ALICANTE. El conflicto del ruido asociado al ocio y la hostelería en el Centro de Alicante esquiva la paralización general de los plazos administrativos acordado con la declaración del Estado de Alarma con motivo de la crisis sanitaria. La causa judicial iniciada a instancias de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional sigue su curso, puesto que se trata de un procedimiento que afecta a la protección derechos fundamentales. En concreto, al derecho a la integridad física, a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio, según la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante, que condena al Ayuntamiento de Alicante a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) para el entorno de la calle Castaños: donde se concentra la actividad de decenas de pubs y restaurantes en un fenómeno que se ha dado a conocer como el tardeo.
Esa salvedad ha permitido que los hosteleros agrupados en la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) hayan cursado ya su recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) con el propósito de que el alto tribunal autonómico deje sin efecto la resolución de primera instancia y se evite, así, la aplicación de restricciones a su funcionamiento. Se trata de un paso que también ha dado ya el propio Ayuntamiento de Alicante, como viene informando Alicante Plaza, al no compartir las consideraciones incluidas en la sentencia.
Y no solo eso. Los establecimientos asociados a Alroa también han cursado ya su escrito de oposición a la petición de ejecución provisional de sentencia presentada por los residentes del Centro, sin esperar a que se dirima el trámite de apelación. En ese escrito, los hosteleros insisten en que no se dan las condiciones requeridas para que se acuerde esa ejecución provisional, en la medida en que podría ocasionarse un perjuicio económico irreparable en el desarrollo de su actividad.
Alroa encarga un informe a la Cámara de Comercio para que cuantifique el volumen de negocio que genera la actividad de sus establecimientos
De hecho, en ese escrito reclaman al juzgado que establezca la obligación de depósito de una fianza por parte de la Asociación de Vecinos para cubrir las pérdidas que podrían generarse en el supuesto de que sí se acordase la ejecución provisional y que, después, el TSJCV revocase esa sentencia.
Eso sí, Alroa no llega a precisar en este momento la suma a la que debería ascender ese aval y se reserva la posibilidad de cuantificarla en el futuro. Es más, la asociación ya ha concertado un acuerdo para que la Cámara de Comercio elabore por primera vez un estudio sobre el volumen de negocio generado por el conjunto de establecimientos situados en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo. Se trata de un informe concebido con carácter previo para poder objetivar, por primera vez, el impacto que supone su actividad en la ciudad de Alicante. Ahora, además, podría ser determinante para precisar, en el futuro, el aval económico a requerir al colectivo de residentes, en el caso de que resultase necesario.