El diálogo social y el reparto de los fondos europeos, claves para los empresarios de la antigua Corona de Aragón

VALÈNCIA. (EP) Las patronales empresariales de Aragón, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Baleares se han reunido este jueves en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, en una Cumbre Empresarial en la que han participado los respectivos Gobiernos regionales y en la que han aprobado un decálogo en el que apuestan por el diálogo social, el marco laboral flexible y el reparto justo de los fondos europeos, entre otros asuntos, para impulsar la economía tras la pandemia de la covid-19.

CEOE Aragón, Foment del Treball, CEV y CAEB han firmado un 'Decálogo por la competitividad' en el que resaltan que las cuatro comunidades representan el 32% de la población total de España y el 34% del PIB.

Han propuesto establecer procedimientos de racionalización y coordinación de la Administración pública; avanzar en los procesos de consolidación fiscal de las cuentas públicas; desarrollar mecanismos de colaboración público-privada; eliminar las barreras y obstáculos que se encuentran las empresas y que la Administración luche contra la economía sumergida que daña la competitividad de las empresas y precariza el mercado laboral.

"Se debe huir de aumentar la presión fiscal sobre el ahorro y las empresas, de ahí que veamos con preocupación que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 supone un aumento de la presión fiscal", han señalado, animando a reducir la presión fiscal empresarial.

En materia de inversión pública han propuesto dar un nuevo impulso; aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos e instrumentos financieros europeos; afrontar de manera racional la transformación sistémica que plantean los desafios tecnológicos.

Asimismo, han considerado que "el diálogo social es un valor social y económico importante e irrenunciable", por lo que han pedido que la normativa contemple un avance en las medidas de flexibilidad interna; la mejora de la simplificación contractual; las rebajas de las cotizaciones sociales; la reducción del creciente absentismo laboral y el refuerzo de la formación y recualificación de los trabajadores ajustándolos a las necesidades empresariales.

"Hay que legislar de la manera más eficiente posible", han propuesto, con medidas como eliminar la burocracia administrativa; incorporar la declaración responsable y el silencio administrativo positivo en la tramitación de los procesos; integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030; e incentivar la colaboración público-privada.

En cuanto a los fondos europeos, los empresarios han planteado "una gestión eficiente y un reparto justo que cumpla con los objetivos de elevar el potencial de crecimiento económico, la creación de riqueza y la generación de empleo".

Por este motivo, han considerado necesario delegar en las comunidades autónomas las convocatorias y la gestión de los fondos Next Generation; facilitar los mecanismos que faciliten la presentación de propuestas de las empresas, independientemente de su tamaño y priorizar el destino de los fondos al sector privado para promover una economía digital, verde y sostenible.

Sector industrial

Las patronales mencionadas han destacado "las fortalezas" de la industria, como su especialización y tradición, también su internacionalización, las infraestructuras logísticas de gran capacidad y un sector TIC en continuo crecimiento.

Han recomendado consensuar un plan de industrialización para fortalecer la industria 4.0; mejorar las infraestructuras industriales; diversificar la economía y realzar los sectores tractores y estratégicos.

"La carestía mundial de microchips y semiconductores exige replantear la dependencia de Europa y España de la producción estadounidense y asiática en este campo", han manifestado, tras lo que han alertado del encarecimiento de determinadas materias primas, como las energéticas, "un factor de riesgo para la recuperación".

En cuanto al turismo, han abogado por garantizar la sostenibilidad medioambiental con el desarrollo de la actividad; han alertado del "efecto negativo" de las nuevas figuras tributarias, como las tasas turísticas; y han pedido potenciar la economía azul y el turismo náutico.

También han defendido el impulso al sector agroalimentario, que "contribuye a generar riqueza y empleo de forma sostenible y ha demostrado ser un elemento de vertebración indispensable".

Los firmantes han apoyado infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y el Cantábrico-Mediterráneo; los accesos a los puertos del Mediterráneo y la ampliación del puerto de Valencia; las conexiones internacionales a través de los Pirineos incluyendo la Travesía Central por Aragón; la conectividad aérea incluyendo la ampliación del aeropuerto del Prat como hub internacional y las conexiones viarias entre Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Respecto a la economía circular, han manifestado su apoyo al incremento de la potencia instalada renovable y la implementación de incentivos fiscales "adecuados" para diseñar iniciativas económicas orientadas a la ecoeficiencia, contribuyendo a la transición energética.

Por último, han dejado claro que "los ciudadanos españoles tienen derecho a la misma calidad de servicios públicos independientemente de dónde vivan" y han pedido un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas "que garantice un mayor trato de igualdad entre todos los ciudadanos de España".