ELCHE. A finales de enero el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendía cautelarmente dos importantes concesiones de transporte público que afectaban a toda la provincia y la conexión con València, así como al de Elche y la comarca del Vinalopó. Como contó este medio, Monbús, Asoval, la Federación Provincial de Transportes Interurbanos de Viajeros y la Asociación Empresarial de transporte de Viajeros de València (Adiva) habían presentado recursos especiales al estar en contra del pliego de condiciones de ambas concesiones. Los mismos llegaron en enero, al poco tiempo del anuncio por parte de Política Territorial. Sin embargo, el mencionado tribunal ha decidido inadmitir todos los recursos, por lo que la licitación se reactiva y sigue su proceso administrativo.
Las dos concesiones que hay ahora en marcha para renovar son estas dos. En el caso del transporte público regular de viajeros mediante autobús CV-302 entre València-Alicante/Elche. Por un valor de 32,4 millones de euros durante diez años. Precisamente era sobre la viabilidad económica que defiende el pliego, por la que recurrían las compañías. El Tribunal señala sobre el posible 'riesgo operacional' que asumirán los contratistas en estos servicios, que en efecto "los adjudicatarios de los contratos se verán expuestos de modo efectivo a las incertidumbres del mercado, puesto que la ejecución del contrato requiere una inversión relevante, y se concluye que el adjudicatario no recibirá ayudas o garantías de ingresos por parte de la Administración".
No obstante, señala que estos contratos están excluidos de la nueva Ley de Contratos (LCSP), de forma que "no estando incluido en el ámbito material del recurso especial en materia de contratación conformado, este Tribunal no es competente para la Resolución de las controversias que se planteen en torno a ellos". De este modo, el TACRC inadmite los recursos y levanta la suspensión cautelar, aunque declara que no se aprecia la concurrencia de mala fe en los recursos, por lo que no procede imponer multas a los recurrentes. Eso sí, ahora está agotada la vía administrativa, pero tendrían opción a interponer un contencioso-administrativo. Asimismo, también Adiva había alegado a esta concesión por "arbitrariedad en la estructura de costes". Sin embargo, el tribunal también la rechazó porque "no se aporta ningún elemento que permita dilucidar qué precio concreto no sería acorde a mercado".
Por último, en cuanto a la concesión de transporte de viajeros en la CV-211, entre Elche, Alicante, Crevillent, Santa Pola y Sant Vicent del Raspeig, de 27,9 millones de euros durante diez años, también alegaron las anteriores, salvo Adiva. Fueron las mismas que ha rechazado el TACRC al señalar que no es competente para analizar estas disquisiciones sobre la viabilidad o no de la concesión con esa estructura de costes. Así pues, salvo que ahora los recurrentes acudan a instancias judiciales superiores, el proceso sigue adelante. Desde Política Territorial habían tenido contactos con las empresas, reconociendo que estas alegaciones son bastante habituales en este tipo de contratos de servicios.
