El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los vicepresidentes Aitana Mas y Héctor Illueca. Foto: GVA VALÈNCIA. Cómo inflar los ingresos. Ese es, prácticamente, el principal –y no menor– escollo para que PSPV, Compromís y Unides Podem cierren un acuerdo definitivo para los Presupuestos de 2023. La negociación en este punto lleva bastantes días encima de la mesa y, hasta última hora de ayer jueves, no se había alcanzado un punto común. Pese a ello, todos los partidos dan por hecho que habrá pacto salvo que la cosa estalle repentinamente. La previsión es que se anuncie este viernes, pero sin que las cuentas se hayan todavía aprobado en el pleno del Consell. Para ello se celebrará, salvo imprevistos, uno extraordinario el lunes. Jornada en la que se daría luz verde, se entregarían en Les Corts en tiempo y forma, como es tradicional, y se realizaría la rueda de prensa de presentación.
Las negociaciones no han contado este año con excesivo ruido público. Lo que no quiere decir que no hayan existido discrepancias entre los socios. De hecho, éstas se han producido hasta el último momento, si bien no hay intención de presentar los Presupuestos fuera del plazo legal como sí ocurrió en 2021 ni se ha querido que el enfrentamiento se retransmitiera en los medios de comunicación. "No ha llegado la sangre al río", resumen algunos.
Las posiciones iniciales entre PSPV y Compromís han estado alejadas en los ingresos, una discusión recurrente. Ya sucedió también hace un año, cuando la fórmula del Consell para cuadrar las cuentas de 2022 y mantener el incremento del gasto fue la inclusión de dos partidas llamadas "reivindicativas". De un lado, 1.000 millones de euros en ingresos no garantizados basados en los fondos extraordinarios del Estado para paliar la crisis de la covid y con los que la Generalitat iba a dejar de contar. De otro, los ya tradicionales 1.336 millones que el Consell mete año tras año para compensar la infrafinanciación por el retraso en la reforma del sistema. En total, 2.336 millones que no están respaldados con transferencias reales del Estado.
Para 2023 habrá que comprobar de qué manera figuran. La partida relativa a la infrafinanciación se da por descontada, pero en la de los (no) fondos covid es donde viene la mayor discrepancia. Mientras el PSPV no lo ve con buenos ojos, Compromís y Unides Podem quieren que esos 1.000 millones sin llegada asegurada se metan. Fuentes del Consell indican que se trabaja en llegar a un término medio entre ambas posiciones.
Desde Compromís creen que "no se puede hacer un Presupuesto equilibrado". En el PSPV preocupa el mensaje. La intención de los socialistas, transmitida por la Conselleria de Hacienda que dirige Arcadi España, es que las cuentas tengan un crecimiento sostenido. Y que éstas se muevan en ciertos equilibrios entre la situación económica actual, que no invita a un gran crecimiento del gasto, y a que se trata de las cuentas del año electoral, que han de tener buena venta para los sectores sociales clave.
En definitiva, el juego de partidos de siempre y al que se suma, en este tipo de negociación, el interno de cada Conselleria, que quiere ver incrementado el dinero para implementar sus políticas.
Lo que ocurre este año es que se añade dos elementos. Uno, la subida de sueldo a los funcionarios hasta un 3,5% aprobada por el Gobierno central, lo que repercutirá en el capítulo 1 de gastos de personal en todas las consellerias. Otro, la inflación, la subida de tipos y el aumento de los precios de la energía, que afectará al capítulo 2 de gastos corrientes de las cuentas.
El de gastos de personal es el que lleva especialmente de cabeza a las formaciones al distorsionar todo lo demás. El incremento por departamento es muy sustancial y supone que los presupuestos tengan que aumentar ya de entrada obligatoriamente si no se acometen recortes en otras partidas. Fuentes del Ejecutivo autonómico remarcan que existe un entendimiento entre lo socios en cuanto al crecimiento de las cuentas en términos globales, pero que efectivamente falta por perfilar este capítulo 1. También el de los fondos europeos del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
Aparte está la famosa carta a los Reyes Magos de las Consellerias. Como informó Valencia Plaza, todos los departamentos que conforman el Gobierno valenciano solicitaron un aumento de 3.000 millones de euros respecto al año pasado. Una cantidad que está lejos de los números en los que se han de mover las próximas cuentas y por la que el titular de Hacienda pidió que hubiera ajustes.
La Conselleria que más aumento reclamó era Sanidad. La cartera que ostenta el PSPV y que dirige Miguel Mínguez buscaba en su día reflejar un presupuesto que se acercara más al gasto que realmente tiene año tras año, dado que cada ejercicio proyecta unas cuentas que posteriormente, cuando se ejecutan, se quedan cortas y Hacienda debe acudir a modificaciones presupuestarias para dotarla de fondos y hacer frente a los servicios esenciales. Algunas fuentes señalan que su petición superaba los mil millones de euros y que ya habría cedido a no incluirlos porque es el único departamento que siempre puede gastar a lo largo del año fuera de presupuesto, por lo que podía recortar sus previsiones.
El acuerdo definitivo, pese a todo, parece que está cerca sin grandes sobresaltos aunque tampoco como un camino de rosas. La reforma fiscal se tuvo que negociar de manera paralela y no ha dejado a todos totalmente satisfechos sobre el modo en el que se ha articulado. En la ley de Presupuestos de 2023 se incluirá la subida de impuestos a las rentas altas que constará de un incremento del IRPF para las rentas a partir de 77.000 euros; un aumento del impuesto de Patrimonio en 0,25 puntos para aquellos patrimonios sometidos a tributación superiores a 1,3 millones de euros –sin contar la vivienda habitual–; y un nuevo tipo del 11% en lugar del 10% en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compras de inmuebles por valor superior a un millón de euros.
Además, este pacto del tripartito cuenta en esta ocasión una lectura política adicional. Para Compromís, será la manera de dar por zanjada su crisis en el seno del Consell tras la destitución de la responsable de Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà, por parte de la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas. Una imagen de estabilidad y de unidad del Ejecutivo en las cuentas ayudaría a rebajar el incendio generado estas pasadas jornadas aunque en Iniciativa –la pata de la coalición a la que ambas pertenecen– dure más.
