El Consell mantiene por ahora a la actual plantilla de À Punt y elimina el límite legal de presupuesto

VALÈNCIA. La nueva de la ley de À Punt impulsada por el PP y Vox desde Les Corts introduce varios aspectos en el apartado de personal que resultan de relevancia y que se irán comprobando los próximos meses. Lo que de momento establece es que se mantendrá (al menos por ahora) a la actual plantilla de la radiotelevisión valenciana, conformada por casi 500 trabajadores, y que éstos se subrogarán al ente público que se crea. 

La norma que pasará a regir À Punt cambia totalmente la estructura de la sociedad y la dirección. Se fusionan las dos actuales: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) –la sociedad mercantil en la que se incluye el grueso de la plantilla de la radiotelevisión– y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) –la entidad encargada de la gestión del servicio público–. Así, la forma jurídica pasa a ser la de sociedad anónima pública, que se denominará Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), y estará adscrita a Presidencia.

Con ello desaparece el Consell Rector de la Corporació (el máximo órgano de gobierno y administración). En su lugar, se crea un Consejo de Administración al uso, al estilo del de Canal 9, y una dirección general ejecutiva. El Consejo estará conformado por un total de ocho miembros (entre ellos el presidente), siete escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que preside el PP y donde no está Vox. 

En Les Corts tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta pueden dar luz verde en solitario los partidos de Gobierno. A corto plazo, por lo tanto, el PP y Vox se aseguran el control del órgano directivo de la radiotelevisión si no existe pacto con la izquierda. 

A ello se añade que habrá una figura de director general, que tendrá el poder ejecutivo. Será nombrado por el Consell a propuesta del Consejo de Administración también por un periodo de cinco años. 

De este modo, todo pasará a depender ahora de un Consejo, que será elegido una vez aprobada la ley. La intención del PP y Vox es que la norma obtenga luz verde antes de que finalice el actual periodo de sesiones en julio. A partir de ahí, se constituirá el Consejo en el plazo máximo de un mes y, luego, deberá aprobar en un plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), con el procedimiento establecido en la ley.

En cuanto salga adelante la citada RPT, se suspenden los procesos de selección de personal de las distintas ofertas de empleo que estaban en marcha en este momento. Esto significa que se suspenden las oposiciones, las cuales se encontraban en este momento en un limbo puesto que estaban convocadas pero sin fecha. 

Con la nueva RPT, se realizará la subrogación de los trabajadores que proceden de las antiguas sociedades. La ley contempla la conservación del estatus laboral del personal ya contratado actualmente por À Punt: "La CACVSA se subrogará en la misma posición jurídica que ostentaban las extintas Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SMCV) en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral, convencional o extra convencional, y de seguridad social de los trabajadores. Se respetarán en todo caso la categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos adquiridos por el personal mencionado, así́ como sus derechos sociales. En consecuencia, el personal laboral que presta sus servicios en la CVMC y la SAMC se adscribirá a la CACVSA en la mismas condiciones y derechos de los que eran titulares".

Ya con todo esto realizado, se deberían convocar en teoría las nuevas oposiciones. Los cálculos más optimistas apuntan a que se podría hacer en dos años. Las experiencias anteriores y cómo se suelen ralentizar estos procedimientos hace pensar que se alargará más. 

El anuncio de la suspensión de las pruebas selectivas hasta que se completara el proceso del nuevo ente ha despertado reacciones contrastadas. Hay que tener en cuenta que la primera estimación es que se hubieran realizado en otoño de 2023. Hace apenas unas semanas, tras las preguntas realizadas por este diario, desde el Consell apuntaban al último trimestre de este año. Unió de Periodistes, ahora mismo el ente que de manera más enérgica está pidiendo que se acelere el proceso de oposiciones, lamentaba que "esta decisión, más allá de sus posibles responsabilidades e incompatibilidades jurídicas, genera un gran malestar para los cerca de 800 inscritos en estas pruebas, la principal Oferta Pública de Empleo para periodistas en los últimos quince años, un mayor desequilibrio en los baremos de estos futuros exámenes, así como incertidumbre y temporalidad para la actual plantilla de la radiotelevisión pública".

La única manera de "salvar" las pruebas sería que el Consell Rector actual, de mayoría progresista y vigente al menos hasta que se apruebe la nueva ley, pusiera fecha a las pruebas convocadas, lo que daría un respaldo jurídico a los que defienden la vigencia de las convocatoria de las oposiciones. En todo caso, no se espera que suceda.

Cada mes que pasa sin que se celebren (apunta la Unió de Periodistes) aumenta la diferencia en la puntuación entre las personas que están trabajando de manera interina en À Punt y las que no, aunque estén trabajando en otro medio de comunicación.

