ELCHE. Medio mundo entró en shock en marzo de 2020 con el estallido de la pandemia de covid-19 tras el primer brote detectado en China. Ese mes el Gobierno decretó el Estado de Alarma con el consecuente confinamiento de dos meses y medio para paralizar la transmisión comunitaria. Al tiempo, se aprobaron varios decretos para facilitar a las administraciones públicas actuar con flexibilidad y celeridad para hacer frente a las necesidades en municipios, provincias y comunidades. A nivel local, bajo la figura de los contratos de emergencia, que conllevaban una laxitud administrativa frente a los habituales, el equipo de gobierno destinó más de un millón de euros a estos contratos. Sobre todo en materia de alimentación, logística y material sanitario. 

En total, es una cifra de en torno a 1.099.916 euros. Precisamente estos días el Tribunal de Cuentas desvelaba que la mayoría de ayuntamientos (de más de 300.000 habitantes) no puso a nadie a controlar la ejecución de contratos de emergencia. Si bien el decreto permitía contratos discrecionales, esto no eximía del cumplimiento de ciertas medidas acordes a la Ley de Contratos, como la designación de una persona responsable del contrato encargada de supervisar su ejecución —una incidencia que afecta a todos los consistorios fiscalizados—, la justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación, la mención del objeto del contrato, el precio de adjudicación o la identidad del contratista. En el caso ilicitano todo esto se cumplió, aunque hay dudas en si se asignó a una persona responsable del cumplimiento de los servicios contratados, como reconoce el portavoz y edil de Contratación, Héctor Díez.