El responsable de Suelos de Ortiz niega que manejasen planos del PGOU bajo sospecha

ALICANTE. El responsable del área de gestión de Suelos del Grupo Ortiz, Javier Llorens, ha declarado este jueves, en el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante investigado en el 'caso Brugal', que las empresas del grupo no manejaron planos sobre los trabajos de redacción del planeamiento bajo sospecha. Al contrario, en respuesta a las preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, Llorens ha sostenido que los documentos de los que se habla en varias de las conversaciones grabadas por la Policía entre él y Ortiz eran, en realidad, "planos internos" elaborados por él y por otro de los técnicos del grupo, Carlos Parodi. Es decir, que Ortiz no le facilitó planos relacionados con la revisión del Plan General.

Según Llorens, se trataba de planos confeccionados "a partir de la información de la que disponíamos a través del avance del PGOU, de 2002, del PGOU que estaba en vigor, de 1987, y de la delimitación de los espacios de la Red Natura, por ejemplo". "Lo que hicimos fue detallar cuáles eran los terrenos propiedad del grupo que sabíamos que podían quedar recogidos como parques naturales para poder presentar alegaciones", en el caso de que, efectivamente, esos terrenos llegasen a incluirse en la revisión del PGOU con esa condición de parques naturales. "Eran planos internos que elaboramos en el área de Suelo para preparar la información y formular las alegaciones procedentes", ha explicado. 

Así, ha apuntado que la inclusión de suelos de su propiedad como zonas de parque natural resultaba desfavorable para los intereses del grupo, pese a que se aplicase la regla del 1x1 (por la que se debía compensar cada metro de suelo recogido como parque natural, por otro de suelo urbanizable). En esta línea, ha manifestado que el criterio que él siempre había aconsejado mantener a la empresa era el de oponerse a la inclusión de los suelos del grupo como zonas a proteger pese a que se estableciese una compensación, ya que se aplicaba un coeficiente corrector, el llamado coeficiente K, "que siempre pedimos que fuese el más bajo posible permitido legalmente, que era del 0,10". 

De esa situación genérica, según ha reconocido a preguntas del abogado de EU, José Luis Romero, que ejerce la acusación popular, se diferenciaba el caso de los suelos de Aguamarga en los que se había proyectado la llamada Ciudad de la Economía. Al respecto, Llorens ha señalado que ese suelo fue adquirido por la sociedad Dreamview, formada por la CAM y por Ortiz, y que ahí no fue quien acordó el criterio a seguir. 

El responsable de las empresas de Ortiz también se ha referido a las negociaciones que él mismo emprendió para tratar de cerrar la compra de terrenos en la partida de Fontcalent por un importe de 5,5 millones. Según ha expuesto, la operación no llegó a prosperar puesto que los dueños solicitaban que la compra se cerrase en el momento de la negociación, en noviembre de 2009 (después de la primera aprobación provisional del PGOU), mientras que el grupo empresarial proponía un sistema de pagos aplazados en el que se condicionaba la entrega de la mayor parte del precio de compra hasta el momento en el que el nuevo PGOU quedase aprobado definitivamente por la Generalitat. Llorens ha añadido que aconsejó "que el contrato se firmase con esas condiciones puesto que la aprobación provisional no confiere derechos". Es decir, que no conllevaba la aplicación de cambios de calificación (usos permitidos) o clasificación (protección).

En todo caso, a preguntas de Romero, Llorens sí ha admitido que, cuando se produjo la ampliación de capital de la compañía Deproimed y se dio entrada a Bancaja, en el año 2009, los suelos propiedad de esa sociedad sí produjeron efectos jurídicos puesto que sí se valoraron con una tasación más elevada. Así, ha apuntado que "el tasador aplicaría el criterio que considerase oportuno; si se tasasen ahora tendrían otro valor".

El responsable del área de gestión de Suelos del grupo Ortiz se ha referido también al proyecto del PRI del Rico Pérez para asegurar que se incluyó suelo anexo al estadio, propiedad de la empresa Aguas de Alicante, "porque los redactores del proyecto consideraron necesario incluir un ámbito mayor para organizar cuestiones como el flujo del tráfico". 

