria de ayudas, que será por concurrencia competitiva para personas, administraciones, empresas, fundaciones o cooperativas, ha incorporado una serie de "exigencia mínimas".
Entre ellas, Martínez Dalmau ha destacado tres: "Las viviendas, según se prevé unas 300, se destinarán al alquiler durante un mínimo de 25 años; deberán de tener una calificación energética mínima para fomentar una construcción sostenible y se ha fijado un precio máximo de renta de alquiler, teniendo en consideración los ingresos de la unidad de convivencia".
En la presentación del concurso, también han intervenido el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, y la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga.
De forma complementaria a las modalidades de ayudas propuestas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y contempladas en el Plan Estatal, la Generalitat Valenciana añade ayudas a su cargo mediante la propuesta de una nueva modalidad enfocada a cubrir las necesidades de vivienda de unidades de convivencia con ingresos reducidos.
Las diferentes modalidades, A, A+ y B, suponen ayudas directas proporcionales a la superficie útil de cada vivienda de hasta un máximo de 350 €/m2, 490 €/m2 y 300 €/m2 de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 50 por ciento de la inversión, con un límite máximo de 36.750 euros, 51.450 euros y 31.500 euros por vivienda, según la modalidad desarrollada. Las cuantías de las ayudas resultarán inversamente proporcionales al nivel de renta de sus moradores futuros.
Las solicitudes se valorarán de acuerdo a criterios objetivos relativos a ubicación de las promociones en áreas con necesidad de vivienda, perspectiva de género, aumento del plazo de vinculación al régimen de alquiler o cesión de uso, propuestas innovadoras que mejoren la calidad edificatoria del parque, así como la calidad de vida de sus futuros moradores y porcentaje que se dedique a viviendas incluidas en la modalidad A+.
De esta forma, se pretende seleccionar, de entre todas las propuestas presentadas, "aquellas con mayor grado de necesidad de implantación, rigor y compromiso en su planteamiento".
Las viviendas que puedan acceder a estas ayudas pueden ser de titularidad pública o privada; se destinarán a alquiler o cesión de uso para domicilio habitual y permanente de las personas arrendatarias; deberán estar libres de inquilinos y ocupantes por cualquier título; deberán tener calificación energética mínima B.
En cuanto al plazo de las obras, será como máximo de 30 meses desde la concesión de la ayuda, 36 meses si son más de 50 viviendas y, en caso de actuaciones de rehabilitación o reanudación de obras, de 24 y 30 meses respectivamente.
