Foto: EFE/ÁNGEL DÍAZ VALÈNCIA. El proyecto de decreto de criterios para garantizar menús saludables y sostenibles en los servicios de restauración colectiva y venta automática dependientes de la Generalitat no ha pasado el corte del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Así lo recoge el dictamen del órgano, donde el documento elaborado por la Conselleria de Sanidad ha recibido numerosos reparos esenciales tras las puntillas al texto previas de la Abogacía de la Generalitat, quien obligó a sacar de la norma a universidades y centros privados.
El documento, que llevaba más de un año de peregrinaje para ser aprobado, finalmente se ha quedado a las puertas del cambio de legislatura y de Gobierno con numerosas cuestiones a perfilar a ojos del órgano consultivo. Entre las más destacadas, se encuentra el no tener en cuenta el coste económico que puede suponer para empresas y Generalitat un cambio de modelo que obliga a la confección de menús con unos determinados criterios nutricionales y productos de "proximidad".
Una modificación que para el CJC es "notable y sustancial" al no tratarse sólo de "fomentar" o "impulsar" una alimentación saludable y sostenible, sino que se impone como obligatorio un modelo al establecer porcentajes mínimos en relación a los alimentos suministrados, además de establecer una cuota de productos ecológicos certificados. Con dichos parámetros, para el Jurídic resulta imprescindible un informe económico que analice cómo afecta la norma a los contratos vigentes.
"Este Consell estima la necesidad de que el texto proyectado fuera acompañado de una memoria que efectuase un análisis de la situación actual y la incidencia económica que para el sector y en los aspectos indicados supone la norma propuesta", apunta el dictamen. En este sentido, la Abogacía ya señalaba que, distintos órganos administrativos encargados de la contratación de servicios de restauración, habían manifestado un posible aumento del gasto público en estos servicios.
Por ejemplo, Educación apuntaba a la incidencia que el aumento de gasto tendría en las becas comedor, mientras que Presidencia advertía de un posible incremento del precio de los menús para las familias usuarias en un contexto inflacionista. Por su parte, la Direccion General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura, de la propia Conselleria de Sanidad, señalaba en sus alegaciones que el aumento en los menús del peso relativo de productos frescos, ecológicos y de proximidad representaría un incremento de precios para los adjudicatarios del servicio de alimentación de pacientes en los centros sanitarios.
Sin embargo, no opina lo mismo la dirección general de Salud Pública - bajo la secretaria autonómica de Ofelia Gimeno y anteriormente de Isaura Navarro. Y es que, como impulsora del decreto, ésta rechazó las alegaciones a pesar de, tal y como apunta el CJC, no gestionar servicio alguno de restauración. "Se recomienda un estudio con, al menos, cierta profundidad, de la cuestión, de si el incremento del peso relativo de productos frescos y ecológicos en los menús puede incrementar el coste del servicio", recalca. Cabe recordar que la ponderación máxima de la oferta económica no será superior al 20% sobre el total del baremo, según lo especificado.
Según las directrices, los comedores tendrán que abastecerse al menos de un 40% de frutas y hortalizas frescas de temporada en la Comunitat Valenciana y de productos ecológicos en un porcentaje de al menos un 3% del total de las compras, en unos parámetros que se han ido modificando a lo largo de las versiones. La Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de la Comunitat Valenciana (AERCOV) ya solicitó en sus alegaciones que se incrementara al menos entre 30 y 40 céntimos el precio del menú escolar con el fin de cumplir dicha norma.
En este sentido, AERCOV señala que en el caso del menú escolar el precio, que es de 4,25 euros IVA incluido, lleva congelado ocho cursos consecutivos. Según especifican, los gastos de elaborar un menú -si se incluye el personal- es de 4,24 euros IVA incluido. "El precio medio de venta del menú por las empresas es de 2,80 a 3 euros", especifican. "Estimamos que con los productos ecológicos y de proximidad nos iremos a un coste entre los 3,05 y los 3,30". Por este motivo, insisten en que el precio del menú se debería de igualar al de otras comunidades autónomas, lo que supondría que la Conselleria de Educación pagara por él entre los 4,50-4,60 euros "como mínimo", sin incluir al monitor.
Otra de las cuestiones que el órgano no acaba de ver claro sobre la norma de la conselleria de Miguel Mínguez es la obligación de que determinado porcentaje de alimentación deban ser productos ecológicos certificados, de proximidad o denominación de origen. Entiende que éstos parámetros son discriminatorios y vulneran la igualdad de trato de los licitadores infringiendo las políticas de mercado interior en la Unión Europea.
No obstante, reconoce que sí resulta admisible solicitar productos alimentarios con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas que hayan sido reconocidas (y registradas) por la Unión Europea, ya que se trata de un esquema que identifica a productos cuyo consumo se debe fomentar o proteger. Igualmente, también sería posible solicitar productos alimentarios de una localidad o provincia si se justifica en base al objetivo del contrato, como un evento de promoción turística. Por otro lado, invita a no emplear el término "proximidad" sino "circuito corto".
Además, señala lo confuso de la necesidad de adaptar los menús y la alimentación a los términos "éticas" y "culturales" al entender que son conceptos excesivamente indeterminados y abstractos y que se refieren a cuestiones tan individuales que es imposible poder garantizar la diversidad que pretende garantizar este precepto. "Recomendamos que se supriman los dos referidos conceptos", se apunta.
