Pleno del Consell del pasado lunes. Foto: GVAVALÈNCIA. El nuevo Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ha eliminado de su primer proyecto de Presupuestos la famosa partida 'reivindicativa' de 1.336 millones de euros con la que el Consell de Ximo Puig inflaba los ingresos, pero, lejos de ser menos reivindicativo, ha lanzado un órdago al Gobierno al incluir en las cuentas para 2024 un déficit del 0,3%, frente al 0,1% establecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Presupuestario de 2024 enviado a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre.
El Gobierno en funciones incluyó en dicho Plan Presupuestario una previsión de déficit de las Comunidades Autónomas para 2024 del 0,1% del PIB regional. Esto, como publicó Alicante Plaza, era un balón de oxígeno en forma de más gasto autorizado para los gobiernos autonómicos, para los que en principio no se preveía ningún déficit. En el caso del valenciano, esa décima suponía unos 144 millones de euros de gasto, según el cálculo de la Generalitat.
Sin embargo, el Ejecutivo que preside Mazón ha hecho caso omiso a dicha previsión enviada a Bruselas y ha elaborado el proyecto de Presupuestos de 2024 con un déficit previsto idéntico al de 2023, el 0,3%, lo que equivale a 431,9 millones de euros. Es decir que la Generalitat contará el año que viene con 288 millones más de gasto presupuestado del que tendría si se hubiera ajustado al 0,1% comprometido por el Gobierno ante la Comisión Europea.
El Consell, que se había quejado de tener que elaborar los presupuestos "a ciegas" porque la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, no le ha facilitado las cifras de entregas a cuenta y liquidación para poder elaborarlos, reconoce en el texto del proyecto de ley que "la única referencia presupuestaria que tienen las Comunidades Autónomas es el saldo proyectado en el Plan Presupuestario para 2024 que el Gobierno de España ha remitido a la Comisión Europea, donde se prevé un déficit del 0,1% del PIB para el subsector de las CCAA".
Pero a continuación desoye tal previsión porque, según argumenta basándose en un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), limitarse al 0,1% "implicaría una minoración sustancial del gasto, situación que se ve agravada por el impacto del gasto por intereses de 2024, derivado del aumento el coste de la deuda". Por ello, "respetando el principio de prudencia", según afirma, considera "como valor de referencia para el déficit el 0,3% del PIB regional estimado".
El órdago del Gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana no supone, en principio, ninguna ilegalidad, ya que lo que el Gobierno ha enviado a Bruselas es un Programa de Estabilidad y un Plan Presupuestario, es decir, unos compromisos de cumplir unos objetivos. Pero no deja en buen lugar a la vicepresidenta Nadia Calviño ante la Comisión Europea, ya que el presupuesto de una comunidad autónoma que presentará -si se mantiene ese nivel de déficit- no se ajusta a ese plan. Además, aunque el Consell conocía el Plan Presupuestario porque se ha hecho público y está disponible en la web de La Moncloa, este año, al contrario que otros, no se había comprometido a nada porque Montero no ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar un objetivo de déficit de las CCAA para el año siguiente.
El exceso de dos décimas en el límite de déficit no se puede considerar una partida 'reivindicativa' más para inflar los ingresos, aunque de facto los eleve, porque por desgracia para la Comunitat Valenciana es una partida real que incluso se puede quedar corta.
Dicho de otro modo, el realismo del que presume Mazón en la elaboración de estas cuentas en comparación con las de los gobiernos del Botànic, tiene aquí un exponente claro, ya que el déficit de la Comunitat Valenciana, salvo que se solucione el problema de la financiación autonómica, estará más cerca del 0,3% que del 0,1%. En 2022 el déficit de la Generalitat fue del 3,11% y en los ocho primeros meses de 2023 ya alcanza el 0,51%, frente al 0,3% previsto en los presupuestos para todo el año.
Menos realistas son otras partidas incluidas en el presupuesto de ingresos. Como ya reconoció hace varias semanas el jefe del Consell –y así se ha plasmado–, las cuentas incluyen la deuda que la Generalitat le reclama al Ejecutivo central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga).
Se da la circunstancia de que el Botànic incrementó progresivamente esta cantidad en sus Presupuestos. En 2018 la cuantificó en 253 millones y, posteriormente, a partir de 2019, llegó hasta los 644 millones porque sumó lo que calificó como "Foga histórico". En las cuentas de 2023 se incrementó todavía más y llegó hasta los 800 millones. Ahora, el PP y Vox han decidido mantenerla y, de hecho, se incrementa de esos 800 a 926 millones. El Gobierno de Sánchez solo reconoce una deuda de 80 millones, menos de una décima parte.
Junto a esta partida, también figura otra de 463,72 millones como reclamación. Aparece bajo el enunciado "Transferencia compensación recaudación IVA e IEE" y, según explican desde la Conselleria de Hacienda, corresponde a una compensación por la reducción de ingresos en la Comunitat Valenciana a raíz de la reducción del IVA de la electricidad y del Impuesto sobre la Electricidad desde mediados de 2022.
LA GENERALITAT HA PLANTEADO UN REQUERIMIENTO AL GOBIERNO CENTRAL PARA QUE COMPENSE LA REDUCCIÓN DE INGRESOS POR LA BAJADA DEL IVA Y EL IMPUESTO DE ELECTRICIDAD
Se trata, indican, a una minoración de ingresos que afecta a las autonomías y la valenciana ha presentado una reclamación administrativa. En concreto, se ha planteado un requerimiento previo al Gobierno de España –que ya ha sido enviado– a la espera de que compense a la Generalitat con esas cuantías.
No es el único territorio que lo ha reclamado, ya que también lo ha hecho Extremadura (en su caso, son 20 millones de euros). La petición al Ejecutivo central consiste en se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico de los ejercicios en los que ya se aplicó la rebaja fiscal con otra liquidación sustitutiva en la que se compute el dinero que la Comunitat ha dejado de ingresar por la bajada de impuestos. Bajada que, por otro lado, fue solicitada por el propio PP a nivel nacional.
Que se sepa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de compensar a las CCAA por esas rebajas fiscales que este año se han extendido a los alimentos básicos.
