El curso político empieza en los tribunales

VALÈNCIA. El regreso del verano vendrá acompañado de un inicio de curso político de especial intensidad. Los próximos meses estarán marcados por las elecciones de mayo de 2023, con unos partidos en precampaña desde septiembre ante unos comicios que llegarán con el interrogante de si provocarán un vuelco político en la Comunitat Valenciana. Citas como el Debate de Política General en Les Corts tendrán mayor importancia de la habitual para las formaciones, pero si realmente existe un foco de vuelta a la actividad es el de los tribunales. El caso Alquería, el caso Erial o la causa de Mónica Oltra centrarán inevitablemente la actualidad informativa, condicionarán la agenda política e influirán en el discurso del Botànic y la oposición. 

La primera fecha de mayor relevancia es doble: el 19 de septiembre. Ese día, y salvo imprevistos de última hora, arrancará el juicio de Alquería y declarará ante el juez la exvicepresidenta del Consell por la gestión de la Generalitat en el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Normalmente, en esas jornadas suele fijarse el Debate de Política General, aún sin calendario y que, a no ser que se establezca para la semana anterior, coincidirá con las sesiones. 

Alquería: contrataciones irregulares de directivos

Alquería será el primer gran juicio del Botànic. Y contará con un componente político sustancial más allá del penal pese a que los presuntos delitos en los que se ha desarrollado la instrucción sean prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez; su exjefe de Gabinete, Ricard Gallego; su exasesor, Manuel Reguart; y los exgerentes de Divalterra Josep Ramón Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís).

Los hechos que de los que se les acusa tienen su origen en noviembre de 2015, cuando el Botànic comenzó a gobernar. El epicentro era la empresa pública Imelsa, foco constante de corruptelas durante años como las que todavía se investigan en el caso Taula. Meses antes de que pasara a llamarse Divalterra para "enterrar" su pasado, los dos cogerentes (Tíller y Brines) remodelaron la estructura para configurar nuevas áreas de dirección en las que colocar a cargos de confianza. Bajo esa división realizada entre PSPV y Compromís, cada partido pasaba a controlar unas competencias. 

El problema legal vino en la forma de cubrir esas plazas de altos directivos. La Fiscalía apuntó a una actuación "arbitraria y caprichosa" en las contrataciones de la cual tenían conocimiento los que se beneficiaron de ellas. Se usaron, sostiene, unos "artificios" buscados para tratar de ampararlas que respondían "al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente". Anticorrupción cree que se creó una "estructura de gobierno" paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración de Divalterra y formada tan sólo por los consejeros de PSPV y Compromís que no estaba amparada en los estatutos. Las contrataciones se realizaron con 12 informes jurídicos en contra –tanto de despachos externos como de los servicios de la casa– hasta que obtuvo uno favorable. 

El juez cifró en 1,1 millones de euros el perjuicio para las arcas públicas porque se infringió la legalidad en la "cabal y correcta aplicación de los fondos públicos" con la contratación presuntamente "simulada" de nueve directivos "sin observar los requisitos legales ni estatutarios" de Divalterra entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Todo ello conllevó, apuntó, "un presunto desvío" de dinero y, con ello, "malversación de caudales en favor de unos particulares por puros intereses de índole partidista" de las dos formaciones en el poder. El juez remarcó especialmente la intervención para este fin de los gerentes de Divalterra dentro de un supuesto "plan preconcebido" por Jorge Rodríguez y su equipo más cercano (Jorge Cuerda –al que denominó como "presunto director de facto" de la empresa pública–, Ricard Gallego y Manuel Reguart).

La investigación se inició tras una denuncia llevada a la Fiscalía por José Luis Castellote y José Luis Pellicer, responsables de los departamentos financiero y jurídico de la empresa pública. Ciudadanos presentó otra posteriormente, que se incorporó a las diligencias ya en curso. Las indagaciones conllevaron la detención, el 27 de junio de 2018, de Jorge Rodríguez y los principales acusados en una operación policial que sus protagonistas no han olvidado. El discurso oficial que PSPV y Compromís mantienen a día de hoy es que todo aquello fue desmedido y que la causa no era de corrupción sino administrativa –pese a que los delitos se basan en lo primero–. 

Los socialistas quedaron en estado de shock y suspendieron a Rodríguez de todos sus cargos orgánicos y de militancia. Días después, dimitió de la presidencia de la Diputación, donde le sustituyó Toni Gaspar. Una decisión que actualmente en el seno del partido se recuerda como inevitable pero desastrosa. Rodríguez, en aquel momento, se encontraba despegando a nivel interno e, incluso, señalado como heredero de Ximo Puig. Su carrera política se centró en Ontinyent, donde se volvió a presentar a la alcaldía bajo nuevas siglas –las de La Vall Ens Uneix–. Obtuvo mayoría absoluta y un diputado provincial. 

La guerra interna en la Diputación tanto en lo concerniente a los directivos de Divalterra como en las diversas corrientes dentro del PSPV siempre quedó patente en el caso Alquería. Uno de los nombres clave que ahora resurge de cara al juicio es José Luis Vera. Cercano históricamente a los socialistas, era responsable jurídico de la empresa pública desde 2015, cuando fue nombrado a propuesta del exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo. En aquel momento, este último –muy cercano a Ximo Puig– era vicesecretario de Relaciones Institucionales de los socialistas valencianos y jefe de Gabinete del entonces presidente de la Diputación. Orengo también nombró al primer gerente de Divalterra, Josep Ramon Tíller. Tanto él como Vera formaban parte de su equipo de asesores cuando era alcalde de Gandia.    

