El Congreso aprueba en comisión la Ley de Vivienda

VALÈNCIA. (EP) La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ha aprobado este jueves el informe de Ponencia de la Ley de Vivienda, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria y la abstención de PNV.

Tras superar este trámite parlamentario, el dictamen de la comisión se elevará la próxima semana al Pleno del Congreso con la idea de enviarla de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

El texto aprobado este jueves incluye finalmente cuatro enmiendas transaccionales donde figuran las rúbricas de PDeCAT y de Junts para garantizar la no invasión competencial, algo que desde varias formaciones independentistas han denunciado en la última semana.

Asimismo, y tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para desbloquear la ley la semana pasada, tanto Esquerra Republicana (ERC), como EH Bildu han retirado todas sus enmiendas 'vivas', algo que también ha hecho Unidas Podemos. En lo que respecta al resto de enmiendas de cada uno de los grupos, todas han sido rechazadas.

El PNV ha adelantado que finalmente se abstendrá en comisión, aunque el diputado Íñigo Bariandaran se ha mostrado muy crítico con la "recentralización de facto" de las políticas de vivienda y la invasión de competencial que la normativa supone. "Llevamos 45 años sin Ley de Vivienda porque el Estado no tiene título", ha apostillado.

Sin embargo, Bariandaran ha explicado que su grupo se abstendrá para negociar hasta el Pleno del próximo jueves diferentes medidas que, a su juicio, son necesarias, como es el caso de los pisos turísticos. El PSOE ya dijo que estaba dispuesto a negociar algunas enmiendas adicionales relativas a la regulación de este tipo de pisos.

Quien también se ha mostrado muy crítico con las competencias de vivienda es Ferran Bel, del PDeCAT: "Para nosotros, esto claramente es una ley genera invasión competencial", ha advertido. Para ilustrarlo mejor, Bel ha puesto de ejemplo las definiciones que establece la ley en materia de vivienda protegida o de zona tensionada, que quedarán predeterminados a nivel estatal y no podrán modificar las comunidades autónomas.

No obstante, el diputado del PDeCAT ha conseguido incluir al texto una enmienda transaccional para eliminar la obligación de que los agentes inmobiliarios tengan que suscribir un seguro de responsabilidad civil.

Sobre las críticas a la supuesta invasión competencial se ha referido la portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Pilar Vallugera, ha defendido los criterios autonomistas, pero ha advertido que estos perduran "hasta que se produce en problema" y el Estado decide intervenir.

"La ley es mucho mejor de que si no hubiera nada", ha apostillado Vallugera, quien también ha recordado que si falta regulación de los alquileres de temporada en el proyecto de ley, estos se contemplarán en otro instrumento legal del que no ha dado más pistas.

Por parte de EH Bildu, Oskar Matute ha desdeñado que la ley suponga una invasión competencial y ha reconocido que la normativa tal vez no guste a todo el mundo, sobre todo a "los fondos de inversión". Eso sí, ha dicho que tampoco era el propósito de su formación encontrar el beneplácito de estos fondos.

En definitiva, Matute ha defendido que la ley sitúa a la vivienda como un derecho y no un patrimonio y da todas las herramientas necesarias a comunidades autónomas y ayuntamientos "para hacer algo" en materia de vivienda.

La portavoz de vivienda de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha sido taxativa: "La ley cumple la Constitución". Además, ha apostillado que la norma implica "un cambio de paradigma" en la vivienda porque se aborda como un derecho y se basa en una política pública y no económica.

También ha tenido tiempo para referirse al reciente anuncio de Pedro Sánchez para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, algo que celebra pero, ha recordado, a los que los socialistas han votado en contra en varias ocasiones.

Por último, el diputado del PSOE, Vicent Manuel Sarrià, ha subrayado que se trata de la primera ley por el derecho a la vivienda en democracia, y ha asegurado que esta cumplirá con el mandato constitucional y dará "cobertura y seguridad jurídica".

Además, ha ensalzado que la norma impulsa los parques públicos de vivienda pública y se prohíbe que esta pueda ser adquirida por fondos de inversión.

Del lado del PP, Ana María Zurita ha empezado cargando contra la tramitación de la norma, que ha sido así, a su juicio, con el objetivo de que Pedro Sánchez "permanezca en la Moncloa" hasta final de año.

Más allá de las formas, Zurita ha dicho que la ley "no va a servir para nada" y, además, "va a tener efectos indeseados". En esta línea, ha tachado el proyecto de ley de "propaganda" y ha avisado que el PP la recurrirá ante la Justicia cuando entre en vigor.

También ha habido un momento de bronca a cuenta de la diputada de Vox, Cristina Esteban, quien ha reprochado a los socios de Gobierno negociar la tramitación de la ley con Bildu y ERC, a los que ha tachado de "filoetarras" e "independentistas". Ante este comentario, el presidente de la comisión, el socialista Ignacio López Cano, ha pedido a la diputada de Vox no hacer este tipo de comentarios y referirse de esa manera a ERC y Bildu.

Más allá de este receso, Esteban se ha posicionado en contra de la ley por, dice, proteger la 'okupación' y ser "parcialmente inconstitucional" por invadir competencias.

Por el lado de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas ha criticado la tramitación acelerada de la última semana, que considera una práctica legislativa "incorrecta". Asimismo, ha reconocido que en España existe un problema con el acceso a la vivienda, si bien ha apuntado que este se solucionaría con más vivienda pública.

Al igual que PP y Vox, el diputado de Ciudadanos cree también que la norma asume "de facto" el fenómeno de la 'okupación' y deja a los propietarios indefensos.

La diputada y portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha llegado a decir que con esta ley se está "legalizando" la 'okupación', al introducir nuevas trabas en desahucios a personas con una situación económica vulnerable. Asimismo, ha cargado contra la definición de grandes tenedores de inmuebles y ha protestado por una supuesta invasión competencial.