Foto: COEVVALÈNCIA (EP). El 72 por ciento de los economistas de la provincia de Valencia considera que la Ley de Amnistía y la recaudación y gestión de impuestos en un "cupo fiscal" para Cataluña resultarán perjudiciales para la economía española, con el foco puesto en la inseguridad jurídica, la imagen del país ante inversores extranjeros y igualdad fiscal entre las comunidades autónomas.
Así lo refleja una encuesta sobre los pactos para la investidura de Pedro Sánchez realizada por el Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV) sobre sus asociados, que han presentado este martes el decano del COEV, Juan José Enríquez, y el vicedecano del COEV, Alfredo Hernández.
El estudio, que recoge la opinión de cerca de 500 economistas de la provincia de Valencia, incide en las consecuencias económicas de los acuerdos desde vertientes como la seguridad jurídica o la confianza institucional, y se detiene en aspectos como la condonación de deuda y la recaudación del 100% de los impuestos por parte de Cataluña.
Los responsables del COEV han destacado que la encuesta pone de manifiesto la preocupación de los economistas ante el escenario que se abre con la firma de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, que en su opinión suponen un "riesgo real para la economía española, derivada en las ocasiones de inestabilidad jurídica y política, que puede repercutir en la imagen de España frente a inversores extranjeros".
En ese sentido, a la pregunta sobre qué efectos puede tener la Ley de Amnistía sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad de las instituciones, un 72% de los profesionales la ve perjudicial y, de ellos, el 60% la califica como "muy perjudicial", con una nota de entre 0 y 1 sobre su conveniencia. El 13% de los encuestado se mantiene en posiciones neutrales y un 15% cree que no tendrá efectos negativos. Entre este último grupo, el 10% considera que incluso puede ser beneficioso.
Respecto a si la amnistía afecta a la solvencia del estado legislador y la confianza de las instituciones --"elementos básicos a la hora de crear un clima para el buen funcionamiento de la economía", según Enríquez--, de nuevo un 72% de los economistas cree que los acuerdos serán perjudiciales. De este 72%, el 58% cree que va a ser muy negativo. Un 13% se mantiene neutral y un 16% estima que puede ser beneficioso.
Asimismo, el 70% de los economistas se muestra preocupado por el efecto nocivo en la imagen de España ante los inversores extranjeros, de los que un 60% están altamente preocupados, ha detallado el decano del COEV. Un 30% cree que no será perjudicial o puede ser positivo.
Enriquez ha señalado que, para la mayoría de los economistas, los acuerdos de investidura y las medidas son un "elemento negativo adicional" en un contexto de desaceleración de la economía valenciana, española y europea.
En la misma línea, el 72% de los economistas encuestados cree que la aprobación de un régimen fiscal para Cataluña similar al de País Vasco o Navarra perjudicaría a la solidaridad entre regiones, de los que el 62% lo considera muy perjudicial, frente a un 15% que se mantiene en opiniones neutrales y un 15% que lo ve beneficioso, según ha expuesto Hernández.
En proporciones similares, un 70% considera que este 'cupo catalán' afectaría a la estabilidad del sistema tributario español; un 16% piensa que no supondrá cambios y cerca del 16% cree que puede beneficiar a la estabilidad del sistema.
Además, el 69% de los economistas de la provincia considera que esta medida tendrá consecuencias negativas para la competencia entre comunidades; un 17% cree que este cambio puede beneficiar a la competencia y un 12% tiene una postura neutra.
Igualmente, el 69% prevé que la medida perjudique la cobertura de gastos de la Administración Central, con un 56% de ellos que lo ven altamente perjudicial. El 16% no prevé una afectación significativa y un 15% lo considera positivo.
En palabras del decano del COEV, "la posibilidad de que Cataluña recaude el 100% de los impuestos en su territorio supondría un fraccionamiento de la hacienda estatal, con grandes riesgos para la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal".
Los colegiados también han sido preguntados sobre su grado de conformidad con el hecho de que se pueda condonar una parte de la deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cifrada en 15.000 millones de euros. Una decisión que el 58% considera inadmisible porque no consideran que ésta sea una comunidad que se encuentre en una situación de infrafinanciación.
Por otra parte, el 68% de los encuestados, preguntados sobre si el Estado debería condonar la deuda al conjunto de las autonomías, con independencia de su cuantía y origen, se manifiestan contrarios a esta posibilidad, aunque un 53 admiten que esta decisión pueda adoptarse en el caso de comunidades infrafinanciadas, como es el caso de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.
Por otra parte, el 61% se manifiestan contrarios a que se condone la deuda de las comunidades autónomas por considerar que suponen un incentivo al gasto y al endeudamiento.
