ELCHE. La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Elche ha acordado hoy, a través de una moción del propio alcalde Carlos González, presentar alegaciones contra la pretensión del Ministerio de Transición Ecológica de aumentar el caudal ecológico del Tajo, hecho que supondría una merma del 25% en los trasvases que llegan al sur de la provincia de Alicante, tal y como ha informado el portavoz del Equipo de Gobierno, Héctor Díez.
Con esta iniciativa, el consistorio ilicitano se adhiere al contenido de las alegaciones realizadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y ratifica su compromiso de respaldo al Camp d’Elx en defensa de los trasvases.
“El mensaje que queremos mandar como ayuntamiento al Ministerio de Transición Ecológica es que estas no son unas alegaciones contra unos planteamientos desde el punto de vista político. Nos hemos unido ayuntamientos de todos los colores políticos que hacemos un frente común para que el ministerio sepa que aquí el trasvase Tajo-Segura no es para llenar piscinas, es para vivir y garantizar el desarrollo socioeconómico de esta tierra. Si somos la quinta provincia de España es, en buena medida, gracias a que este trasvase que garantiza el desarrollo de la agricultura, pero también de la industria y de toda la riqueza que se genera”, ha indicado Héctor Díez.
En su moción, el alcalde Carlos González argumenta que “el regadío, gracias al esfuerzo de solidaridad interterritorial que supone el trasvase, ha dinamizado fuertemente el territorio, contribuye de forma excepcional a la cohesión y estabilidad social generando una fuerte demanda de mano de obra y favorece el intercambio comercial de productos e ínsumos, con los consiguientes flujos económicos, de consumo y ahorro”. Considera además que “incide en la renta y la economía de un territorio, los asentamientos poblaciones, en el empleo, la calidad de vida, la creación de empresas y la innovación tecnológica”.
El proyecto del Ministerio contempla un aumento del caudal de reserva ecológica del Tajo, que pasaría de 6 m3/segundo a 9 m3/segundo, lo que supondría un recorte de aproximadamente un 25% de los suministros hídricos enviados a los municipios del sur de la provincia de Alicante. En caso de llevarse a cabo este recorte, ello supondría un duro golpe para el campo ilicitano en términos de superficie cultivada, volumen de productos y empleo agrícola.
Con esta base argumental, el Ayuntamiento muestra una vez más su compromiso firme con los regantes y la problemática del agua, y defiende a uno de los sectores clave para el desarrollo socioeconómico del municipio, como lo es la agricultura.
La presentación de estas alegaciones ante el Ministerio de Transición Ecológica y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo es consecuencia del acuerdo de consenso alcanzado hace una semana en la reunión de la Comisión Provincial del Agua, de la que forman parte representantes de la Consellería de Agricultura, Diputación de Alicante, colectivos de regantes y asociaciones agrarias, organizaciones empresariales, representantes de las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura, universidades y seis Ayuntamientos de la provincia: Elche, Alicante, Benidorm, Torrevieja, Villena y Orihuela.
