El president Ximo Puig y el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: GVAVALÈNCIA. El "control financiero permanente" es una modalidad de control del gasto de las administraciones menos riguroso que la "fiscalización previa" a cargo de la Intervención General, sea la del Estado (IGAE) o la de Comunidades Autónomas como la valenciana (IGG). Cuando estalló la pandemia, se decretó el estado de alarma y los funcionarios se quedaron en casa, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió sustituir la función interventora por el control financiero permanente "de forma temporal y excepcional" hasta que el normal funcionamiento de los servicios fuera restablecido. El Consell de Ximo Puig hizo lo mismo. La medida se aplicó tanto en la administración general como en
La duración de ambas medidas, sin embargo, no fue la misma en lo que respecta a la comprobación material de las compras o inversiones, según revela la Sindicatura de Comptes en su informe de la Cuenta General de la Generalitat valenciana de 2020. Eso significa que el control del gasto de la Generalitat en lo que a compras e inversiones se refiere fue menor.
Así, según el departamento que dirige Vicent Cucarella, en el caso de la Administración del Estado la IGAE acordó el 20 de marzo de 2020 que los actos de recepción correspondientes a las entregas que se produzcan durante el periodo de duración del estado de alarma se podían realizar sin la asistencia de los representantes designados por la IGAE. "Una vez finalizado el estado de alarma y, por tanto, la vigencia y efectos de la citada resolución, se restableció el régimen ordinario de control correspondiente a la función interventora en el ámbito concreto de la comprobación material de la inversión", señala la Sindicatura.
El fin del estado de alarma se produjo el 21 de junio de 2020 y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado considera que ese día finalizó el régimen excepcional de contratación. No obstante, la Sindicatura de Comptes comparte, por seguridad jurídica, la opinión doctrinal -hay división en este punto- según la cual al decretarse un nuevo estado de alarma en octubre de ese año, la excepcionalidad siguió vigente hasta la finalización de ese segundo estado de alarma, el 9 de mayo de 2021.
Para el Gobierno de Ximo Puig, ni una fecha ni la otra. La ausencia de control de la inversión, unida a la contratación excepcional por la vía de emergencia de la que también disfrutó resultaba tan cómoda, sin el incordio de los interventores, que se prolongó seis meses más respecto a la última fecha contemplada en la citada controversia doctrinal. Concretamente, el papel de la Intervención General de la Generalitat en el reconocimiento de las compras y la comprobación de la inversión continuó suspendido hasta el 1 de noviembre de 2021.
La consecuencia de esta relajación en los controles es que deberemos esperar a final de este año para conocer, vía informe de la Sindicatura de Comptes, si la Generalitat cometió alguna negligencia o exceso en la contratación entre enero y octubre del año pasado.
En el informe de 2020 fueron numerosas las deficiencias detectadas por el Síndic, una de cuyas recomendaciones era que aunque se tramiten los contratos por vía de emergencia, "debe restablecerse el régimen ordinario de control por parte de la IGG en el ámbito concreto de la comprobación material de la inversión". Una recomendación que la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler conoció el 26 de octubre, al día siguiente de firmar la resolución por la que devolvía a la IGG las atribuciones que le faltaban.
