podría ser indemnizado por unos 200.000 euros: se ha recurrido al supremo

El TSJ da la razón al abogado que ejerció durante su horario como funcionario en Elche: puede ser readmitido

15/11/2021 - 

ELCHE. En 2015 el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi comunicó oficialmente a la administración local ilicitana que había un funcionario del Consistorio, abogado de profesión, ejerciendo su labor en horario laboral, al estar inmerso en procedimientos contra el Ayuntamiento de este municipio. Hecho por el cual en 2017 se inhabilita para 6 años al funcionario y abogado en cuestión, Marcos Sánchez Adsuar, que entonces estaba en el departamento de Sanidad. 

Cómo se llega a esta situación

Había ejercido como abogado en cerca de medio centenar de procedimientos penales y contenciosos-administrativos contra dicho ayuntamiento y contra miembros del mismo, acudiendo personalmente a todas las comparecencias y juicios. Según el expediente, había asistido a juicios y realizado actividades judiciales dentro de la jornada laboral que tenía asignada en Elche, en colisión con el horario del puesto público, sin que constase autorización expresa alguna. De forma que señalaba el juzgado que había excedido "notoriamente del ámbito material de la declaración de compatibilidad la compatibilidad".

De esta forma, además de la inhabilitación por parte del Ejecutivo ilicitano, se le puso una sanción administrativa, pero Sánchez Adsuar impugnó poco después esta decisión. En primera instancia perdió en el Contencioso Administrativo, en el que declaró que tenía permiso para estos pleitos y que se le había concedido por silencio administrativo. Sin embargo, presentó un recurso de apelación pidiendo la nulidad, con el que el TSJ le dio la razón. 

Una decisión que el Ayuntamiento de Elche conoce desde hace al menos cuatro meses. Desde el área de Recursos Humanos consideraron que la falta había caducado pero no prescrito. Así, el abogado y funcionario fue dilatando el proceso, aprovechando que los procedimientos son garantistas, y fue presentando escritos de recusación al instructor del procedimiento disciplinario y al secretario. Con esto logró que los plazos siguieran vigentes. Sin embargo, la técnico encargada de este ámbito en Recursos Humanos consideraba que al presentar estos escritos con su correspondiente contestación, los plazos se habían suspendido. 

El Tribunal Supremo admite a trámite un recurso de casación municipal

Así pues, gracias al estiramiento de los plazos, alargando el procedimiento, el mencionado abogado ha logrado llegar hasta el recurso de apelación del TSJ que le da la razón, anulando la inhabilitación y su respectiva sanción. Una cuestión que ha generado bastante runrún en el ámbito funcionarial de la administración local, por lo mediático del caso hace años. Sin embargo, el Consistorio ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, explica el edil de RRHH Ramón Abad, "ha mostrado que tiene interés y la ha admitido a trámite, ahora hace falta que se pronuncie sobre el fondo".

Así pues, ahora hay que esperar a que se pronuncie el Supremo, ya que en el caso de que el Ayuntamiento tuviera que anular su decisión y retrotraerse al momento antes de la inhabilitación, supondría la readmisión y que se le indemnice como si hubiera trabajado desde entonces, lo que puede suponer una indemnización de al menos 200.000 euros para Sánchez Adsuar.

Querellas contra miembros del gobierno ilicitano o del presidente de Murcia, 'caso Auditorio'

Por otra parte, hay que recordar que es conocido no solo por la inhabilitación del año 2017. Fue también uno de los denunciantes de las obras de reforma del Hotel de Arenales que han acabado en el reciente derribo del esqueleto, décadas después de su cierre como establecimiento. En Elche también presentó diversas denuncias contra el exalcalde Diego Macià o contra el exedil de Urbanismo Emilio Martínez, cuyas querellas, más de una decena, fueron archivadas. También es conocido más allá de municipios de la provincia, ya que fue el abogado del exconcejal del PSOE en Puerto Lumbreras, Antonio López, quien ejerció la acusación particular en el caso 'Auditorio' contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En los últimos años ha venido ejerciendo como letrado para diversos ayuntamientos de la provincia como Benijófar o Bigastro, entre otros.

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