Los ediles de Alicante, en un momento del pleno, celebrado de forma telemática.ALICANTE. No habrá comisión de seguimiento sobre el proceso de redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para la ciudad de Alicante capaz de sustituir al planeamiento aprobado en 1987. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este jueves la propuesta formulada por el grupo municipal de Compromís para que se constituyese dicha comisión, con los votos del equipo de gobierno (el bipartito compuesto por Partido Popular y Ciudadanos) y Vox tras un cruce de reproches entre el eje del centro derecha y el eje progresista sobre la responsabilidad en el retraso en la actualización de ese planeamiento urbanístico.
En primer término, el portavoz de la coalición valencianista, Natxo Bellido, ha defendido la conveniencia de la creación de ese grupo de trabajo "como elemento de búsqueda de consensos" en la elaboración de un documento clave para el futuro de la ciudad. En este sentido, ha recordado que la redacción de un nuevo Plan General fue uno de los compromisos clave compartidos por todos los partidos durante la campaña electoral de 2019, junto a la renovación de las grandes contratas (limpieza viaria y recogida de la basura y servicio de transporte público en autobús). Así, ha señalado que la situación de esas licitaciones sigue bloqueada, con la concesión de sendas prórrogas, aunque sí ha reconocido que, como mínimo, la Concejalía de Urbanismo sí ha trazado un calendario por el que se trataría de presentar un documento de alcance para que pueda ser evaluado por la Generalitat antes de que finalice el mandato actual, en 2023. En esta línea, ha considerado que la comisión serviría para compartir el debate sobre las necesidades de planificación para diseñar "una ciudad compacta", una vez superadas las dificultades en las que se vio envuelto el último intento para trazar un nuevo PGOU, en alusión indirecta a la investigación derivada del caso Brugal.
En el debate, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que la comisión podría ser positiva para impulsar la redacción de ese nuevo planeamiento. No obstante, ha anticipado su voto en contra al señalar que la propuesta partía de un planteamiento equivocado, ya que, a su juicio, no podía plantearse una comisión pública abierta a la participación puesto que la elaboración de un PGOU debía abordarse con las debidas prevenciones sobre la difusión de información.
El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, por el contrario, ha reivindicado la posibilidad de participación pública en la elaboración de ese PGOU y ha aprovechado para expresar su rechazo a las decisiones que ya ha adoptado el equipo de gobierno para externalizar algunos de los trabajos previos necesarios para completar ese documento de alcance.
Por su parte, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha sostenido que el bipartito cree en "la transparencia" en la tramitación del documento y ha considerado necesario que se haya optado por externalizar algunos de los trabajos previos para la elaboración de ese documento de alcance. "Son informes muy concretos para poder determinar de manera aséptica cuáles son las necesidades de la ciudad y vamos a darle transparencia", ha dicho. Además, ha señalado que esa hipotética comisión "debía ser sensible con las prevenciones del traslado de la información sobre ese futuro planeamiento" y que, en todo caso, debería limitarse a abordar cuestiones relacionadas con la tramitación del documento. De igual modo, ha señalado que "ya existen otros mecanismos de participación pública", con lo que ha anticipado su rechazo a la propuesta de Compromís. En todo caso, ha asegurado que la voluntad de PP y Cs es seguir "el mismo procedimiento que se mantuvo respecto a la redacción del catálogo de protecciones, en el que se buscó el mayor consenso posible", ha concluido.
La edil del PSOE, Trini Amorós, por su parte, ha lamentado que el compromiso de todos los partidos de impulsar un nuevo PGOU no se hubiese abordado "desde el minuto uno del mandato". Así, ha insistido en la necesidad de que la redacción de ese planeamiento se aborde desde el consenso "porque esto no va a ser un trabajo que vaya a zanjarse en este mandato".
En la réplica, Bellido ha cuestionado a Pérez sobre cuáles pueden ser sus temores. "Necesitamos una vacuna de transparencia porque venimos de donde venimos y necesitamos el consenso", ha incidido. "Debemos darle a este tema la importancia que requiere, lo que pedimos es aprovechar el final del mandato", ha incidido. "No he venido aquí a hablar del pasado mandato ni a criticar a nadie, como ha hecho usted asegurando que su predecesora en Urbanismo, la señora De España, no hizo nada", ha recalcado. López ha abundado en ese argumento al insistir en que "si estamos en esta situación es por la judicialización del proceso de revisión precedente". "Esta ciudad existía antes de 2015, así que no creo que se pretenda responsabilizar a la etapa de gobierno progresista", ha insistido.
