La ministra de Igualdad, Irene Montero. Foto: EDUARDO PARRAVALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha aprobado este martes en primera lectura el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que busca reformar la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015. "Es un nuevo avance para la democracia del país", ha destacado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha celebrado que esta norma permitirá "continuar ampliando derechos", tras la aprobación hace 12 años de la ley del aborto socialista que ya incluía esta medida. Este texto está recurrido ante el Tribunal Constitucional por los 'populares'.
En este sentido, la ministra portavoz ha destacado que, este nuevo texto, tiene también "como objeto revertir algunos retrocesos" realizados por el Ejecutivo del PP en su reforma de esta norma con su mayoría absoluta en 2015.
En concreto, el proyecto de ley aprobado este martes, impulsado por el Ministerio de Igualdad, busca garantizar el aborto en la Sanidad Pública, permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.
Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Del mismo modo, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
Las fuentes del Ministerio destacan también entre las medidas de esta norma que los centros de salud vayan a distribuir la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva. Se trata de un producto que actualmente vale 20 euros en la farmacia, según han indicado las mismas fuentes.
Del mismo modo, el texto recoge también que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres.
Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye, además de la ya anunciada baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.
También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual.
Esto se incluye en el capítulo de Educación Sexual, en donde se apunta que esta será integral en las principales etapas educativas con el objetivo de ofrecer conocimientos basados en el consentimiento y las relaciones fomentadas en los buenos tratos.
Además, según han indicado las fuentes de Igualdad, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica; y se formará de forma específica en educación sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, trabajadores y trabajadoras públicos.
Por otra parte, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.
Además, y tras negociar con el PSOE, esta norma no perseguirá finalmente a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, aunque sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer.
También recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso.
