El alcalde, Gabriel Echávarri, al anunciar el proyecto del bosque urbano.ALICANTE. Los tres partidos aliados al frente del Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Guanyar y Compromís, cerraron este viernes el curso político con una Junta de Gobierno de carácter extraordinario con la que -entre otros acuerdos- trataron de dar impulso a dos anuncios o planes estrella que habían dormitado en los cajones, al margen de la actualidad política, desde que se hiciesen públicos. Se trata de la construcción de un gran bosque urbano en la zona sur del término municipal, entre las instalaciones de Aludium y San Gabriel, y de la construcción de un nuevo edificio que servirá de sede judicial frente al Palacio de Justicia de Benalúa.
El primer proyecto se dio a conocer con la intención de lograr un golpe de efecto, durante la participación del alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), en el cóctel de Año Nuevo ofrecido por la EUIPO, el pasado enero. La propuesta aspira a crear el mayor parque arbóreo de Alicante sobre una superficie de 24 hectáreas en la conocida como sierra del Porquet con la implicación de la euroagencia y de la Aludium, que debería ceder parte del suelo. La propuesta aprobada, precisamente, consistió en la aprobación de la solicitud formal de cesión de los terrenos tanto a esa compañía como a Patrimonio del Estado, copropietaria del suelo afectado por el proyecto de reforestación.
El segundo proyecto, el de la construcción de una nueva sede judicial, se acabó concretando en febrero, tras varios encuentros institucionales y reuniones de trabajo con representantes de la Conselleria de Justicia. Su titular, Gabriela Bravo, detalló entonces que, tras varios estudios, se había desistido de planificar una ampliación en las dependencias del Palacio de Justicia, limitada por el régimen de protección del edificio, de modo que se apostaría por la construcción de otro inmueble justo en el otro extremo de la avenida de Aguilera. Además, se reformaría el Palacio de Justicia en sí y se ganaría algún espacio adicional.
La propuesta aprobada en Junta de Gobierno es, en realidad, una modificación del convenio bilateral por el que se regula la construcción de ese nuevo edificio. El acuerdo matriz fue aprobado en junio para regular la cesión a la conselleria de la parcela de propiedad municipal situada en Benalúa, a cambio de otra parcela de la Generalitat, situada en la avenida Doctor Rico.
Justicia prevé licitar las obras del nuevo edificio a lo largo de 2018 y el Ayuntamiento podría solicitar la reversión de la parcela en 2020 si no se hubiesen iniciado
El cambio introducido este viernes en ese acuerdo tiene que ver con una cuestión de plazos: se amplía el tiempo de cesión a partir del cual el Ayuntamiento podría reclamar su reversión, en el caso de que las obras no se hubiesen iniciado. En el convenio original, se establecía que la construcción del nuevo inmueble debía comenzar antes de que finalizase 2018, de modo que se podría solicitar la recuperación si no se hubiesen iniciado en ese año. Con la modificación, el plazo en el que Alicante podría pedir la recuperación del suelo se alarga hasta 2020: dos años más. El motivo: Justicia prevé licitar las obras a lo largo de 2018, de modo que se trataba de evitar que una posible demora pudiese dejar sin efecto la cesión del suelo.