El edil de Urbanismo ha replicado que "la judicialización del anterior proceso la propiciaron ustedes". "Del PGOU, ustedes tuvieron tres años para llevar adelante el proceso y no hicieron ni un informe sectorial; la señora De España se encargó de montar la Oficina del PGOU que ustedes vaciaron", ha asegurado. "Nosotros tenemos la intención de sacar adelante ese PGOU y estamos trabajando desde el principio del mandato, además de promover modificaciones puntuales en paralelo", ha explicado. En este sentido, ha incidido en que a ese proceso "se va a dar la transparencia que hemos mantenido hasta ahora". Amorós ha cerrado el turno de intervenciones para apuntar que, al final, "llevamos tres años de mandato y no se ha hecho nada; no se salga de la línea del consenso y la transparencia y cuente con los grupos políticos porque de lo contrario este plan está abocado al fracaso", ha concluido.
Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha insistido en que, a la postre, se trata de que sobre el PGOU se hable en la comisión de Urbanismo, "que es lo suyo", o que se hable en una comisión específica. "Lo demás son fuegos artificiales", ha apostillado. De este modo, la votación se ha saldado con 16 votos en contra (los de PP, Cs y Vox) y 13 votos a favor (los de PSOE, Unides Podem EU y Compromís).
Con carácter previo, el pleno sí ha aprobado de forma inicial este jueves el reglamento que permite el desarrollo de la carrera profesional del personal municipal, comprometido con los sindicatos por el alcalde, Luis Barcala (PP), durante la campaña de las municipales de 2019. El edil de Recursos Humanos, José Ramón González, ha resumido los motivos por los que se había demorado la aprobación de la propuesta al asegurar que, pese a que el expediente estuvo preparado en noviembre de 2019, tuvo que paralizarse tras la irrupción de la pandemia del coronavirus, primero, y por un escrito de advertencia remitido por la Subdelegación del Gobierno en el que se alertaba de un posible incumplimiento por lo que respectaba al incremento salarial que implicaba la puesta en marcha de ese reglamento. Con todo, ha señalado que una sentencia judicial dictada en un procedimiento relacionado con el Consorcio Provincial de Bomberos, habría permitido desatascar su aprobación ahora. Además, ha asegurado que ya se ha incluido una primera partida presupuestaria en el proyecto de planificación económica municipal para 2022.
PP, Cs y Vox validan el reglamento para el desarrollo de la carrera profesional tres años después del compromiso alcanzado con los sindicatos durante la campaña electoral
Tanto el portavoz de Vox, Mario Ortolá, como el resto de representantes de los grupos de la oposición (Rafa Mas, por Compromís; Xavier López, por Unides Podem EU; y Llanos Cano, por el PSOE) han recriminado el retraso en la aprobación de la propuesta, aunque han coincidido en que se trata de un buen reglamento. Además, han reclamado un compromiso para que ese reglamento pueda ponerse en marcha desde este mismo ejercicio, tras apreciar que existe una partida reducida en el proyecto de presupuesto de 2022. López ha reprochado, además, que existan "imprecisiones" en ese reglamento y ha instado a González a atajarlas. Cano, por su parte, ha incidido en que la puesta en marcha del reglamento ha sido posible "gracias al trabajo de los sindicatos" y a "las presiones ejercidas por los trabajadores municipales". Además, ha replicado a González que el equipo de gobierno podía haber optado por el procedimiento por el que se optó en el Ayuntamiento de València para su aprobación. Y, por último, ha incidido en que "esto fue un compromiso que se adoptó en campaña electoral y que, de cumplirse, también se pondrá en marcha en otro periodo de campaña electoral".
El edil de Recursos Humanos ha zanjado el debate de la propuesta para asegurar que "lo importante es que el compromiso se cumple" y ha incidido en que "hay un reglamento y existe un presupuesto para ponerlo en marcha". Así, en el turno de votaciones, la propuesta ha quedado aprobada con los votos de PP, Cs y Vox; las abstenciones de PSOE y Compromís y el voto en contra de Unides Podem EU.
