Elche destinó un millón de euros a dedo en 2020 con los contratos de emergencia para la pandemia

ELCHE. Medio mundo entró en shock en marzo de 2020 con el estallido de la pandemia de covid-19 tras el primer brote detectado en China. Ese mes el Gobierno decretó el Estado de Alarma con el consecuente confinamiento de dos meses y medio para paralizar la transmisión comunitaria. Al tiempo, se aprobaron varios decretos para facilitar a las administraciones públicas actuar con flexibilidad y celeridad para hacer frente a las necesidades en municipios, provincias y comunidades. A nivel local, bajo la figura de los contratos de emergencia, que conllevaban una laxitud administrativa frente a los habituales, el equipo de gobierno destinó más de un millón de euros a estos contratos. Sobre todo en materia de alimentación, logística y material sanitario. 

En total, es una cifra de en torno a 1.099.916 euros. Precisamente estos días el Tribunal de Cuentas desvelaba que la mayoría de ayuntamientos (de más de 300.000 habitantes) no puso a nadie a controlar la ejecución de contratos de emergencia. Si bien el decreto permitía contratos discrecionales, esto no eximía del cumplimiento de ciertas medidas acordes a la Ley de Contratos, como la designación de una persona responsable del contrato encargada de supervisar su ejecución —una incidencia que afecta a todos los consistorios fiscalizados—, la justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación, la mención del objeto del contrato, el precio de adjudicación o la identidad del contratista. En el caso ilicitano todo esto se cumplió, aunque hay dudas en si se asignó a una persona responsable del cumplimiento de los servicios contratados, como reconoce el portavoz y edil de Contratación, Héctor Díez.

Sí consta que Intervención, la figura fiscalizadora municipal, estuvo al tanto de estos contratos. De hecho, al estar amparados bajo el Decreto de Alarma, a priori no se tenía que levantar reparo para el pago de la factura en estas compras directas. Pero sí ha habido justificación de los contratos, identificación de quién fue el adjudicatario, fecha y en qué consistían los servicios. "Por parte del departamento de Contratación, la justificación de la urgencia era por ejemplo que no teníamos material sanitario para la protección sanitaria, salvo alguno específico para el área de Cementerios, Recursos Humanos o herramientas del consultorio médico".

¿A quién y para qué se adjudicaron estas cantidades?

Estos contratos se firmaron desde marzo a noviembre de 2020. El más caro de ellos, de 400.000 euros, se destinó a la ampliación del servicio de atención necesidades básicas de alimentación mediante la entrega de vales entre varias compañías. Los adjudicatarios fueron Susi y Jaime SL (servicio de pedanías), Alimentación José Soler (un establecimiento en el casco urbano), Musgrave —Dialprix— (en cuatro establecimientos de la ciudad), Aldi San Isidro (servicio en dos establecimientos de la ciudad) e Hiperber Distribución y Logísticas SA, aunque no consta qué servicio concreto. El otro gran expediente tramitado fue otro de servicio de atención de necesidades básicas de alimentación a causa del coronavirus por 300.000 euros. En este caso, de nuevo a varias de las mismas compañías: Susi y Jaime, Alimentación José Soler, Musgrave y Aldi San Isidro. Y el tercer expediente más caro fue también para Hiperber por 100.000 euros para la entrega de vales de alimentos.

Después ya hay varios expedientes de menor precio, el grueso relacionados con la creación del albergue provisional del pabellón del Toscar para atender a familias en situación de extrema vulnerabilidad o personas sin techo. Por ejemplo aquí se pagaron 70.000 euros a Cáritas Interparroquial para 'alimentación e higiene dirigidos a nuevas familias afectadas por la crisis sanitaria y con la finalidad de una atención inmediata', y 17.000 por otra parte para comidas y cenas. También 18.000 euros para DYA para desayunos y meriendas. Días después, ambas entidades recibían otros 19.500 y 23.000 euros respectivamente, a los que se sumaron 5.261,08 para Autumn 24 Control para limpieza del albergue, y 1.829,52 para C.R.A.C. 24, el servicio de vigilancia. Certificaciones que se repitieron después con otras pequeñas cantidades. Por último, el 18 de noviembre, con el octavo Decreto de Emergencia para el servicio de dispositivo nocturno de atención a personas sin hogar, se firmó un expediente de 8.233 y 6.000 euros mensuales. Eso sí, hay una partida de 38.606 euros para suministro de prevención de riesgos laborales en las que no figuran los proveedores —al menos en la relación de contratos—, tan solo 'multitud de proveedores según productos a suministrar', a priori porque serían pequeñas cantidades. 

Financiado con modificaciones presupuestarias

En retrospectiva, para sufragar esta compra de alimentos y bienes de primera necesidad que después se distribuyeron a personal esencial y colectivos vulnerables, el equipo de gobierno tuvo que modificar el presupuesto de 2020 para detraer cantidades destinadas a gasto corriente, subvenciones e inversiones para orientarlas a estos contratos de emergencia al que recurrieron todos los Ayuntamientos por las circunstancias sobrevenidas. Unos cinco millones de euros. Con ellos también se repartieron las ayudas a pymes en apuros económicos.