ALICANTE. El último plan de inversiones de la Diputación de Alicante, que contempla una inversión de 31 millones de euros, debía aprobarse esta semana en comisión informativa, pero de momento no forma parte del orden del día de las comisiones. Está en stand by. Las advertencias vertidas la semana pasada por Compromís, sobre la posibilidad de que inclusión de una subvención de 700.000 euros al Ayuntamiento de Busot pueda suponer una desobediencia a la justicia, y las críticas al PSPV, por respaldar la iniciativa planteada por el PP, han dejado el plan, de momento, el aire.
De momento, tanto PP como PSPV han cuestionado, a su vez, a Compromís que ponga en peligro todo el paquete de inversiones, si finalmente acude a la justicia. Hay que recordar que los 31 millones de euros de la institución provincial se dividen en tres partes: 13,4 millones, que forman parte de obras financieramente sostenibles y es la cantidad que teóricamente se aporta al Fondo de Cooperación Local; 7,5 millones, donde se incluye a los municipios que quedaron fuera de los planes de obras y servicios, y ahora son repescados, y los otros 7,5 millones de euros, que incluye ayudas nominativas; es decir, con nombre y apellidos. Entre ellas, como ha denunciado Compromís, hay ayudas a los tres vicepresidentes del PP, una de ellas, la de Busot que fue suspendida cautelarmente por un juzgado y que ahora vuelve a incluirse, de ahí que la formación valencianista haya amenazado con denunciar todo el plan, algo que podría acarrear, de nuevo, una suspensión parcial de todo el paquete.
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Pero hay otro aspecto que puede dejar al PSPV fuera de juego: y son las críticas internas de concejales y alcaldes de municipios que han quedado fuera de la inversión. En municipios como Pego, donde los socialistas gobiernan, u otros de la Marina Baixa, como La Vila -que también tienen la Alcaldía-, o está en la oposición, como Altea y Callosa, no han ocultado las críticas a la manera de proceder del portavoz, José Chulvi, al respaldar la propuesta del PP en la Diputación. Y es que en la Marina Baixa, los grandes beneficiados son Benidorm y La Nucía, con obras que reciben una subvención nominativa que ronda el millón de euros, mientras que los ayuntamientos gobernados por los socialistas o forman parte del gobierno sólo tienen la rebaja del 40% que el Gobierno provincial ha ejecutado a las obras financieramente sostenibles para poder cuadrar todas las cuentas.
Y algo parecido sucede en la comarca de L'Alacantí: los municipios beneficiados son Mutxamel y Busot, del PP, y Xixona, del PSPV, con obras nominativas, y el resto, pese a que el PSOE gobierna en Sant Joan o San Vicente, reciben las subvención ordinaria.
Es más, dentro del grupo provincial del PSOE hay división: por una parte, hay diputados que, de forma interna, han expresado su malestar por el respaldo que Chulvi ha dado al plan del PP y otros, que son alcaldes, que han criticado que Compromís amenace con paralizar toda la inversión. Es decir, que el PSPV está entre la tesitura de renegociar con el PP un acuerdo que satisfaga a sus alcaldes y concejales en responsabilidades de gobierno; desmarcarse del PP totalmente, o hacerlo de Compromís, si no hay acuerdo posible. El grupo que lidera Gerard Fullana ya ha anunciado que sólo dará su voto favorable a las inversiones si desaparece el apartado de 7,5 millones de euros en subvenciones nominativas, entre ellas, la de los tres vicepresidentes del PP, Bernabé Cano (La Nucía); Sebastián Cañadas (Mutxamel) y Alejandro Morant (Busot).