En el turno de ruegos y preguntas, el edil de Vivienda, José Ramón González, ha replicado a una petición formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, sobre la convocatoria de la Mesa de la Vivienda para abordar la situación de vulnerabilidad y exclusión social de la ciudadanía en el ámbito de la vivienda, que en realidad esa Mesa no ha llegado a constituirse, pese a que se anunciase durante la etapa de mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Con todo, ha señalado que el equipo de gobierno mantiene su preocupación por los procesos de desahucio registrados en la ciudad, como los que se encuentran en curso en el barrio de Carolinas.
De igual modo, González ha respondido al ruego formulado por el portavoz de Vox sobre la reparación de la pasarela volada que conecta con El Postiguet que el ayuntamiento sigue en negociaciones con el seguro municipal, ya que los daños provocados en dicha estructura fueron causados por la pluma de un camión del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS). En este sentido, ha señalado que el problema radica en que debe sustituirse toda la estructura de la pasarela, puesto que constituye una unidad, por lo que se sigue abordando una solución con la compañía aseguradora.
El edil de Recursos Humanos, González.
El edil de Urbanismo, Santos Pérez.
El portavoz de Compromís, Bellido.
La edil de Comercio, Lidia López.La edil de Comercio, Lidia López, también ha respondido a una pregunta formulada por el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, sobre qué medidas se preveía adoptar para conseguir que el sistema de bonos para incentivar el consumo en el comercio tuviese un mayor efecto para los establecimientos. En esta línea, López ha apuntado que ya se había puesto en marcha una campaña informativa para dar a conocer su funcionamiento entre los minoristas, con el fin de captar nuevos establecimientos asociados. Además, ha adelantado que el objetivo es incrementar el importe de los bonos descuento y ha defendido que, en este primera experiencia ("en la que tuvimos que partir de cero, elaborando unas bases que no existían", ha dicho), se acabó consumiendo prácticamente el 100% de los bonos.
El edil de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar, ha respondido a una pregunta formulada por la edil de Unides Podem EU, Vanessa López, sobre el coste y los criterios científicos seguidos para llevar a cabo la desinfección de las aceras y calles con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes. Villar ha señalado que se concertó los servicios de Lokímica, a través de la Mancomunidad, para efectuar una labor que también desempeñó la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante el primer confinamiento acordado en marzo de 2020. Sobre el coste, ha señalado que no supuso ningún gasto adicional para el Ayuntamiento.
La edil de Acción Social, Julia Llopis, ha contestado a la pregunta formulada por López sobre las medidas que se prevé activar en lo sucesivo para activar los protocolos que procuren atención a las personas sin hogar durante las olas de frío. La edil ha incidido en que esos protocolos se activan de manera automática desde el momento en el que la climatología lo indica, a través del convenio alcanzado con entidades como Cruz Roja, y ha defendido que era el mismo protocolo que existía "cuando gobernaban ustedes". Además, ha insistido en que la competencia para atender a personas sin hogar es de la Conselleria de Políticas Inclusivas "que no aporta fondos para ello", según ha asegurado, para justificar que hubiese reclamado la apertura del albergue de La Florida para atender esas necesidades.
Llopis también ha respondido a otra pregunta formulada por López respecto a la incorporación de los trabajadores sociales de su concejalía, tras la firma del contrato programa con la Generalitat para dar cobertura a esas plazas, para poder atajar los retrasos en la tramitación de los expedientes de ayuda que se acumulan en su departamento. La responsable de Acción Social ha sostenido que de los 950 expedientes que se dice que faltan por resolver, "765 están pendientes de subsanaciones por parte de los solicitantes, por lo que solo quedan 137", ha dicho. Además, ha sostenido que el Ayuntamiento no resuelve los expedientes de solicitud de renta valenciana de inclusión, sino que se limita a tramitarlo, puesto que quien resuelve "es la conselleria". En todo caso, ha señalado que el acuerdo que permitirá la contratación de esos trabajadores "está preparado para que quede aprobado el próximo martes en la Junta de Gobierno", de modo que quedará solventado "hasta 2024".
La vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, ha respondido a la pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, sobre el futuro de las visitas escolares programadas al Castillo de Santa Bárbara que, según ha dicho, se han tenido que reprogramar después de que haya quedado bajo la gestión de la empresa Esatur. Sánchez ha asegurado que la pregunta de Mas se basa en falsedades en la medida en que, según ha asegurado, no se va a cobrar a nadie por acceder al castillo.