Llorens también ha negado tener ninguna relación personal con el arquitecto que completó los trabajos de revisión del Plan General, Jesús Cantallops, aunque sí ha apuntado que había mantenido una relación profesional con él puesto que su empresa, Laboratorio de Proyectos, había trabajado para las empresas de Ortiz en el sector Armanello de Benidorm. Igualmente, ha negado saber cuál iba a ser el resultado de las alegaciones que se presentaban al nuevo PGOU. "Nosotros no sabíamos cómo se iban a resolver; de hecho, nos desestimaron la mayoría, y lo supimos cuando nos lo comunicaron, como el resto", ha enfatizado. 

Llorens también ha dicho que no tenía ninguna relación con la exalcaldesa, Sonia Castedo, más allá de conocerla por su actividad profesional de más de 20 años y porque ella había sido concejal de Urbanismo. Por último, a preguntas del defensor de Ortiz, el letrado Francisco Ruiz Marcos, ha detallado que los suelos del APA 9 en Vistahermosa, del PAU 3 y de Pla de Piqueres, junto a Rabasa, siguen teniendo la misma calificación ahora que en el avance del PGOU, de 2002.

Los exediles llorens y seva, compañeros de alperi y Castedo, aseguran que no se desistió del PGOU por la investigación judicial

Antes de que se produjese la declaración de Llorens, han comparecido dos de los concejales que compartieron responsabilidades de gobierno junto a Díaz Alperi y Castedo: Andrés Llorens y Juan Seva. Ambos han ofrecido un relato compartido en sus respectivas declaraciones. En primer lugar, han negado que recibiesen presiones o influencias por parte de ninguno de los dos exalcaldes para votar a favor de las dos aprobaciones provisionales del nuevo PGOU, en abril de 2009 y en mayo de 2010. De igual modo, han sostenido que, para adoptar ambos acuerdos, todos los ediles disponían de información previa sobre el contenido de la propuesta, con los informes técnicos correspondientes. "El expediente estaba completo y los informes eran favorables", ha resumido Seva. Con todo, tanto él como Llorens han sostenido que no podían saber que faltaba un informe que se elaboró después de la primera aprobación provisional.

En tercer lugar, los dos han asegurado que, en febrero de 2015, seis meses después de que se produjese la dimisión de Castedo, se decidió desistir de la tramitación del plan en base a dos razones básicas: primero, que había transcurrido demasiado tiempo desde que se iniciaron los trabajos de revisión y que, por tanto, la legislación urbanística había cambiado de manera sustancial; y segundo, que el contexto socio-económico del país y de la ciudad de Alicante en particular no era el mismo en 2015 que en 2008, con la llegada de la crisis. Así, han negado que el acuerdo se adoptase porque existiese una investigación sobre la supuesta corrupción que podría haber interferido en la redacción del PGOU. Es más, han señalado que EU presentó una enmienda de adición a la propuesta de desestimiento, que fue rechazada con la mayoría absoluta del PP.

Durante la sesión, también ha declarado por videconferencia el exdirector general de la extinta CAM, Roberto López Abad, quien, a preguntas del abogado de EU, ha reconocido el envío de un correo interno en el que hablaba de una operación teóricamente conocida por Castedo por la que se debía producir un intercambio de suelos de Aguamarga por otros del sector de La Condomina, 120.000 metros cuadrados que podían tener un valor de 120 millones. En este sentido, ha apuntado que esos suelos eran propiedad de los propietarios de Kelme y que se estaba estudiando si CAM podía cobrarse una deuda que mantenía con ellos a través de parte de ese suelo.

Por último, también han comparecido tres agentes de Policía que llevaron a cabo labores de vigilancia sobre los investigados. A petición del fiscal Anticorrupción, los tres han ratificado una decena de actas de seguimiento sobre algunas de las reuniones celebradas entre parte de los procesados. Entre ellas, una reunión celebrada la tarde del 15 de mayo de 2008 en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo entre Ortiz, Quesada y Castedo; una cita entre Ortiz y Alperi en Benidorm; otra reunión de Ortiz en el Ayuntamiento en mayo de 2009; otra cita en el yate de Ortiz en junio de 2008 en la que participaron Ortiz, Castedo, Alperi y los ediles Sonia Alegría, Antonio Sobrino y Marta García-Romeu; y el embarque de Alperi y Alegría en un jet privado desde el aeropuerto de Manises, en julio de 2008. Según el sumario, ese embarque correspondía a un viaje a Creta: una de las supuestas dádivas con las que Ortiz pudo haber obsequiado al exalcalde a cambio de un trato preferente en la redacción del PGOU bajo sospecha.