Los portavoces de Guanyar y Compromís, Pavón y Bellido, junto al jefe de Gabinete de Alcaldía, Díez, en la reunión de seguimiento del pacto de noviembre. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La propuesta de unificación existe, pero el acuerdo, todavía no. Y ya se duda internamente de que pueda llegar a existir. Las concejalías del Ayuntamiento de Alicante seguirán actuando de manera discrecional, sin pauta fija, a la hora de concertar la prestación de servicios o de comprar materiales por importes inferiores a los 18.000 euros: el límite legal establecido para los llamados contratos menores.
PSOE, Guanyar y Compromís han debatido en las últimas semanas sobre la conveniencia de acordar un protocolo compartido para todos los departamentos, de manera que se sigan siempre los mismos criterios para la tramitación de esos contratos. Pese a que la legislación ampara su encargo de manera directa, sin convocar concurso público, algunas de las concejalías que recurren con frecuencia a esa modalidad de contratación sí abren sus procesos a la participación de varias empresas. En ocasiones, se pide presupuesto a tres empresas diferentes (un procedimiento negociado sin publicidad) sea cual sea el importe de la contratación. Otras veces, a partir de determinado precio siempre inferior a ese límite de 18.000 euros, se abre una especie de concursillo para que sean las empresas interesadas quienes aporten sus ofertas, sin que medie petición municipal. En otros supuestos, ante encargos similares, una misma concejalía actúa de forma diferente. Y en otras, el proceso se limita a exponer la necesidad del gasto y a concertar el servicio sin más.
La aspiración que ya han puesto sobre la mesa varios ediles del tripartito es que se pacte un procedimiento común, de manera que todas las concejalías se comprometan, por ejemplo, a pedir al menos tres presupuestos para formalizar contratos que superen una cifra determinada. Hasta ahora, no ha trascendido cuál podría ser ese importe límite. Pero sí se ha esgrimido que, con ese mecanismo, se daría cabida a la libre concurrencia de empresas y se fomentaría la transparencia, en la línea de las recomendaciones emitidas por el interventor municipal y por el Servicio de Asesoría Jurídica, a colación, por ejemplo, de las 25 facturas por un importe global de 189.000 euros del llamado caso Comercio. Se trata de los 25 encargos directos concertados el pasado diciembre que ya investiga la Fiscalía para esclarecer si hubo un supuesto fraccionamiento de contratos, a instancias de la denuncia presentada por el PP contra el alcalde y exedil de Comercio, Gabriel Echávarri (PSOE).
Según las fuentes consultadas, la propuesta de unificación de criterios no deriva expresamente de ese caso, puesto que ya se había hablado sobre esa posibilidad con antelación. No obstante, esos encargos bajo sospecha sí habrían llevado a ediles de Guanyar y de Compromís a considerarla si cabe todavía más necesaria.
El problema es que no todo el equipo de Gobierno piensa lo mismo. El PSOE, por ejemplo, se inclinaría por acotarse a lo que prevé la Ley, sin más exigencias que la de convocar un concurso cuando se supere la cifra de los 18.000 euros. Se esgrime que es el mismo paraguas normativo que funciona en todo el Estado. En esta línea, el primer edil ha recalcado en varias comparecencias que los contratos menores son un recurso legal que usan todas las administraciones como instrumento útil para agilizar su funcionamiento.
En la actualidad, varias concejalías ya piden tres presupuestos a empresas diferentes, pero no existe un procedimiento compartido
Incluso entre los defensores de la propuesta, existen matices. El propio concejal de Contratación, Natxo Bellido (Compromís), ya respondió en el último pleno a una iniciativa presentada por Ciudadanos para crear una comisión de vigilancia sobre los contratos menores (otro requisito que funcionaría como una nueva especie de mecanismo de control), que el Ayuntamiento tramita miles de contratos menores al cabo de un año y que, de crear esa comisión, el resto de la actividad municipal quedaría bloqueada, limitada por esa labor de revisión. Además, dijo que eso suponía una afrenta a los funcionarios, puesto que supondría no confiar en su labor.
El debate sigue ahora abierto en esa fase: la de la reflexión interna, sin que la propuesta se haya llegado a someter a votación entre los tres socios. Hasta la fecha sólo ha habido reuniones técnicas, como la celebrada el pasado viernes con los funcionarios del departamento de Contratación para "resolver dudas" sobre esas adjudicaciones directas.