Por su parte, ha sido el alcalde, Luis Barcala, quien ha respondido a otra pregunta formulada por Mas (dirigida a la edil de Acción Social) sobre las medidas planteadas para atender las necesidades de formación de la población de la tercera edad en sus relaciones con las entidades bancarias, por ejemplo. El primer edil ha sostenido que el problema deriva de una falta de regulación por parte del Ministerio de Consumo y ha asegurado que, en todo caso, se ha planteado sendas partidas, una de Acción Social y otra de Coordinación de Proyectos, a través de la propuesta de presupuestos para el impulso de medidas relacionadas con la reducción de la brecha digital.
Ya en el turno de debate de las declaraciones institucionales (iniciativas de contenido político para fijar la posición de la corporación municipal o para instar a otras administraciones a adoptar determinadas medidas), se ha debatido dos propuestas distintas para exigir la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre el sector cárnico español y sus críticas sobre la insostenibilidad ambiental de las macrogranjas. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y la edil de Comercio, Lidia López, han defendido la moción. Sánchez ha pedido la dimisión del ministro y "que se destine su sueldo para una campaña de apoyo al sector cárnico español en el mercado británico donde realizó dichas declaraciones".
Tras el debate de ambos textos, se ha aprobado la propuesta promovida por el equipo de gobierno con los votos PP, Cs y Vox. No obstante, se ha rechazado la declaración registrada por Vox, que solo ha sumado los votos de sus dos concejales. El PSOE, que había presentado una declaración institucional de respaldo al sector cárnico, retiró este miércoles su iniciativa. Los representantes de los tres partidos del eje progresista han recriminado que se haya planteado el debate de esas declaraciones en el pleno de Alicante y han acusado a PP, Cs y Vox de tergiversar y manipular respecto a las declaraciones formuladas por Garzón.
PP y Cs logran aprobar dos propuestas para exigir el cese del ministro Garzón por sus declaraciones sobre la industria cárnica y para reclamar medios de protección frente a la covid en los colegios
Además, el portavoz del PSOE, Paco Sanguino, ha aprovechado su intervención en el debate de las declaraciones para plantear una propuesta al PP para reactivar la comisión municipal contra los desahucios que llegó a estar en funcionamiento en la ciudad, después de felicitarse de que, según ha dicho, este jueves se haya evitado el desalojo de tres familias en el barrio de Carolinas. Por su parte, el primer edil ha replicado que, en todo caso, esa propuesta debía acordarse "con el conjunto del equipo de gobierno" tras reprochar a Sanguino que hubiese sugerido esa propuesta como digresión de un punto que no tenía nada que ver con las declaraciones institucionales que se estaban debatiendo. En este sentido, ha regresado al tema de debate para insistir en las críticas al ministro Garzón por sus declaraciones para destacar que "en Alicante son 30 las empresas directamente relacionadas con la producción cárnica. Solo en nuestros mercados municipales son muchos puestos que dependen de la venta de de estos productos".
En segundo lugar, también se ha aprobado la declaración institucional promovida por PP y Cs por la que se acuerda manifestar el rechazo a la subida de la cuota de la Seguridad Social de los autónomos y a las políticas del Consell contra pymes y autónomos. La iniciativa ha prosperado con los votos de PP, Cs y Vox y el rechazo de los trece concejales de PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Es el mismo resultado con el que se ha saldado el debate de la tercera declaración institucional conjunta promovida por PP y Cs por la que se acuerda instar a la Conselleria de Sanidad a reforzar la protección a los docentes, trabajadores de centros escolares y alumnado frente a la covid en la ciudad de Alicante.
El portavoz de Unides Podem EU, López.
La vicealcaldesa, Sánchez.
El portavoz del PSOE, Sanguino.
