El TSJ volverá a 'juzgar' el enredo del BIC de Torre Placia de Alicante con 1,4 millones en el aire

ALICANTE. El pufo urbanístico de Torre Placia de Alicante vuelve prácticamente a la casilla de salida. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) será, otra vez, quien tenga la última palabra sobre el futuro del monumento, reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) como parte del conjunto de las Torres de la Huerta, después de que la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura haya desaconsejado la posibilidad de su traslado a otro emplazamiento: una parcela de titularidad municipal habilitada como zona verde. 

Esa fue la fórmula alternativa negociada en 2017 bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) para ejecutar la sentencia del alto tribunal autonómico en la que se que obligaba al Ayuntamiento a liberar su entorno de protección de 11 de los 40 bungalós de la urbanización Azalea Golf que se autorizó construir en el año 2000. El Ministerio de Cultura dio su visto bueno a ese planteamiento. Y el TSJ lo asumió también, después de que el Ayuntamiento argumentase que se trataba de la opción que generaba un menor coste económico y social, al no tener que expropiar y derribar las viviendas afectadas y no generar desarraigo entre sus residentes.

Con ese doble plácet, el Ayuntamiento ejecutó la compra de la torre, con un desembolso de 1,7 millones, como paso indispensable para moverla hasta su nueva ubicación y convocó un concurso para encomendar tanto la realización del proyecto de traslado como su ejecución. En la resolución de ese concurso, se implicó a un comité de expertos en arquitectura y patrimonio para escoger la opción menos lesiva para el monumento, que acabó decantando la adjudicación a la empresa especializada en restauración de patrimonio Estudio Métodos de la Restauración por más de 1,4 millones. Su propuesta consistía en desmontar el monumento pieza a pieza para volver a reconstruirla.

No obstante, tras analizar el proyecto de ejecución planteado por la empresa, el Ministerio de Cultura acaba de modificar su valoración inicial para desaconsejar el desplazamiento de la fortificación con dos argumentos principales. Primero, que la construcción podría perder su valor patrimonial si se procede a su desmantelamiento o su reconstrucción integral en otra ubicación, ya que se trata de una construcción de origen militar cuya funcionalidad como antigua torre de vigilancia está intrínsecamente ligada al terreno donde fue levantada. Y segundo, que no existen garantías de que en ese proceso de desmontaje y reconstrucción puedan producirse daños, en la medida en que no está formada únicamente por sillares.

El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento solicitarán la inejecución de sentencia para preservar el edificio en un contexto en el que ya no cabe oposición del litigante que inició el proceso, toda vez que vendió la torre a la administración local

Al tiempo, se habría descartado la posibilidad de desplazar toda la estructura en una sola pieza, por las condiciones particulares de inclinación del terreno, y la complicación que supondría horadar bajo sus cimientos para dotarla de una losa de hormigón que permita elevarla más de dos metros y depositarla en un camión.

Así, tras el encuentro mantenido este jueves entre la subdirectora de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, Pilar Barrero, y el edil de Urbanismo de Alicante, Adrián Santos Pérez (Cs), se habría convenido elevar un informe jurídico al TSJ solicitando la inejecución de la sentencia con el argumento de la necesidad de preservar el valor histórico y patrimonial del monumento. Todo, en un contexto en el que el Ayuntamiento se habría convertido en su nuevo titular, con lo que no existiría oposición por parte del litigante que inició el proceso: el antiguo propietario del edificio.

En todo caso, la decisión quedará en manos del alto tribunal, que deberá evaluar tanto el informe jurídico que aporte el ministerio como el que también prevé elaborar en la misma dirección el Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Urbanismo. Entre tanto, el destino de los 1,4 millones del contrato adjudicado para acometer el traslado queda en el aire hasta que exista una resolución firme por parte del TSJ. En el caso de que rechace las pretensiones de Cultura y del Ayuntamiento, el contrato se llevará a ejecución. Y en el caso de que se acepte la inejecución de sentencia, el contrato se reorientará a la restauración y puesta en valor de la torre.