El primer plató de informativos, en una fotografía de archivo.VALÈNCIA. Salir del embrollo de las altísimas tasas de temporalidad en el empleo público no está siendo cuestión fácil es según qué organismos. La ley, uniforme, tiene que servir para diferentes naturalezas, y de eso bien sabe À Punt, que teniendo a la práctica totalidad de la plantilla seleccionada a través de bolsa de trabajo desde sus inicios —hace casi cuatro años desde el inicio de las emisiones de la televisión—, no ha encontrado alivio en la OPE extraordinaria anunciada la semana pasada por parte del Consell.
El comité de empresa de la radiotelevisión pública tiene previsto aprobar hoy un documento en el que exige a la dirección que se estabilicen el 100% de los puestos que se crearon antes del 1 de enero de 2018, que serían —según cálculos hechos con fechas exactas de incorporaciones— 46 plazas. La propuesta de À Punt, sin embargo, siguiendo el criterio de los informes y las instrucciones del Ministerio para diseñar esta OPE extraordinaria es únicamente de dos plazas, según han confirmado fuentes oficiales a este diario.
¿Cuál es la diferencia de criterio para que se de este contraste? La condición básica es, en efecto, que las plazas —a pesar de haber ocupadas por personas diferentes— se hayan creado antes de 2018 y que sigan siendo temporales a 31 de diciembre de 2021. Pero el matiz importante es que las mismas instrucciones afirman que quedarían excluidas de este mismo acuerdo todas las plazas que formen parte de otra Oferta Pública de Empleo publicada y convocada. À Punt, pendiente de la estabilización de la gran mayoría de su plantilla, afirma que solo dos plazas no se incluyen en ninguna de sus convocatorias.
La diferencia de criterios y de números es difícilmente salvable: o casi todo o casi nada. El comité de empresa pide a la radiotelevisión que aproveche la legislación de esta OPE extraordinaria para estabilizar a la plantilla de manera más rápida y fácil que a través de las oposiciones regulares. Además, en este proceso los méritos y la experiencia en el puesto dan más ventaja a la persona que está ocupando el mismo. El comité de empresa pedirá, previsiblemente, que À Punt ignore el informe de la Abogacía de la Generalitat estableciendo los criterios para aprovechar al máximo esta convocatoria, alegando que es orientativo, y poniendo como ejemplo el impacto de esta OPE impulsada por el Gobierno central en otros organismos como RTVE.
Por su parte, tanto À Punt como la Generalitat creen que se deben ceñir a lo que dice el informe y las instrucciones del Ministerio y no parecen estar dispuestos a ampliar esta convocatoria más allá de las dos únicas plazas que parecen cumplir estrictamente los requisitos de la orden.
A lo largo de su mandato, Costa lo apostó todo por la audiencia, pero sin un respaldo presupuestario ni burocrático, no ha habido modelo que asentar sino situaciones que amortiguar
