Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha emitido una nueva resolución sobre el Ayuntamiento de Benidorm. En este caso, una vecina de la ciudad había puesto en cuestión uno de los requisitos de las ayudas municipales de emergencia para cubrir necesidades básicas de personas vulnerables por la pandemia. Así, la reclamante señalaba directamente a la condición de estar empadronados durante un año en la ciudad. Un criterio que ahora este organismo dice que el Consistorio podría evitar para no discriminar a parte de la población.
El Síndic arranca su conclusión señalando que las bases elaboradas por el Ayuntamiento están dentro del marco legal. Sin embargo, apuntan a que se podrían mejorar si se sustituyera el empadronamiento por la acreditación de la residencia permanente.
En su caso, el gobierno local señaló al Síndic que "dadas las características del municipio de Benidorm y el gran número de población de hecho con la que cuenta la ciudad (turistas, segundas residencias...), y dado que las ayudas están destinadas a la población estable de nuestro municipio, es necesario establecer un límite temporal y la exigencia de empadronamiento al menos el último año de forma ininterrumpida en Benidorm".
Al mismo tiempo, recuerdan que las bases fueron aprobadas y publicadas en la Base Nacional de Subvenciones, el BOP y en la web municipal. Y por ninguno de estos tres canales fueron impugnadas. Motivo por el cual adquirieron firmeza y se han ido aprobado las diferentes remesas de ayudas a la población. Tanto es así, que habrían beneficiado a unas 2.000 personas y el Ayuntamiento ha tenido que ampliar la dotación económica.
Entre las diferentes argumentaciones del municipio se encuentra que desde 1997 se estableció por la Comisión Municipal de Gobierno que para acceder a ayudas locales se necesitaba llevar un año empadronado. En este sentido, señalan que el decreto sigue vigente.
Por su parte, el Síndic valoró de manera positiva que el Ayuntamiento haya sacado estas ayudas a la población porque "la situación socioeconómica provocada por la pandemia requiere de la implicación de las autoridades para atender a aquellas familias que han visto recortados o eliminados drásticamente sus ingresos", dice la resolución del 8 de septiembre a la que ha tenido acceso Alicante Plaza.
Asimismo, señala que "nada hay que objetar a la intención de las autoridades municipales de establecer y dimensionar con precisión el conjunto de ciudadanos que pueden aspirar a las ayudas que se ofrecen, pues hay que evitar además la posible estafa o picaresca si se pudiese optar a ayudas con el mismo objeto en distintas administraciones". Sin embargo, apunta a que hay que "intentar avanzar en una mejor accesibilidad social y a los recursos socioeconómicos que se ofertan".
Por ello, creen que hay que "superar" esta barrera del empadronamiento acreditando la "matriculación escolar de los hijos, recibos de agua o luz, certificaciones policiales de residencia, declaración de los propios residentes...". Con ello, dicen, se "evitaría excluir a ciudadanos que conviven en el mismo pueblo o ciudad".
