El tripartito suma a la "responsabilidad" de Cs para corregir cuentas por la DUSI y las ayudas sociales

ALICANTE. Los tres partidos que componen el Gobierno de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) han conseguido aprobar la primera modificación de crédito de los presupuestos municipales de 2017, un mes después de que quedasen aprobados de manera definitiva, entonces gracias al apoyo tácito de los dos concejales no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre. Los dos se abstuvieron, como en el pleno de aprobación provisional, de marzo, y permitieron que las cuentas prosperasen con más votos a favor que en contra. En esta ocasión, sin embargo, el tripartito cambia de aliado ocasional al sumar el respaldo de Ciudadanos, que ya votó a favor en la comisión de Hacienda.

La portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, ha señalado que su respaldo a la propuesta de modificación no significa que se haya dejado de pensar que los presupuestos del tripartito no son los que Alicante necesita, "los mejores para la ciudad". Sin embargo, ha apuntado que "no podemos ser hipócritas y tenemos que votar a favor si podemos favorecer a las personas que lo necesitan", en referencia a la ampliación de la partida destinada a las ayudas sociales de emergencia. Sobre todo, por que, ha insistido, esa actuación se encuadra en las enmiendas que su propio grupo presentó durante la tramitación de los presupuestos.

Como viene informando Alicante Plaza, la modificación de crédito supone cambiar el destino de un suma global de 1,5 millones para ampliar el presupuesto de la Concejalía de Acción Social asignado a las ayudas sociales de emergencia (475.000 euros), además de otros 57.000 euros en ayudas a la cooperación internacional, y para derivar a cada una de las concejalías implicadas en el desarrollo del plan de reurbanización del entorno de Las Cigarreras, la llamada estrategia DUSI, que ahora están contabilizados en el área de Coordinación de Proyectos. Esos fondos, en torno a un millón, sencillamente se mueve de una concejalía a otras, sin mayores implicaciones. El movimiento que permite ampliar las ayudas sociales, sin embargo, sí tiene una consecuencia directa: ese cerca de medio millón se detrae de la partida asignada a la Concejalía de Urbanismo para desarrollar la llamada Plaza de la Ciudad de la Justicia, en Benalúa. Tanto la edil de Hacienda, Sofía Morales (PSOE), como el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), han precisado que esa obra se presupuestará y se ejecutará como inversión sostenible y que el Ayuntamiento de Alicante se hará cargo del 100% de su financiación, después de que la Diputación Provincial haya denegado la aportación que, han insistido, se había comprometido para contribuir a su ejecución, más de 300.000 euros.     

En el turno de votación, los dos concejales no adscritos se han decantado por la abstención. La exconcejal de Acción Social, Nerea Belmonte (expulsada de Guanyar en marzo del año pasado), ha llegado a acusar al equipo de Gobierno de tratar de comprar a las personas necesitadas para tratar de limpiar su imagen y ha asegurado que "no todo es falta de dinero", sino que a veces se necesita eficacia en el reparto de esas ayudas, tras denunciar que existe una lista de espera de hasta nueve meses. 

El PP también se ha abstenido. Su portavoz, Luis Barcala, ha sostenido que no tenía nada que reprochar sobre la redistribución de fondos para la DUSI, pero sí ha considerado que el cambio para ampliar fondos a Acción Social es la respuesta "al pulso, al chantaje" que Guanyar sometió a sus socios del tripartito como condición para aprobar el presupuesto y, además, ha sostenido que, encima, la jugada sale redonda porque "esos fondos salen de la tarta de Guanyar", en referencia a la minoración consiguiente del presupuesto de Urbanismo. El líder de los populares ha insistido en que ese punto de la modificación de crédito es un paso más de la "autoenmienda" que el tripartito ya tuvo que comprometer en el mismo pleno de aprobación de los presupuestos y ha criticado que se considerase como ingreso "el compromiso de la llegada de una subvención" para la ejecución de la llamada Plaza del barrio de la Justicia pese a no tener garantizada su concesión. "Ese compromiso no existió, no se puede confundir una ilusión con una subvención", ha añadido.

La edil de Hacienda, por su parte, ha replicado que la inclusión de esa partida como ingreso era una condición requerida por la propia Diputación para poder concurrir al Plan de Cooperación y optar a la ayuda, y ha señalado que se ha denegado porque se ha considerado el criterio "injusto" de población que "siempre va a penalizar a Alicante" como ciudad con mayor censo demográfico de la provincia. El edil de Urbanismo, por su parte, ha señalado que, sin la concesión de esa subvención de Diputación, la partida prevista para la construcción de la plaza era un dinero "muerto" con el que no se podía hacer nada, por lo que se ha considerado conveniente destinar esos fondos a Acción Social, "mal que le pese al PP", que con sus enmiendas trató de recortar fondos para esa concejalía.

El pleno también ha aprobado la ejecución de la sentencia sobre el segundo sector del PAU 5 de Playa de San Juan que permite desbloquear el desarrollo de la propuesta presentada por Litoral Mediterráneo 2, que contempla la construcción de 492 viviendas. El acuerdo ha sido respaldado por 28 votos a favor y una abstención (la de la edil Julia Angulo, que en ese momento no se encontraba en el salón de plenos).