El alcalde, Barcala.No ha prosperado la propuesta de declaración institucional promovida por el PSOE para crear una mesa de trabajo encargada de diseñar un acto conmemorativo con carácter anual respecto a los alicantinos represaliados del holocausto nazi y plantear la colocación de un monumento conmemorativo. La iniciativa ha contado con el voto en contra de PP y Cs y la abstención de Vox, cuyo portavoz, Mario Ortolá, ha compartido la condena al holocausto, pero ha sostenido que no podía secundar una iniciativa que no tenía en cuenta los genocidios cometidos por otros regímenes dictatoriales comunistas. "Tratan de traer aquí una propuesta sobre una parte de la historia sobre la que ya se han cerrado las heridas, dejando de lado la parte de la historia que no les interesa", ha asegurado.
Por su parte, el edil de Cultura, Antonio Manresa, en representación del equipo de gobierno, ha señalado que el Ayuntamiento de Alicante había optado por organizar un acto conmemorativo de manera virtual, retransmitido de manera on line, para evitar riesgos de contagios por coronavirus. Además, ha incidido en que el ayuntamiento seguiría manteniendo esa línea conmemorativa en lo sucesivo, con la organización del acto conmemorativo que se ha venido desarrollando en años precedentes en el Salón Azul, en cuanto vuelva a ser posible.
Sí ha quedado aprobada la segunda iniciativa impulsada por el PSOE para expresar el apoyo a la labor y esfuerzo de los trabajadores sanitarios de todos los consultorios médicos auxiliares ante la situación provocada por la pandemia del coronavirus, así como el compromiso por desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de todos los consultorios dependientes del Ayuntamiento. La propuesta ha sumado 16 votos: los de PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox, frente a los 14 votos en contra de PP y Cs. En primer término, tras denunciar la situación de abandono de las dependencias de esos consultorios, la edil socialista Lara López, ha reconocido que, al menos, en la propuesta de presupuestos de 2022 se incluye la creación de una partida simbólica para impulsar mejoras en varios de esos consistorios, pero ha incidido en que sigue siendo necesario el impulso de esas mejoras en sus instalaciones, especialmente en el consultorio de La Cañada.
El pleno suma unanimidad para conmemorar la Expedición Balmis; el bipartito se opone a convocar el Consejo Social para dictaminar sobre el presupuesto de 2022 para 'no retrasar' su ejecución
En el debate, el portavoz de Vox ha agradecido, con ironía, la posibilidad de poder hablar en el pleno de Alicante sobre la sanidad para recordar las dos condenas (en proceso de recurso) que acumula la conselleria por no proporcionar medios de protección adecuados a los profesionales sanitarios y por no incluir a los facultativos de la sanidad privada en el primer proceso de vacunación prioritaria frente a la covid. Con todo, Vox ha acabado sumando su apoyo a la propuesta. También se ha referido a esas dos condenas la edil de Sanidad, Julia Llopis, quien se ha cuestionado "qué más se necesita para que alguien del Botànic presente su dimisión". Además, ha recriminado que el departamento autonómico no haya iniciado todavía la construcción de los centros de salud pendientes en la ciudad: los de Garbinet, PAU 2 y Condomina.
De igual modo, ha quedado aprobada la declaración institucional registrada por el PSOE para que se cree un grupo de trabajo encargado de diseñar los actos conmemorativos del 220 aniversario de la Expedición Balmis en 2023. La iniciativa ha contado con el respaldo unánime de los seis grupos políticos municipales, después de que se haya introducido una enmienda a petición del edil de Cultura, Antonio Manresa, para ampliar el alcance de los actos a organizar.
Por lo que respecta a las propuestas promovidas por Unides Podem EU, se ha rechazado la iniciativa para que se emprendan los trámites necesarios para que se otorgue una calle al ingeniero Francisco Mira. La declaración ha quedado descartada con los 16 votos de PP, Cs y Vox, aunque el edil de Estadística, Toño Peral, ha señalado que se abriría un procedimiento para determinar la procedencia de esa dedicatoria, tras lamentar que la iniciativa no se haya tratado de consensuar con carácter previo.
Sí ha quedado aprobada la segunda iniciativa de la confluencia, por la que se insta al equipo de gobierno a convocar el Consejo Social de la ciudad antes del debate de aprobación definitiva de los presupuestos de 2022 para recabar su dictamen. La propuesta ha sumado los votos de PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox y el voto en contra de PP y Cs, pese a que el edil de Presidencia, Peral, ha señalado que se convocaría el consejo en cuanto se considere necesario, sin demorar la puesta en marcha del presupuesto y sin que "se pongan palos en las ruedas".
