El secretario y la interventora de Santa Pola ponen 'reparos' a los gastos extra de la Media Maratón

SANTA POLA. La celebración de la Media Maratón de Santa Pola, antaño una de las pruebas de deporte popular más multitudinarias de la provincia de Alicante, se ha convertido en los últimos años en una arma de confrontación política. Tras la edición de 2017, y con el equipo de gobierno formado por PSPV, Compromís, Esquerra Unida, Podemos y dos tránsfugas de Ciudadanos, se rompió la relación con la entidad organizadora, el Club d'Atletisme de Santa Pola, y fue organizada por una empresa privada.

Ahora, en la edición de 2020, con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Pola, tras las elecciones del pasado mes de mayo, ha vuelto la organización del evento al Club de Atletisme. Así, el pasado 2 de enero, el concejal delegado de Deportes, Julio Baeza, llevó a comisión la propuesta de los servicios que debía asumir el consistorio para la celebración del evento, el próximo 19 de enero. A tal efecto, el secretario y la interventora de la corporación municipal realizaron un informe con una serie de salvedades, razón por la cual el asunto quedó sobre la mesa y no se aprobó. La idea es que esta semana se vuelva a someter a aprobación en la Junta de Gobierno. La cuestión urge porque quedan apenas 10 días para la celebración de la prueba.

Entre los reparos que ponen los dos altos funcionarios del consistorio figura que todavía no ha sido aportada "la póliza de responsabilidad civil y la acreditación de la contratación del seguro obligatorio de la prueba, regulado por el Real Decreto 849/1993". Pero además de ello, el secretario y la interventora sostienen que el Club de Atletisme debe hacerse cargo de los costes que conlleve el servicio de grúa, personal de servicios generales o electricidad, "no caben ni deben ser realizados por el ayuntamiento", así como la recogida de vallas, frutas o similares; el coste del servicio de Emergencias, que presta Cruz Roja; los actos y los shows que se programen después de la prueba, y el coste del servicio de limpieza que precise la empresa Urbaser, encargada de los servicios de aseo urbano del municipio".

La alcaldesa del municipio, Loreto Serrano, del PP, ha explica a Alicante Plaza que el equipo de gobierno está tratando de subsanar las deficiencias o necesidades que especifican los técnicos y sostiene que algunos gastos sí que podrán ser asumidos por el consistorio para cumplir con el Plan Estratégico del Turismo Deportivo, que en su día suscribieron con la Generalitat Valenciana y con el Ministerio de Turismo, y por el que el ayuntamiento recibió una serie de ayudas, que, en caso de no cumplir, podría estar obligado a devolver. "Creemos que sí hay cosas que se pueden subsanar y solventar; a la empresa privada de los años anteriores se le puso todo tipo de facilidades", ha recordado Serrano.

Las anteriores ediciones acabaron en los juzgados

Lo dicho, la organización de la Media Maratón de Santa Pola ha generado en los últimos años tanta controversia política que ha acabado en los juzgados. En marzo de 2018, el PP, entonces en la oposición, decidió denunciar a la entonces alcaldesa, la socialista Yolanda Seva,  y a su concejal de Deportes, Dolores Tomás, por el contrato de la Media Maratón de 2017, la primera que no organizaba el Club de Atletisme de Santa Pola, y que organizó la firma Educanova y Consultores SL. Los populares consideraron que se pudo haber infringido en prevaricación, fraude, malversación y cohecho. La denuncia fue archivada meses después por el propio juzgado de Elche que inició la investigación tras la denuncia traslada por la Fiscalía Anticorrupción. Hace unos meses, la Audiencia Provincial de Alicante ratificó en archivo en otra sentencia.

Pero el origen de las disputas reside en las iniciales denuncias que el anterior equipo de gobierno llevó a la Policía Nacional por las vinculaciones entre los protagonistas del Club de Atletisme, la empresa Championchip Levante -cronometadora de la prueba- y parte de la cúpula de la Policía Local de Santa Pola y denominado caso de los uniformes del cuerpo. En este caso, aparecen como procesados agentes de la Policía Local vinculados, en su día, tanto a la organización deportiva como a la empresa cronometradora. Además de los uniformes, existe otra causa judicial en instrucción sobre el supuesto exceso de horas extraordinarias que percibían determinados agentes, entre ellos, el jefe de la Policía, José Miguel Zaragoza, hermano del entonces alcalde.