Eduardo Dolón, alcalde actual de Torrevieja y en la legislatura donde se otorgó la subvención. Foto: APTORREVIEJA. El Tribunal de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento ha dictado el inicio del procedimiento mediante el cual el Ayuntamiento de Torrevieja tiene que solicitar el reintegro de una subvención otorgada a la Delegación de Torrevieja de la FAPA Gabriel Miró por un importe de 5.846 euros, al no quedar justificado el gasto en concepto de "actividades encaminadas a potenciar el desarrollo integral de alumnos y sus familias" para la anualidad de 2015.
El Tribunal señala que se solicita este reintegro por "un presunto alcance, como consecuencia de un eventual perjuicio a los fondos públicos municipales del Ayuntamiento de Torrevieja derivado de supuestas irregularidades" en la justificación de la subvención otorgada para esta fapa.
La Interventora General del Ayuntamiento en un informe de agosto de 2017 recogía las conclusiones de una auditoría externa –encargada por oficio- para la elaboración del Plan de Control Financiero Permanente del Ayuntamiento. El objetivo era analizar la situación de las subvenciones concedidas desde 2014 a 2016, y verificar si las subvenciones contenían la correspondiente justificación y que el uso fuese el declarado para la actividad en cuestión. En ese informe señala que no quedaba ni justificado ni acreditado de forma "fehaciente" la dedicación "full time" de la presidenta de la asociación en Torrevieja durante el periodo estival. Tampoco había registro de extractos bancarios donde se acreditara el pago de las nóminas. Esta es la subvención que ahora, el Tribunal de Cuentas le insta al consistorio a que inicie el procedimiento para su reintegro.
Pero no es la única sobre la que no hay una justificación. En el mismo informe, la Interventora General indicaba que también tenía que solicitarse el reintegro una subvención, para la misma FAPA, en concepto de “Ayudas individuales para transporte escolar, curso 2013-2014”. Le requieren que devuelva los 274.879 euros que se les concedió. Explicaba la interventora que ni la documentación ni manifestaciones aportadas en las alegaciones subsanaban los requerimientos que se le hicieron. Por esa razón señalaba que “deberá reintegrarse la totalidad de la subvención”.
La concesión de estas subvenciones se produce durante el primer mandato de Eduardo Dolón (PP), en la legislatura 2011-2015. En el momento en el que llega el informe en cuestión de la interventora, Los Verdes encabezaba la coalición del equipo de gobierno. Señalan desde la formación que iniciaron el procedimiento y expediente para ejecutar la orden de la interventora de solicitar el reintegro de las ayudas. Denuncian que un funcionario no tramitó las órdenes del entonces alcalde, José Manuel Dolón, y la intromisión del PP. Antes de que finalizara esa legislatura, en 2019, Los Verdes trasladó el expediente a los organismos correspondientes a Antifraude, Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas con el fin de que fueran conocedores de que no se estaba actuando conforme a lo fijado.
Eduardo Dolón llegaba de nuevo a la alcaldía en junio de 2019, con mayoría absoluta. Unos meses más tarde hay un nuevo interventor general en el Ayuntamiento, Jesús López. Un puesto que ocupa hasta junio de 2020 cuando Dolón lo incorpora a su equipo de asesores como director de la asesoría jurídica, un puesto retribuido por unos cien mil euros brutos anuales. Siendo interventor, en septiembre de 2019 elabora un informe en el que indica que no se puede reclamar la retribución de ambas subvenciones por caducar el plazo de reclamación.
José Hurtado, el que fuera concejal de Hacienda y Educación durante el mandato de Los Verdes, remitió un escrito en noviembre del pasado año dirigido al alcalde en el que argumentaba las cuestiones técnicas y jurídicas por las que no se podía considerar la prescripción del procedimiento para solicitar el reintegro de las subvenciones.
