VALÈNCIA. La llegada de la Ley de Acompañamiento cuando se acerca el último trimestre del año es sinónimo de reforma de la ley de À Punt. Desde que se aprobó la norma de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en 2016 no ha pasado un solo año en que los grupos del Botànic no hayan modificado alguno de sus artículos. La mayoría, aquellos que afectaban al presupuesto, como el del tercio de personal. Este año, no será una excepción.
PSPV, Compromís y Unides Podem tienen previsto abordar a la vuelta de las vacaciones estivales un cambio que ya ha estado sobre la mesa en un par de ocasiones, pero que no ha llegado nunca a pactarse por las discrepancias que existen en el tripartito: la fusión de Societat y la Corporació de la radiotelevisión pública.
Como años anteriores, la negociación no se presenta sencilla. Los partidos del Consell tienen claro que deben unir las sociedades sí o sí, pero no hay un acuerdo sobre cuál sería la fórmula adecuada. Mientras PSPV y Compromís abogan por que À Punt quede constituida únicamente como una Societat, Unides Podem prefiere que sea una Corporació. ¿El motivo principal? La figura de los trabajadores.
En la Societat los empleados de la televisión valenciana serían laborales, mientras que en la Corporació, según explican fuentes parlamentarias del Botànic, serían funcionarios. De manera que los morados prefieren esta figura para "ofrecer mayores garantías laborales a los trabajadores" del ente. Una fórmula bajo la que, a juicio de los socialistas, sería más complicada la movilidad de los empleados.
Problemas jurídicos
Esta modificación legal ha sido demandada en varias ocasiones desde que se constituyó À Punt. Los primeros en reclamarlo fueron su expresidente Enrique Soriano y la exdirectora Empar Marco. Ambos coincidían en que la doble estructura había generado "deficiencias" en varias ocasiones y especialmente en el presupuesto.
De hecho, la radiotelevisión valenciana no aprobó a tiempo sus cuentas de 2018 por las discrepancias que surgieron entre la Generalitat y la CVMC. En concreto, la Intervención de la Generalitat Valenciana reclamaba al ente en su informe de auditoría que devolviera los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año anterior a la Generalitat. Una cantidad que la Corporació traspasó a la Societat -que es la que gestiona el grueso del presupuesto, dedicado en buena parte a personal- y que, los gestores entendían, por tanto, ejecutados, ya que el dinero se había transferido a la SAMC y ya no 'disponían' de él.
Sin embargo, la Generalitat no lo entendía así y advirtió al ente presidido por Soriano entonces que lo no ejecutado debía devolverse. Con todo, tras las disparidad de criterio, À Punt pidió que ese dinero se descontara de los fondos del siguiente ejercicio y no devolverlo con los de aquel año. Escenario al que el Gobierno valenciano se negó.
Con este telón de fondo, el PSPV estuvo examinando la normativa para modificarla a través de la Ley de Acompañamiento de 2020 para evitar que situaciones así -con amonestación de la Intervención incluida- volvieran a repetirse. Sin embargo, terminó descartándose dada la complejidad jurídica que conllevaba, pues los socialistas deberían haber resuelto a través de una simple enmienda cómo traspasar el personal de una entidad a otra, entre otras cuestiones.
Al tratarse de empleados eventuales, se podría haber rescindido su contrato y haber sido contratados acto seguido por la Corporació, pero el Botànic también se exponía así a que algún trabajador denunciara a la empresa por despido improcedente. El método empleado, además, hubiera sorteado el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que sí informa cuando la propuesta va incluida en un proyecto de ley aprobado por el Consell.
A esto, además, se sumaba uno de los mayores problemas que ha dado la existencia de la doble estructura: la duplicidad en términos contables. Una de las soluciones estudiadas era que la Corporació presentara un presupuesto consolidado -pero sin modificar las estructuras-; y otra, fusionar ambas sociedades cuando se convocaran las oposiciones para aprovechar la finalización de los contratos (si bien algunos de ellos ya se encuentran en prórroga porque fueron firmados en diciembre de 2017 y tenían una duración de tres años).
El dilema de la dirección
La intención ahora de nuevo es tratar de retomar esta fusión. Lo primero sobre lo que habrían de ponerse de acuerdo en el tripartito es si hacer los cambios legales a través de la ley de Acompañamiento de 2023 -herramienta que no termina de convencer a Compromís ni Unides Podem y que serviría para modificaciones más sencillas pero que no sería la más apropiada para abordar algo así y mucho menos rehacer la normativa de la CVMC-, o si hacerlo a través de la subcomisión de reforma de la ley de À Punt. 
Una vez abierto el melón de mercantil o Corporació, en el Botànic surgen más frentes y dudas: la primera, qué ocurriría con la figura del director general si la balanza se decantase de un lado u otro. Y existen opiniones de todo tipo: los socialistas advierten que en caso de que quedase constituida como una Corporació, la figura de la dirección general desaparecería y sería la presidencia del ente la que asumiría todas las funciones que ahora mismo Costa tiene en sus manos. Un escenario que tendría como principal consecuencia que no se hiciera concurso para elegir al sustituto del actual director una vez venza su mandato en febrero del próximo año.
Sin embargo, en Unides Podem señalan que si se fusionaran y quedara tan solo la Societat, sí se mantendría el director general pero, a su vez, habría que repensar si requerirían de un Consell Rector como el actual o si, por el contrario, habrían de reducirlo dado que ahora ya están constituidos el Consejo de la Ciudadanía y el Consell Audiovisual.
Reforma integral
Una serie de modificaciones de la ley que ya no serían puntuales y que, con toda probabilidad terminarían abocando a PSPV, Compromís y Unides Podem a negociar los cambios en la subcomisión de Les Corts donde, además, deberán pactar con PP, Ciudadanos o Vox si quieren que alguna variación salga adelante.
En cualquier caso, el dilema también afectaría a las oposiciones de À Punt. No en vano, en función de la fórmula elegida, los trabajadores tendrán una figura laboral u otra. Y todo esto con la previsión de publicar la convocatoria de las oposiciones de la Societat en diciembre de este año.
Aitana Mas, Ximo Puig y Héctor Illueca. Foto: GVA
