Vista panorámica de las viviendas de La Jaud de Elda. ELDA. Elda tiene una problema urbanístico histórico: las viviendas de La Jaud, cuyos continuos ordenamientos han sido anulados por los tribunales, hasta el punto que en mayo de 2015, las 120 viviendas unifamiliares afectadas se salvaron 'in extremis': se prorrogó un trámite para continuar con la última solución aprobada, el enésimo Plan de Reforma Interior.
Con el cambio de gobierno en el consistorio eldense, PSPV y Compromís acordaron reunir a todos los afectados en el plan: el ayuntamiento, los afectados por la sentencia y los demandantes. Desde entonces, las partes buscan una solución, que al parecer, según ha desvelado la concejala de Urbanismo, Pilar Calpena, están a punto de lograr.
Pero para llegar a la meta hay que conocer, previamente, el camino recorrido. La construcción de viviendas unifamiliares en La Jaud, ubicado en el acceso de entrada a Elda, la Avenida del Mediterráneo, se remonta a los años 90, cuando se aprobó el primer Plan Especial de Rehabilitación Interior (PERI)-Puente Nuevo, según la hemeroteca del momento. No fue hasta 1995 cuando se aprobó la reparcelación y meses más tarde, se dieron las primeras licencias. El proyecto no gustó a todos los propietarios, lo que generó los primeros pleitos contra la ordenación urbanística acordada, entonces con Roberto García Blanes como alcalde. ¿La razón? No gustaba el exceso de edificabilidad en las viviendas, en su mayoría unifamiliares.
Las sentencias contrarias no se hicieron esperar: en 1998, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró la nulidad del PERI y ordenó la primera demolición de las viviendas, pero el consistorio recurrió en casación. Las licencias siguieron concediéndose y para darle cariz de legalidad, de nuevo, el gobierno socialista, ahora con Juan Pascual Azorín como alcalde, se aprobó en 2002 el primer PRI para regularizar la situación e intentar evitar el derribo.
Sin embargo, los propietarios volvieron a recurrir y en 2003, el Tribunal Supremo volvió a emitir una orden de demolición. Un año después, un juzgado contencioso-administrativo ratificó de nuevo la decisión del Supremo y volvió a anular el PRI. Para rematar el despropósito, el TSJ de la Comunidad Valenciana también anuló el PRI con el que se pretendía regularizar la situación en 2005. Y en 2009, otra vez el Supremo lo ratificó y dejó la vía judicial ya finiquitada.
A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Elda, ya con el PP en el gobierno, optó por una modificación puntual del PGOU de Elda -la número 73-, que tenía como objetivo la legalización de las viviendas. En marzo de 2013, se dio el visto bueno inicial a través de la Generalitat Valenciana y posteriormente, se inició un tercer PRI. Con esas se llegó a las elecciones de 2015 y en plena campaña electoral se dio el trámite de seguir con el nuevo PRI. De no haber tomado esa decisión, de no prorrogar la exposición pública, las viviendas se tenía que haber derribado pues ya había un ultimátum judicial.
En junio de 2015, el Ayuntamiento, los demandantes y los afectados por la orden de demolición de 118 viviendas en La Jaud crearon una mesa de participación y remitieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ un escrito conjunto en el que solicitaban la suspensión de la ejecución de la sentencia, mientras las partes buscaban una salida.
Ya en julio de ese mismo año, ya hubo un principio de acuerdo y se presentó una propuesta de ordenación al Ayuntamiento de Elda con el fin de resolver la paralización actual de la zona por la falta de planeamiento urbanístico. La solución: que se aplicará la modificación número 73 del PGOU, con 15.000 metros de dotaciones públicas, y el reconocimientos de las Actuaciones Aisladas.
Ahora, año y medio después, este jueves, la responsable de Urbanismo ha comunicado a todos los grupos políticos que "el proceso está siendo bastante complejo, pero espera salvar las observaciones pendientes de subsanar en un breve plazo". A partir de ese momento la nueva ordenación se expondrá a información pública por un periodo de 20 días. La solución ha pasado por justificar "la legalidad de las peticiones de los propietarios respecto a las edificaciones consolidadas y a la reducción de dotaciones en función del grado de consolidación existente. Así, casi el 90% de las peticiones de los propietarios van a poder ser aceptadas", augura Calpena.
Calpena pone en valor que el PRI de La Jaud puede tener un final feliz porque se va de la mano de la Conselleria de Ordenación de Territorio: "Se hizo una consulta y ahora se está actuando trabajando de manera coordinada entre los técnicos municipales y de la Conselleria. En breve, se remitirá un informe que permitirá seguir con la tramitación del plan y poner el fin" a esta cuestión dura 22 años", ha concluido la concejala.
