ALICANTE. La factura, a cargo de los recurrentes. El escrito presentado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante para tratar de eludir la restitución de las calles con referencias franquistas acordada por el juzgado de lo Contencioso número 4 incluye una petición de fianza de unos 19.000 euros para que el coste generado por esos trabajos sea asumido por los representantes del grupo municipal del PP.
Como adelantó Alicante Plaza, el recurso del Ayuntamiento se basa en dos cuestiones principales. La primera, que el auto excede a las peticiones formuladas por el PP como medidas cautelares, ya que no sólo paraliza la sustitución de los rótulos, sino que obliga a reponer los que se llegaron a retirar (prácticamente todos los propuestos, 42 de 46). Y la segunda, derivada de la anterior, que esa medida conllevaría un perjuicio al interés general en el caso de que, finalmente, la propia jueza acabase validando la corrección de todo el proceso en el momento en el que pasase a revisar el fondo del recurso del PP. En ese supuesto, habría que volver a colocar las placas que ahora se ordena retirar. Y cuando eso ocurriese, posiblemente dentro de varios meses, el ayuntamiento y la ciudadanía tendrían que volver a actualizar todas las direcciones oficiales de esas 42 calles.
El concejal de Estadística, Daniel Simón (Guanyar), apuntó, por su parte, que su departamento había elevado informes al juzgado para conocer cómo se debía proceder para dar cumplimiento al auto -el recurso municipal no suspende sus efectos- por lo que se refiere a la restitución de los rótulos antiguos que se habían deteriorado o roto durante el proceso de retirada. "Lo que pretendemos es abaratar costes y saber si es necesario o no encargar otras placas nuevas con los nombres antiguos cuando es posible que al final haya que retirarlas", indicó. Sobre los plazos para reponer las placas, dijo que se siguen los plazos normales de la administración, "como se hizo cuando se sustituyeron". Entonces, insistió, las sustituciones se emprendieron un mes después de que el acuerdo de redenominación de calles se aprobase en Junta de Gobierno.