El exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, a las puertas de la Audiencia. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha admitido parcialmente el recurso interpuesto por el exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), en relación a la sentencia condenatoria del llamado caso despido por el cese irregular de una familiar directa del actual alcalde, Luis Barcala, quien desempeñaba funciones como trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura.
En una resolución conocida este jueves y fechada el 17 de septiembre, el alto tribunal rebaja a la mitad la pena de inhabilitación impuesta el pasado mes de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia, de modo que los 9 años de inhabilitación iniciales se reducen a 4 años y seis meses.
El alto tribunal estima como atenuante que, tras el despido, se produjo una rápida readmisión de la trabajadora con lo que se minimizó el perjuicio ocasionado. "Debe apreciarse la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada, dado que el culpable procedió 'a reparar el daño ocasionado a la víctima con anterioridad a la celebración del juicio oral', tal y como se establece en el artículo 21.5ª del Código Penal", apunta la sentencia.
"Esa reparación se hizo con rapidez, ya que estando datado el decreto de cese al día 20 de abril de 2017, esta resolución fue revocada por otra posterior de 2 de mayo de 2017", añade la resolución.
La reincorporación de la cuñada de Barcala se produjo después de que el exprimer edil dejase sin efecto el decreto de su cese, días después de que el pleno de la corporación aprobase una resolución en la que le conminaba a readmitirla y a iniciar un expediente para estudiar la regularización del conjunto de los trabajadores que se encontrasen en su misma situación laboral.
Eso sí, pese a admitir ese atenuante, el TSJ confirma que existió prevaricación a la hora de adoptar la decisión del despido, pese a que Echávarri trató de justificarlo en que las funciones para las que la trabajadora había sido contratada (la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo y del centro cultural de Las Cigarreras) habían desaparecido. Así, el fallo del alto tribunal sostiene que "es claro que el acusado ha tratado de crear una apariencia de legitimidad en su decisión apoyándose en varios aspectos legales que ha tratado de coordinar para así dar una sensación de verosimilitud o de ajustamiento al ordenamiento jurídico, quedándose en realidad en el plano de la mera legalidad formal que no logra sobrepasar el filtro de su legitimidad o justicia material".
La sentencia dictada por la Audiencia asumía gran parte de las consideraciones apuntadas por la Fiscalía y consideraba probado que Echávarri puso en marcha el proceso para despedir a la cuñada de Barcala el pasado 18 de abril de 2017, "como represalia por la denuncia que esa misma mañana" había interpuesto contra él el entonces líder de la oposición, Luis Barcala, en relación al fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio.
Y así lo corrobora ahora el TSJ al concluir que el despido fue consecuencia directa de la interposición de esa denuncia: "La decisión de cesar a la funcionaria interina de referencia, que es cuñada de uno de los máximos responsables del partido de la oposición, se produce como una reacción fulminante del acusado, tras haber sido denunciado por la comisión de un delito de prevaricación. No es posible desvincular en el tiempo ese cese y la previa denuncia por prevaricación, ya que la denuncia se interpuso el día 18 de abril de112017 y el decreto de cese es de fecha 20 de abril de 2017, lo que permite afirmar que el cese es consecuencia de aquella denuncia".
Esa denuncia motivó el primer procesamiento del exregidor socialista, que concluyó con su primera condena: 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Echávarri recurrió dicha sentencia ante el TSJ. Sin embargo, el alto tribunal la acabó ratificando en enero de este año. Esa condena sigue pendiente de que se resuelva el recurso de casación presentando ante el Tribunal Supremo (TS). Hasta ahora, el exprimer edil había anunciado su intención de llegar también hasta el Supremo en el caso de que el TSJ también desestimase su recurso sobre el caso despido.
