El Consell destina una partida de 14,6 millones para reducir el consumo energético de los edificios

VALÈNCIA (EP). La Generalitat destina una primera partida de 14,6 millones de euros para reducir el consumo energético de los edificios públicos, dentro los 51 millones disponibles para la Comunitat Valenciana procedentes de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Así lo ha avanzado el conseller de Hacienda, Arcadi España, durante una reunión con el director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Antonio Torres, para abordar el desarrollo del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), informa la administración autonómica.

España ha apostado por impulsar las renovables y mejorar la eficiencia energética en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el autoconsumo, en la potenciación de las plantas solares y parques eólicos como en los edificios públicos. "La Generalitat debe dar ejemplo y todos sus edificios públicos tienen que hacer un esfuerzo de rehabilitación y eficiencia energética", ha aseverado, para lo que destinarán 51 millones de fondos europeos.

Ya está aprobado un primer paquete de 14,6 millones para avanzar en eficiencia energética en los edificios públicos. Por ejemplo, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se destinarán ocho millones para reducir en un 30% el consumo de energía a través de la instalación de placas solares.

Dentro de esta primera fase se financiarán actuaciones para mejorar la eficiencia energética del complejo administrativo Campanar de la Conselleria de Educación por de 1,8 millones de euros. También se llevará a cabo la reforma de dependencias adscritas a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda por 2,7 millones, así como la de centros sociales adscritos a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad por 1,9 millones.

En la primera fase del PIREP se establece que las actuaciones se deben ejecutar hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras el plazo de ejecución de la segunda se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Las actuaciones financiables deberán suponer, al menos, una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable, lo que se deberá acreditar mediante certificado energético.