Orengo acabó declarando como testigo ante el juez a petición del propio Rodríguez. Este último apuntó a que el equipo del que el primero formaba parte fue en realidad el responsable del reparto inicial de áreas entre PSPV y Compromís y de dar apariencia de legalidad a las contrataciones. Orengo afirmó que "el empastre vino más tarde", cuando aparecieron los informes en contra.

Pero si existe un protagonista relevante en toda esta causa es Vera. El jefe jurídico de Divalterra pasó a ser un colaborador importante para Anticorrupción aunque en un informe de junio de 2016 no habló claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que ahora se consideran ilegales. Ya con la instrucción en marcha, prestó declaración ante el juez para relatar cómo tuvo conocimiento del proyecto de nombramiento de siete altos directivos, "distribuyéndolos en dos grupos según los partidos de gobierno de la Diputación: 3 del PSOE y 4 de Compromís". Y que los dos gerentes de entonces "debían aceptar a esas personas según su partido, pues venían impuestas por el propio presidente" (Jorge Rodríguez). 

Actualmente, sin embargo, el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sitúa a Vera en el centro del caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de 'mordidas' en varias administraciones. Los investigadores lo señalan como supuesto conseguidor entre el empresario considerado cabecilla, Jaime Febrer, y algunos alcaldes, a cambio de lo cual habría recibido comisiones. Uno de los grandes interrogantes de cara al juicio de Alquería es qué papel jugará. Su testimonio como colaborador de la Fiscalía no parece fácilmente sostenible mientras permanece como uno de los principales acusados en otra causa de supuesta corrupción. Algo que será usado por las defensas de los acusados, tanto en el caso de que se mantenga en su versión como en el de que la cambie –lo cual no parece del todo improbable según algunas fuentes–. 

Mientras los abogados de los encausados confían en una absolución de todos ellos –entre ellos el exportavoz del PSPV en Les Corts y exnúmero dos del partido, Manolo Mata–, los investigadores creen que existen precedentes de condenas por hechos similares debido al desvío del dinero público que se ha producido. Todo se comprobará durante el total de 21 sesiones de las que constará el juicio hasta el próximo noviembre. 

Causa de Oltra: declaración y diligencias

Septiembre será también un mes importante en la causa que afecta a Mónica Oltra. La exvicepresidenta del Consell acudirá a declarar ante el juez el próximo 19 de septiembre en calidad de investigada. La nueva citación se producirá pasados tres meses de la dimisión de todos sus cargos tras ser imputada por obstaculizar la investigación de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, con sospechas de ocultación y encubrimiento. Al renunciar también su acta en Les Corts Valencianes, dejaba de estar aforada, por lo que la causa volvió al juzgado que inicialmente la llevaba y en la cual también figuran como imputados 13 funcionarios de la Conselleria de Igualdad. 

El magistrado, en la exposición razonada que elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), criticó el intento por parte del departamento que dirigía Oltra y del centro de menores de desacreditar a la víctima; cargó contra el expediente abierto por el departamento "carente de todo sentido" cuando ya había una causa judicial en marcha; y acusó a todos los cargos de ocultar los abusos. 

La última novedad en el procedimiento fue el levantamiento del secreto de una pieza abierta con el objetivo de obtener los expedientes administrativos completos relativos a la joven abusada que se encontraban en la Conselleria. Motivo por el que la Policía registró la sede de Igualdad durante ocho horas un día antes de que la exvicepresidenta dimitiera. 

Una de las defensas, la de la exdirigente de Vox Cristina Seguí, había solicitado estas diligencias y otras, como recabar las comunicaciones entre los investigados durante el tiempo en el que se desarrollaron los hechos. Sin embargo, el juez y el fiscal se han opuesto a esto último al no encontrarlo justificado. Los expedientes originales se encuentran en el juzgado y el magistrado acordó levantar el secreto parcial de las actuaciones, lo que facilita la declaración de Oltra al poder tener conocimiento de lo investigado. 

Los tiempos ahora resultan claves. Con una comparecencia en septiembre y con, probablemente, más diligencias pendientes de practicar, la proclamación de Compromís del regreso de Oltra de cara a las elecciones autonómicas es difícil que encaje con el calendario judicial –además de con otros muchos factores políticos–. Su declaración y la línea de defensa que escoja marcarán lo que suceda a continuación, con el interrogante sobre si la investigación acabará en archivo o en apertura de juicio oral, decisión que alargará cualquier plan político a corto plazo.

Caso Erial: calificación de Zaplana y apertura de juicio

El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo después de su procesamiento el pasado junio en el conocido como caso Erial junto a un total de 20 personas, entre ellas su círculo más estrecho de colaboradores y la familia Cotino. El juzgado de Instrucción número 8 de Valencia dictó el llamado auto de procedimiento abreviado, que supone el final de la instrucción y el paso previo a la apertura de juicio oral siete años después del inicio de la investigación y pasados cuatro de las primeras detenciones. 

La causa se centra en una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del que también fuera presidente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, el desvío de dinero se cuantifica en 20 millones de euros.

La magistrada, tras la instrucción practicada, considera que existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que se aprovecharon de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos o que habían ostentado a lo largo de varios años. "Junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos, obteniendo todas las partes beneficios económicos" que posteriormente fueron objeto de varios delitos. Concretamente, organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. 

Tras este auto, las defensas de los acusados presentaron recursos, tanto ante el juzgado como ante la Audiencia Provincial, pendientes de resolver. Lo que digan los magistrados de esta última resulta de importancia para comprobar de qué forma respaldan la causa. Junto a este pronunciamiento quedan igualmente pendientes el escrito de calificación penal de Anticorrupción y el auto formal de apertura de juicio oral.