La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EFE). El Gobierno apura sus negociaciones para aprobar la reforma laboral en el Congreso y aprieta el acelerador buscando apoyos más allá de sus socios parlamentarios y con la mirada puesta en Ciudadanos y en los partidos minoritarios, que podrían ser clave en una semana en la que empieza la cuenta atrás.
El 3 de febrero está previsto que el Pleno del Congreso debata la convalidación o derogación del decreto de reforma laboral pactado con patronal y sindicatos y aunque algunos socios de investidura parlamentarios, como ERC, ven tiempo para poder cerrar un acuerdo con el Ejecutivo, el Gobierno apura sus contactos centrado en otros partidos como Coalición Canaria, UPN, Más País o Compromís.
Y es que después de la negativa del Ejecutivo a que el decreto pueda ser enmendado, Ciudadanos ya ha avanzado que, de ser así, votarán que sí a su convalidación.
Un apoyo de 9 diputados, que sumados a los de otras formaciones que no ven mal el decreto, como PDeCAT (4), Más País (2), Teruel Existe (1), PRC (1), Nueva Canarias (1), Coalición Canaria (1), Compromís (1) o UPN (2) conformarían una mayoría suficiente.
En las últimas semanas, el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con estas formaciones que en principio apoyarían el decreto porque lo consideran un avance, aunque algunos lo ven mejorable, y porque quieren respetar el pacto cerrado entre patronal y sindicatos.
"Si los que crean empleo que son los empresarios y los que defienden los derechos de los trabajadores, que son los sindicatos, están de acuerdo, nosotros también", señalaba a EFE la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, mientras Errejón añadía ante los medios de comunicación que su formación no pone líneas rojas y el decreto "es bueno y es un avance".
"Queremos ser decisivos, queremos ayudar al Gobierno", incidía el líder de Más País en un momento en el que la mayoría de los partidos minoritarios también son decisivos para que el decreto sea convalidado sin cambios.
De hecho, frente a los noes del PP (88) y de Vox (52), y a los que se sumarían JxCAT (4), la CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1) o los socios de investidura del Gobierno, ERC (13), PNV (6) y EH Bildu (5), incluyendo al exdiputado de Cs Pablo Cambronero, el decreto alcanzaría 173 votos en contra, mientras que los apoyos sin contar a UPN sumarían 174 (176 con los navarros).
El PNV insiste en que la relación con el Gobierno, ya no solo por la reforma laboral sino también por la transferencia pactada del ingreso mínimo vital, está en modo "piloto rojo" y mientras el presidente del partido nacionalista, Andoni Ortuzar, reitera que no votarán un decreto en el que no prevalezcan los convenios vascos sobre los de empresa o estatales, la presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha remarcado que si el Gobierno "consigue una mayoría con Ciudadanos, tendrá problemas dentro de su propia coalición".
Y así parece, toda vez que la entrada de Cs en la geometría del voto ha levantado las críticas de Unidas Podemos en el Congreso, que señala que los naranjas solo buscan "torpedear" el bloque de la investidura.
"Es un error y una trampa" puntualizaba recientemente el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, que no ve "honestas" las intenciones del partido de Inés Arrimadas, aunque desde el ala socialista del Gobierno y desde el PSOE se señala que lo "inexplicable" es que Ciudadanos no apoye esta reforma.
En las últimas horas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha instado a "ser receptivos y escuchar" las propuestas de ERC, Bildu y PNV, que son los partidos "fundamentales" que sostienen a un Gobierno progresista.
También el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, avisa de que si el Ejecutivo se apoya en la formación naranja tendrá que dar explicaciones de "por qué aprueba con la derecha una reforma que se comprometió a derogar".
PNV y ERC reiteran: el Ejecutivo debe mimar y cuidar a los grupos que le dan estabilidad parlamentaria. Lo que no parece factible desde Moncloa es aceptar las exigencias de Bildu, que incluye en sus condiciones derogar la reforma laboral también de 2010, aprobada por el Gobierno socialista.
Aunque de lo que sí se muestran seguros es de que la reforma se convalidará en los términos acordados, y según el portavoz socialista, Héctor Gómez, "con una mayoría sólida", con lo que el Gobierno todavía ve margen para alcanzar acuerdos con ERC y PNV.
"El PNV es uno de los socios prioritarios con los que siempre acordamos. Es un socio confiable y alcanzaremos más pronto que tarde el acuerdo o los acuerdos en los que ya estamos trabajando", zanjaba la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en las últimas horas.
El Ejecutivo autonómico llega a un acuerdo con el central por el artículo que todavía permitía los contratos por obra y servicio, que chocaba con la reforma laboral
