Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El PP y Vox suprimieron dos consellerias respecto al anterior Gobierno autonómico conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem como una de las primeras medidas de reducción del gasto público. Se trataba de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática por un lado y, por otro, de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
En la práctica, todas estas competencias pasaron a integrarse en otros departamentos. Transparencia y Calidad Democrática se encuentra ahora bajo el paraguas de Presidencia de la Generalitat (Carlos Mazón) y Vivienda bajo el de la vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad que ostenta Susana Camarero. Ahora, ambas consellerias eliminadas han visto recortado su presupuesto. Concretamente, Transparencia un 77% y Memoria Democrática casi un tercio. Una gran parte se debe al capítulo de personal.
Mazón decidió asumir en primera persona estas competencias que en el anterior Ejecutivo coordinaba Rosa Pérez (Esquerra Unida) y, por ende, los numerosos proyectos pendientes que dejó el Gobierno del Botànic. El presidente de la Generalitat ya anunció en verano que entre ellos se encontraban las 421 exhumaciones de fosas de víctimas de la guerra civil y la dictadura en Castelló, Alicante y Paterna (Valencia). Horas antes de dejar el Consell, Esquerra Unida firmó la adjudicación de las excavaciones como una manera de blindarlas. Algo que ahora tiene que asumir el nuevo Gobierno y que Mazón ya afirmó que mantendrá.
Ahora, en el presupuesto se comprueba que efectivamente se da continuidad a importantes cantidades destinadas a estos proyectos, pero se reducen otras actuaciones y subvenciones. La comparativa global entre las cuentas de 2023 y 2024 –y que incluye tanto memoria democrática como fomento del autogobierno– deja la cifra de un 25,5% menos. Pasan, así, de 6,6 millones a 4,97 el próximo año.
En el caso de las líneas concretas de actuaciones y subvenciones bajan un tercio. De los casi tres millones a los dos. La investigación y estudio en materia de identificación de víctimas de la guerra civil y el franquismo, con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio) como beneficiaria, se mantiene en los 600.000 euros, al igual que en 2023.
Las actuaciones de apertura de fosas, exhumaciones y acciones en cumplimiento de la ley (con ayuntamientos, mancomunidades y entidades y asociaciones sin ánimo de lucro como beneficiarios) contarán con 300.000 euros frente a los 550.000 de 2023.
Las acciones en materia de memoria democrática dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro –para la puesta en valor de los lugares de la Memoria y la retirada de los vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura– tendrán 490.000 euros –60.000 menos que este año–.
Las actividades de promoción y difusión se mantienen en las mismas cantidades, mientras se reducen algunas subvenciones a universidades, a la coordinadora de asociaciones de memoria democrática de la Comunitat o a À Punt por producción audiovisual –que deja de recibir 90.000 euros–. Desciende igualmente la línea dedicada al desarrollo del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática (IVMD), con sede en Alicante. Pasa de los 382.000 euros de este año a los 191.000 de 2024.
En cuanto a Transparencia, el recorte en términos globales es de un 77%, de los 9,4 millones de 2023 a los 2,07 millones de 2024. La gran mayoría de esas cantidades, tanto este año como el que viene, van a parar al capítulo I (personal), si bien es cierto que para el próximo algunas líneas se reducen –aunque no sea en grandes cuantías–. Así ocurre con las becas de especialización profesional en Transparencia y Buen Gobierno dirigidas a jóvenes con titulación universitaria; con el fomento de las actividades de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana en materia de Transparencia y Buen Gobierno; o con el fomento de la Transparencia y el Buen Gobierno en el ámbito local.
En cuanto al Consejo Valenciano de Transparencia, se mantiene prácticamente en el mismo presupuesto (442.000 euros). Cabe recordar que la nueva ley de Transparencia del Botànic cambió la composición, dedicación y salario de sus miembros, que pasaron a tener dedicación exclusiva en el órgano con un sueldo equiparable al de un director general. Esta novedad ya supuso que triplicara su presupuesto para este año, algo que se repite en el que viene.
Respecto a la Oficina de Conflicto de Intereses, –aquella encargada de determinar las incompatibilidades y conflictos de los cargos públicos del Consell–, sube su presupuesto. Así, pasa de los 677.000 euros de 2023 a los 912.000 de 2024. La subida se debe al incremento en el capítulo de personal.
En el apartado de incrementos, aparece el del 9,3 % en los recursos destinados a políticas de fomento del autogobierno "para nuevas colaboraciones relacionadas con el derecho civil valenciano y potenciar las señas de identidad", tal como destacó el director general de Transparencia y Participación, José Tárrega.
