Plaça de Baix / PEPE OLIVARESELCHE. Previsiblemente en septiembre se formalizará el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad. Como adelantó Alicante Plaza, Urbaser-FCC se perfilaba como la futura adjudicataria del servicio, al obtener la puntuación total de 92,65 puntos, una cifra claramente superior a los 84 de Valoriza, que había ofrecido el precio más bajo, y a Cespa, con 87,67 puntos. Ahora se ha corroborado con su propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación. No obstante, ahora la Unión Temporal de Empresas tendrá que presentar la documentación en 10 días para que se pueda formalizar el contrato, de forma que se pueda adjudicar definitivamente en septiembre.
No obstante, y según el pliego, la mercantil tiene un plazo máximo de medio año para poner en marcha el servicio, aunque desde el Ayuntamiento esperan que sea antes e instarán a ello. Además la prórroga de la actual contrata, en manos de Urbaser, está ya en su límite legal, finalizando este en septiembre, por lo que no se puede estirar más el contrato. La UTE y el Ejecutivo tendrán que buscar una solución y que la nueva concesionaria vaya introduciendo progresivamente el servicio.
En cuanto al precio del servicio, será de 28,1 millones el primer año, que es lo que ofrecieron Urbaser y FCC al presentarse conjuntamente, aunque se irá incrementando a medida que se implanten mejoras, y sobre todo el quinto contenedor, utilizado para la separación y recogida selectiva de la materia orgánica. Deberá estar ya totalmente implantado en el quinto año, con un coste de 1,9 millones de euros que se irán pagando durante el primer lustro a razón de entre 400.000 y 500.000 euros cada año. Ese quinto año el servicio costará unos 30 millones.
Por último, aunque ahora mismo las otras dos empresas que quedaban en el servicio pueden impugnar la clasificación de ofertas, lo lógico es que de hacerlo, esperen a la formalización del contrato, es decir, en septiembre, que podría ser lo que retrasara la puesta en marcha del servicio. No obstante, desde el bipartito no creen que vaya a haber ninguna alegación, y en el caso de que esta exista, tendrá visos de ser rechazada ya que defienden que ha sido un proceso garantista y, sobre todo, la puntuación de la UTE no ha sido ajustadísima, que podría dar justificar algún recurso.
