VALÈNCIA. La nueva regulación sobre vivienda de protección pública presentada por la Generalitat Valenciana allana el camino para el lanzamiento de un nuevo concurso de suelo para la construcción de 555 viviendas con esta calificación en tierras valencianas. Y más teniendo en cuenta que en esta nueva licitación se utilizarán los solares sobrantes de la primera convocatoria que la Conselleria sacó al mercado y que solo recibió dos ofertas para dos de los 13 solares que incluía porque el sector consideró que los precios no permitían la rentabilidad de los proyectos.
Ahora, con la subida del valor máximo del módulo -de 2.200 a 2.400 euros el metro cuadrado útil, anunciada por la Administración Valenciana, se genera un escenario más favorable para movilizar una mayor concurrencia con el fin de adjudicar toda la oferta pública y sacar vivienda al mercado. De hecho, tras el anuncio muchos promotores ya están tomando posiciones para, una vez se apruebe la norma, activar nuevas promociones con calificación protegida.
De este modo, el departamento que dirige Susana Camarero ultima el nuevo pliego de condiciones para esta nueva convocatoria que, a diferencia de la primera, recurrirá a la fórmula de la permuta, es decir, la entrega de suelos públicos a promotores a cambio de vivienda terminada o en avanzado estado de construcción. De esta forma, la Generalitat intercambia solares a cambio de que se le entregue, previo acuerdo y por importe un similar al valor de las parcelas, inmuebles que sirvan para ampliar el parque público.
En cambio, la primera edición se utilizó la cesión del derecho de superficie, por la cual la Administración en este caso adjudica suelos a empresas, que construyen y explotan en esas superficies las viviendas en régimen de alquiler, pero con calificación VPO por un periodo de tiempo determinado, generalmente 50 años. Pasado ese tiempo, los inmuebles vuelven a manos públicas. Se ofertaron ocho lotes con 13 parcelas, y, en primera instancia, quedó desierto, mientras que en la segunda vuelta únicamente hubo interés por dos suelos por parte de dos propuestas, una de ellas de Tizor, del grupo Cívica del empresario Enrique Ortíz, en UTE con la vasca Livanto, que no prosperó, por lo que solo sigue vigente, y en evaluación, la de la promotora Culmia.
Los lotes en cuestión eran el 1 -que incluye una pastilla para 91 viviendas en Benidorm- y el paquete 7, un suelo en València para 78 unidades. En ambos casos, los precios máximos de alquiler fijados eran 10,5 euros, los más altos de todos, un hecho que explicaría la atracción por estos terrenos. Y es que, según explicaron entonces desde el sector promotor valenciano, por debajo de estos valores "los números no salen y hacían inviables los proyectos". De ahí que estas dos parcelas fueran las que despertaron el 'apetito' empresarial, mientras que las otras se quedaron sin pretendientes.
Ahora, Vivienda, más concretamente, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), trabaja y pule el nuevo proceso de licitación con los suelos que quedaron sin ofertas. Se trata de una superficie en Xàbia, con 66 viviendas; otro en la Vila Joiosa para 33 unidades; Castelló de la Plana (121); Benifaió (40); El Puig de Santa María (81); Sagunt, 200 viviendas y València, 14. Y lo hace con el convencimiento de que se va a generar interés ante escenario diferente que propicia la nueva regulación.
Y es que desde el sector se llevaba tiempo pidiendo que se actualizaran los precios máximo del módulo de la VPO para que fueran viables los proyectos. Y eso es precisamente una de las novedades que recoge el nuevo decreto valenciano, en tramitación. Asimismo, se establece una nueva fórmula de cálculo de forma anual bajo un sistema de módulo dinámico, además de concretar el régimen de uso de las futuras promociones. Una reforma de la normativa que, a falta de aprobación, ya ha surgido sus primeros efectos: los promotores toman posiciones para desbloquear más de 1.000 viviendas VPO en València y su área metropolitana.
También el cambio de fórmula -de cesión de derecho de superficie a permutas- pretende generar un mayor interés y agilizar el proceso, dado que con esta alternativa se consigue vivienda terminada para el parque público de forma más rápida, a la vez que se promueve la actividad constructora y promotora en la región. "Las ventajas de este modelo son que, además de que amplía la oferta de vivienda de protección pública tan necesaria, la administración, local o autonómica, se beneficiará de un número de viviendas, y/o locales para servicios municipales, resultantes de la permuta, que pasarán a formar parte del parque público autonómico o municipal de vivienda para su gestión en régimen de alquiler", señalaban desde Vivienda hace unos meses en un comunicado.
Pero, además, las permutas son otro de los ejes que incluye el Plan VIVE del gobierno autonómico para la promoción de vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana a través de la colaboración público-privada.El objetivo del proyecto es construir 10.000 viviendas nuevas a través de diferentes fórmulas, pero en las que se prioriza la movilización de suelo público. Eso sí, el nuevo concurso tendrá que salir o bien después de la aprobación del decreto, que se tramita por la vía de la urgencia, o antes con los pliegos ya actualizados en vistas a que cuando se cierre la adjudicación el cambio normativo esté ya vigente.
Además, de la actualización del módulo, cabe recordar que el nuevo decreto del gobierno de Carlos Mazón para regular la VPO simplifica administrativamente el proceso e incrementa el nivel de renta máxima para acceder a una vivienda con el fin de aumentar el número de beneficiarios. También, elimina la calificación permanente de este tipo de viviendas, que solo se mantiene en las de titularidad pública, estableciendo así distintos años de protección en el caso de que sean viviendas protegidas de promoción privada, rebajando así las limitaciones para su futura venta.
Otro importante eje de la nueva normativa es la priorización que hace de los menores de 35 años y colectivos vulnerables como familias monoparentales o víctimas de violencia de género. En este sentido, se crea una nueva tipología de VPO con calificación expresa 'joven', lo que implicará que estas promociones vayan destinadas a este colectivo y a familias monoparentales.
Asimismo, con la intención de favorecer el acceso a la primera vivienda y la emancipación, cualquier promoción o edificio que se construya con calificación de protección pública deberá reservar el 40% de las viviendas para menores de 35 años, independientemente de que el promotor sea público o privado.