Zona en la que se plantea la expropiación de varios vialesELCHE. La Junta de Gobierno ha aprobado este viernes la interposición de un recurso contencioso-administrativo para evitar pagar 1,5 millones de euros por una expropiación en Torrellano, al distar la tasación municipal de unos terrenos de ese precio, que es el que ha fijado el Jurado Provincial de Expropación de Alicante.
En este sentido, el motivo es que el mencionado jurado ha fijado el justiprecio de una expropiación rogada —es decir, solicitada por los propietarios— de 1,5 millones de euros por unos terrenos que ocupan en total 767 metros cuadrados en la pedanía ilicitana. Es un suelo urbano ocupado por viales, y por el que los propietarios pedían 5 millones de euros. Una cantidad desorbitada a juicio municipal, que tasó la expropiación en 910.251 euros según los técnicos del Ayuntamiento.
Calle del Almendro, Sin embargo al cifrar el Jurado la cantidad en más de 600.000 euros de esa tasación, el Consistorio recurrirá la decisión para evitar abonar lo que según su criterio, sería ese sobreprecio. Ya había presentado anteriormente un recurso de reposición pero fue desestimado, así que agotará esta última vía. En este caso, el asunto viene por parcelas de titularidad privada pero que a lo largo de los años se han ocupado por calles públicas a cuenta del desarrollo urbano, por lo que "lo lógico es que pasen a ser de titularidad pública porque así lo son las infraestructuras que las ocupan", explica el portavoz Héctor Díez.
Por otra parte, cabe resaltar que esta no es la única piedra en el camino que se encuentra el equipo de gobierno con expropiaciones rogadas en Torrellano. El año pasado fue condenado a expropiar por más de un millón un solar sin desarrollar en la pedanía. Un terreno en la calle La Paz, más al norte de donde ahora se plantean estas expropiaciones, que estaba catalogado como Área de Reparto DOT-120 —como también la hay en la zona de estas expropiaciones—, terrenos libres que el Ayuntamiento calificó de esta forma en 1998, reservándolos para posibles desarrollos. Al tener esa reserva, si 'caen' en una propiedad privada, no puede materializar ninguna edificabilidad, así que tiene el derecho de exigir la expropiación. Cuestión que la administración local rechazó mediante un recurso, pero que fue desestimado por el TSJCV, que acabó condenando a la administración a ejecutar la expropiación.
