Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda va más allá de su objetivo inicial y podrá comprar hasta el 100% de las viviendas de una promoción privada de vivienda de protección pública para destinarlas al alquiler. En un principio, se propuso que fuera hasta la mitad de las unidades, pero finalmente y, tras pactarlo con los promotores, se ha convenido ampliar ese porcentaje en la nueva normativa que tramita la Generalitat para regular en la Comunitat Valenciana la vivienda de protección pública, antes conocida como VPO.
Así lo recoge el decreto que regula el nuevo decreto que esta pasada semana salía a información pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Una normativa para unificar y simplificar en un mismo texto la legislación actual, pero que, además, incluye importantes novedades como la actualización de precios, la calificación permanente de las viviendas de protección pública y la eliminación de las zonas geográficas, que contemplaba la norma anterior y que distinguía el valor del módulo entre diferentes municipios.
Se trata de un texto participado con el sector y que supone la revisión de la VPO en la Comunitat tal y como venían reclamando los promotores. Y es que, su regulación y la actualización de los módulos llevaban más de una década sin revisarse, lo que había provocado cierta parálisis en la puesta en marcha de los proyectos porque en muchos casos no resultaban viables para las empresas.
Pero, además, el texto también recoge la posibilidad de que la Administración valenciana pueda comprar finalmente toda una promoción privada con esta calificación con el fin de destinar esos inmuebles al mercado del alquiler. Ello no quiere decir que tenga que comprar todos las unidades, sino que podrá hacerlo en función de las necesidades que se detecten, pero siempre tendrá esa posibilidad. Además, solo podrá adquirir viviendas en los desarrollos que se encuentren ubicados en municipios incluidos en una de las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), es decir, aquellas localidades en las que hay una oferta insuficiente para satisfacer la demanda existente, así como en zonas en riesgo de despoblación.
Según la norma publicada en el DOGV, la reserva se efectuará durante el proceso de obtención de la calificación provisional de la promoción y podrá ser de hasta el 50% de los inmuebles. La resolución se notificará "de manera expresa y fehaciente" al promotor y en ella se señalará el porcentaje y las viviendas sobre las que se ejercerá la reserva, así como el importe a satisfacer con indicación de la partida presupuestaria y las razones que justifican la futura compra.
Una vez se obtenga la calificación definitiva de los inmuebles, se procederá a formalizar la adquisición mediante la escritura pública. La Generalitat podrá renunciar a la adquisición únicamente por causas justificadas de carácter presupuestario o debido a posibles modificaciones durante la tramitación de la calificación que supongan cambios que no permitan que los inmuebles sean adecuados para fines sociales. Los inmuebles serán arrendados a colectivos desfavorecidos o vulnerables como personas mayores, jóvenes o personas con diversidad funcional. Principalmente se dirigirán a rentas superiores a 2,5 veces el IPREM.
Otra de las novedades del decreto, como avanzó este diario, es la revisión de los precios y la eliminación de las zonas geográficas que contemplaba la norma anterior y que distinguía el valor del módulo entre diferentes municipios. De esta forma, ahora se unifican en una sola.
En cuanto al precio, el máximo de venta de las viviendas será en función de la superficie útil de cada inmueble y sus elementos vinculados. En el momento de la entrada en vigor de la norma se ha establecido en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil en caso de la promoción privada. En cambio, las que sean de promoción pública y las viviendas pertenecientes al patrimonio público se fijará en el 85% del precio máximo de venta de protección oficial, establecido en 1.530 euros por metro cuadrado.
En cualquier caso, la Conselleria podrá modificar el precio máximo de venta en función de la evolución de los costes de ejecución de materiales de los edificios cuando se produzcan variaciones anuales superiores al 5%, tanto al alza como a la baja. Una cuestión que se añade a la vista del encarecimiento actual de las materias primas, que está poniendo en apuros a las empresas con importantes sobrecostes en la construcción