Por otro lado, varios sindicatos de À Punt defienden que la vigencia de las oposiciones ha caducado, ya que desde su creación, hace ya casi seis años, toda la plantilla se ha ido cubriendo a partir de bolsas de trabajo, lo que sería un abuso del trabajo temporal público. Algunos sindicatos proponen que se sustituyen las oposiciones por un concurso de méritos; otros que directamente se lleve a cabo un proceso de fijeza de los puestos temporales.

El mismo comité de empresa está divido. CCOO e Intersindical, mayoría en el órgano de representación sindical, abogan (al igual que el Consell Rector) por mantener las oposiciones. CGT, UGT y CSIF, quieren la suspensión de las pruebas. Estos sindicatos intentaron promover un escrito para instar al Consell Rector a que se suspendieran las pruebas, pero al no salir adelante, decidieron promover denuncias individuales. El Consell Rector anunció entonces que el plan de los oposiciones seguía adelante. Hasta el día de ayer.

Sin obligación de presupuesto mínimo

Al margen del tema de personal, otro de los puntos relevantes de la ley es el del presupuesto, y que simplifica en dos párrafos. "La CACVSA se financiará con cargo a los intereses y rendimientos de las actividades que realice y, en su defecto, al Presupuesto de la Generalitat. La financiación de la actividad de la CACVSA se complementará entre la comercialización y venta de sus productos, la participación en el mercado publicitario, tratando de alcanzar cada vez mayor capacidad de autofinanciación, y los fondos consignados en los Presupuestos de la Generalitat". 

La nueva norma elimina, así, los límites legales de presupuesto que tenía la anterior, y en la que se especificaba que las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público "se consignarán en los presupuestos de la Generalitat y nunca podrán suponer un importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos".

Realmente, el Botànic no cumplió casi nunca ese mínimo legal. Lo hizo por primera vez en 2023. Desde luego, nunca llegó al máximo. El PP y Vox establecieron a su llegada que el máximo sería el 0,3%, pero ahora van más allá y suprimen ese límite legal. 

Lo que está claro es que uno de los objetivos del nuevo Consell es reducir su aportación presupuestaria al ente. El problema es que, con el mismo número de trabajadores y el mismo gasto operativo para poner en marcha el servicio público, la única manera de recortar el presupuesto es en las partidas de producción externa.

Por otra parte,  desde Unió de Periodistes señalaron en su valoración de la nueva ley que fomentaba un nuevo libro de estilo: "el libro de estilo actual de À Punt está consensuado, y expresa las dudas que genera la creación de un nuevo libro de estilo en sustitución del actual, además, por un órgano elegido por los representantes políticos", explica el ente en un comunicado.

El sector audiovisual, a la expectativa

Por su parte, las asociaciones de productoras han reaccionado de manera diferente. Por una parte,  desde Avant, la asociación empresarial mayoritaria del sector audiovisual valenciano, reivindican "desde la creación de À Punt, recursos suficientes para fomentar la calidad del audiovisual, la creación de trabajo, el fortalecimiento del tejido industrial y el retorno a la sociedad de la inversión que se realiza en los medios públicos. Un cambio legal que refuerce este objetivo común encontrará en el sector un eco inmediato". 

Y añaden: "En Avant entendemos que cualquier cambio de rumbo debe apostar por una producción sostenida por las empresas de la Comunitat Valenciana y que aporte contenidos de creciente calidad a la programación de À Punt. Contenidos mejores y más ambiciosos van a revertir en mayores ingresos publicitarios. Debe tener en cuenta, también, el fomento de la cinematografía en todos sus géneros, estándar de las producciones e industria valenciana, tanto en el resto del estado como internacionalmente".

Finalmente, advierten que, desde la asociación, seguirán "activamente el desarrollo del trámite parlamentario con el deseo de que cualquier cambio legislativo se nutra del mayor consenso posible. En Avant ofrecemos la experiencia, el trabajo y la sensibilidad de nuestras empresas productoras a la totalidad de los grupos parlamentarios en este proceso legislativo que inicia la propuesta del PP y Vox".

Por otra parte, Productors Audiovisuals Valencians (PAV) también ha remitido un escrito en el que aplauden la simplificación de los dos entes en uno único: "La nueva ley también debería permitir ganar en agilidad administrativa y eficiencia económica, lo que debería verse reflejado en una apuesta total por el sector audiovisual valenciano. Del mismo modo, consideramos que el nuevo modelo debería contribuir a invertir mucho más en la producción de contenidos y a ofrecer una mayor calidad de la rejilla de programación". Y añaden: "Los productores audiovisuales valencianos deseamos que se apruebe la mejor de las leyes para el que debe seguir siendo el más importante motor del audiovisual valenciano, la radiotelevisión pública valenciana".