DÉNIA. El desarrollo urbanístico de Dénia no deja de dar sorpresas y no hay gobierno que no tenga que enfrentarse a una nueva sentencia urbanística que condena al ayuntamiento por actuaciones realizadas a lo largo de la historia. Una losa que sigue creciendo y que parece nunca terminará.

El pleno del Ayuntamiento de Dénia celebrado este jueves en sesión telemática ha aprobado con el apoyo de todos los partidos la petición de adhesión al Fondo de Impulso Económico, con el fin de abonar dos nuevas sentencias urbanísticas que han condenado al Consistorio a abonar 3,5 millones de euros.

Según ha explicado en la sesión el concejal de Hacienda, Paco Roselló la
adhesión a este fondo permitirá financiar el pago de esas sentencias “casi al 0% frente al 3%” que pagan ahora. En concreto se trata de dos condenas, una por importe de 2,5 millones y otra de 1,2 millones, de las que el Ayuntamiento de Dénia ya ha abonado 200.000 euros.


Para el pago de estas sentencias el Ayuntamiento acuerda con la contraparte el pago en cómodos plazos, con el fin que no haga un agujero en las cuentas municipales de cada año. De hecho, desde hace ya algunos años, es habitual que las cuentas municipales incluyan partidas para pagar estos convenios.

El Fondo de Impulso Económico es un fondo promovido por el Ministerio de Hacienda dotado este 2020 con 67,04 millones de euros, por tanto la solicitud de Dénia cubriría algo más del 5% de ese total.


Una sentencia de la década de los 90


Una de las sentencias cuyo pago pretende asumir el Ayuntamiento de Dénia con esta línea de ayudas procede nada más y nada menos que de un litigio de la década de los 90 cuando fue ampliada la calle La Vía. En aquel entonces,  un propietario tuvo que hacer una cesión en la zona de la plaza Archiduque Carlos, pero pasados cuatro años y en vista que el Consistorio ni expropió ni pagó el terreno, ni le compensó con metros en otro lugar, optó por llevarlo ante el juez. Tras superar las diferentes instancias judiciales, el Supremo dio validez a una sentencia del alto tribunal valenciano y le condenó al pago de esos 2,5 millones.


La otra condena, está relacionada con los intereses de capital de otra
sentencia judicial de 2016, contraria a los intereses municipales y que
supuso un golpe de 16 millones de euros. Esos intereses ascienden a 1,2
millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento ya ha pagado un primer plazo con cargo al presupuesto ordinario.