Reunión del pasado agosto entre la Generalitat y Hosbec para presentar las ayudas. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Gobierno central ha planteado dudas sobre la legalidad de la subvención de 5 millones de euros que la Generalitat dará a los hoteles de la Comunitat Valenciana para afrontar el programa del Imserso. La articulación de las ayudas, según confirman varias fuentes, podría entrar en conflicto con las competencias del Ejecutivo y derivar, a su vez, en competencia desleal.
El pasado viernes, el pleno del Consell aprobó el decreto que las regula. Se trata de una subvención directa a aquellas empresas hoteleras que oferten plazas del Imserso para paliar el aumento de precios generado por la inflación debido a la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las ayudas consisten en 6 euros por habitación contratada al día hasta el límite de 900 euros por habitación. Los destinatarios serán los hoteles inscritos en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana que participen en los Programas de Turismo del Imserso desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2022 y que así lo soliciten.
La presentación de esta medida tuvo lugar a finales del pasado agosto en el Palau de la Generalitat. Un acto en el que participaron el jefe del Consell, Ximo Puig, varios representantes de la patronal hotelera Hosbec que preside Toni Mayor, el conseller de Hacienda, Arcadi España, y el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer. La propia patronal lo consideró un "rescate" al sector hotelero por parte del Gobierno valenciano y la estimación era que se puedan beneficiar unas 60 empresas en toda la Comunitat situadas en los municipios de Benidorm, l'Alfàs del Pi, Calp, Dénia, Xàbia, Guardamar del Segura, Torrevieja, Gandia, Benicàssim, Oropesa del Mar, Peñíscola y Vinaròs.
Las ayudas se otorgarán por concesión directa por parte del departamento que gestiona Colomer. Y, desde el principio, generaron cierto recelo entre Compromís, los socios del PSPV, por el cúmulo de lo que consideran beneficios de los socialistas al sector turístico ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Ahora, la cosa ha ido más allá y el decreto se encuentra en el foco del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra (Podemos), según apuntan fuentes del Consell.
La Comisión de Valores del citado Ministerio, según ha podido saber este diario, ha trasladado sus dudas sobre estas ayudas diseñadas por Presidencia de la Generalitat por varios motivos, pero principalmente porque su aplicación podría derivar en una competencia desleal entre las distintas empresas del sector.
El dilema es el siguiente: el Gobierno central congeló los precios del Imserso y convocó 816.029 plazas para participar en el programa de turismo para mayores que se desarrollarán entre los meses de octubre de 2022 y junio de 2023. Los precios oscilarían entre los 455 euros para las estancias de 10 días en zonas de costa peninsular e islas y 115 euros para los viajes de cuatro días en capitales de provincia.
Con ese precio, las empresas turísticas decidieron si el margen de beneficio que les quedaba les interesaba o no y si les valía la pena optar a hacerse con un paquete de plazas o si por el contrario era preferible no presentarse porque el lucro que obtendrían sería bajo.
El panorama, sin embargo, cambia para las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana, dado que con la ayuda extraordinaria ideada por la Generalitat se compensa la congelación de precios actual, pues el beneficio que obtendrán por habitación aumentará en 6 euros. Un cambio de 'las reglas del juego' a posteriori que podría derivar en una competencia desleal entre las empresas, dado que aquellas que decidieron no presentarse porque no les resultaba rentable, probablemente ahora decidirían hacerlo al ver incrementada su ganancia.
La situación ha generado un fuerte malestar en compañías del sector que no tienen posibilidad de optar para verse beneficiadas y hay quien opina que no se puede dopar a unos hoteles adscritos a un programa. A lo que se añade que el Gobierno central ha puesto la lupa en el decreto, confirman fuentes de este Ejecutivo, porque directamente podría chocar con dos leyes: la de precios y la de contratos públicos. El problema es que la forma de otorgar las subvenciones supone que se revisen o fijen precios –algo que no puede hacer el Consell– y una vulneración de la igualdad y libre concurrencia de las empresas a la hora de aspirar a las ayudas.
El texto incurre en diversos errores porque es la administración central la que cuenta con las competencias del Imserso. Por ejemplo, que las subvenciones recibidas por el beneficiario tendrán carácter finalista o que el incremento de los costes derivados de la guerra de Ucrania no puedan ser repercutidos en el precio a cobrar a las personas usuarias del programa. Algo que no puede ocurrir puesto que los usuarios del Imserso no son los que pagan directamente los hoteles.
El decreto es susceptible de acabar en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en última instancia podría anularlo puesto que entra en su ámbito de actuación y se dedica precisamente a garantizar una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.
En la presentación de la medida, Puig afirmó que se continuaría reivindicando al Gobierno central el incremento de las aportaciones al Imserso para evitar que se ofrezcan servicios por debajo del precio de coste. Unas declaraciones que ya le costaron un enfrentamiento con sus socios de Gobierno. La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, advirtió públicamente que esas declaraciones del jefe del Consell las hacía a título individual y no en nombre del Ejecutivo que preside. "No es la opinión del Consell", manifestó.
